El Ayuntamiento de Reus quiere la ayuda de los vecinos para combatir las ocupaciones conflictivas

Aunque el pasado miércoles el Ayuntamiento de Reus negaba en una rueda de prensa que hubiera un número desproporcionado de ocupaciones ilegales en la ciudad, también reclamaba más recursos a Justicia para poder avanzar el estado de las denuncias. En los puntos de la ciudad donde se agrupan este tipo de ocupaciones, como el barrio del Carme, el Carrilet o la zona de Mas Pellicer, Mas Abelló o el barrio de Sant Josep Obrer, sí que resulta un problema para la convivencia ciudadana.

La concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Reus, Montserrat Vilella, comentaba en una entrevista en este diario que hay varios tipos de ocupaciones, y algunas pueden pasar totalmente desapercibidas a la comunidad: por ejemplo, hay el caso de familias que entran en pisos deshabitados por necesidad, o el de personas que han dejado de pagar el alquiler o la hipoteca, por la razón que sea, pero no han abandonado la vivienda.

La colaboración vecinal

En el otro extremo, están las ocupaciones conflictivas que generan malestar entre los vecinos próximos y que pueden degenerar en otras infracciones. Según Vilella, para combatir estas ocupaciones hay que actuar «de froma proactiva» y para hacerlo, al Ayuntamiento le es necesaria la colaboración de los vecinos.

Desde el 2015, el consistorio dispone de un protocolo para ocupaciones en que intervienen las concejalías de Seguridad Ciudadana, Urbanismo y Bienestar Social, y dentro de esta iniciativa, se llevó a cabo una campaña para mentalizar a los vecinos de su importancia a la hora de evitar ocupaciones ilegales, o de combatirlas. La concejala ponía de ejemplo la aplicación de esta campaña al barrio Gaudí, en el que había habido un número de ocupaciones considerable, y en el que desde la Asociación de Vecinos de la zona se volcó enseguida.

Una estrategia que desde el Ayuntamiento de Reus esperan poder repetir en la zona, también muy afectada por las ocupaciones, de Sant Josep Obrer, Mas Pellicer i Mas Abelló. Aunque en este caso, como destacaba Montserrat Vilella, también está implicada la Agencia de Vivienda de la Generalitat, que es propietaria de varios inmuebles ocupados.

El consistorio pretende que sean los ciudadanos, que son los que «lo sufren de más cerca», los que colaboren con la institución a la hora de prevenir, de detectar y de denunciar las ocupaciones más conflictivas. Ya que el Ayuntamiento, según Vilella, no tiene mucho margen de actuación si no es el titular de la vivienda ocupada, y «sólo puede alertar a los propietarios» para que presenten la denuncia pertinente.

Situaciones de vulnerabilidad

Según explicó Vilella, puede pasar que cuando se inicia el trámite en el juzgado, quien está ocupando un inmueble concreto son unos individuos, con unas condiciones, y cuando el juzgado acaba resolviendo el caso, y emitiendo una orden de desllotjament, quien vive en aquella vivienda ya no son las mismas personas. Puede ser que las personas afectadas por el desalojo estén en situación de vulnerabilidad, o que tengan criaturas pequeñas, y está en estos casos en que se tiene que implicar Bienestar Social. «Una cosa es el desalojo y otra la reubicación, y a veces la concejalía no tiene recursos para atender la situación de vulnerabilidad».

Si el sistema funciona correctamente, el juzgado, antes de dictar un desalojo, avisa en el consistorio, para comprobar si hay personas en situación de vulnerabilidad o niños pequeños, y de esta manera, la concejalía puede analizar la situación y los recursos de que dispone, y pedir al juzgado, si hace falta, que postponga el desalojo.