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Unas 7.000 firmas rechazan la ley de perros peligrosos

El dueño de Rocky recurre la sanción de 2.404 euros impuesta por el Ayuntamiento de Reus

Una trentena de persones van concentrar-se ahir al Mercadal.

Unas 7.000 firmas rechazan la ley de perros peligrososOlívia Molet

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Una treintena de personas se han concentrado esta mañana en el Mercadal en respuesta a una convocatoria «a favor del perro Rocky y de todos los perros potencialmente peligrosos» y que reclamaba «justicia y derechos» para las mascotas. La impulsaba el propietario del mismo Rocky, Alfonso Biscarri, que acumula en papel «unas 6.800 firmas» de apoyo a esta causa y a la suya de personal: que el Ayuntamiento de Reus retire una sanción de 2.404 euros vinculada a la tenencia de su American Staffordshire y que, sostiene, Medio Ambiente le impuso «sin haberme hecho ninguna notificación previa ni darme, como marca la ley, al menos 20 días para resolver cualquier situación».

Biscarri, que mantiene que «a su momento entregué todos los papeles del perro, porque los tengo y los tengo en orden» aclara que la multa «ya la he pagado, íntegramente con dinero de mi bolsillo» pero adelanta que «después de hacerlo, he presentado alegaciones porque no es legal». Y asegura que «si el Ayuntamiento acredita que me notificó la multa, lo detendré todo y pediré disculpas, pero no puede sancionarme sin que yo haya recibido antes nada».

Los hechos se remontan a un año atrás, cuando el hijo de Biscarri, explica también el dueño de Rocky, fue parado por una pareja de la Guardia Urbana mientras paseaba el animal «a unos 50 metros de casa» y «en un día en que yo trabajaba y mi mujer, que tiene licencia para la tenencia de perros potencialmente peligrosos igual que yo, estaba enferma». Al hijo, «le dieron simplemente un acta de intervención que indicaba que el titular del perro tenía 30 días para presentar la documentación al Ayuntamiento, cosa que hice». Al cabo de un año, «me dicen que tengo que pagar una sanción de 2.404 euros».

Radio de 300 metros desde casa

La sanción, según la documentación hecha pública por Biscarri en las redes sociales, la justifica Medio Ambiente para «no disponer de licencia para la tenencia de un perro potencialmente peligroso» en referencia al hijo. Una infracción, esta, que alude, tal como detalla el mismo documento, a la Ley 50/1999 sobre Régimen Jurídico de Tenencia de Animales Peligrosos. En concreto, en el artículo 13.1 en su letra b, sobre a la obligatoriedad de la licencia para tener un perro de las razas catalogadas como potencialmente peligrosas, entre las cuales hay el American Staffordshire. Biscarri afirma que tiene la licencia y que a Medio Ambiente «nos informaron de que a nuestro hijo, al formar parte del núcleo familiar, no le hacía falta para llevar el perro en un radio de 300 metros desde casa. Y él en aquel momento estaba a menos de 50 metros». Todo tuvo lugar en torno a la avenida Marià Fortuny, precisa Biscarri.

Hasta 500 euros el año en papeles

El propietario de Rocky, que explica que seguirá con las movilizaciones, cuantifica en unos 500 euros anuales el coste del papeleo de un animal de este tipo. Y lamenta, sobre su caso, de que «en el Ayuntamiento me dicen que lo mirarán y no hacen nada» y dice que «somos personas normales con perros normales».

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