El Ayuntamiento recupera 115.000 euros de Cunillera y Bergadà y se aparta del caso Tecnoparc

La empresa municipal Redessa ha ingresado, a finales de la semana pasada, 115.187,74 euros que se corresponden con las cantidades consignadas en el juzgado, en marzo del 2017, por el expresidente de la sociedad Tecnoparc, Àngel Cunillera –81.273 euros–, y por el exconcejal y exconsejero de la misma, Jordi Bergadà –33.923 euros–, a raíz de la denuncia de que Ara Reus presentó en 2012 por presuntos delito societario, falsedad documental y delito contra la administración pública por haber facturado servicios profesionales en el Tecnoparc cuando todavía ostentaban estos cargos. El dinero está ya a disposición del Ayuntamiento de Reus que, después de haberlos recibido y tal como confirman fuentes municipales al Diari Més, considera rehecho el daño patrimonial y ha decidido apartarse de la causa. Corresponde al consejo de administración de Redessa, al consejero delegado o a otros mecanismos, a partir de este momento, determinar a qué irá destinada la cifra, que en todo caso entrará en las cuentas en forma de ingreso extraordinario. Las mismas fuentes no se pronuncian sobre en qué repercutirá el Ayuntamiento esta cantidad.

En este sentido, el concejal de Ara Reus Daniel Rubio adelantaba esta mañana desde la sede del partido en el callejón del Castell que a la formación «le gustaría» que los 115.187 euros alimentaran dos proyectos vinculados a «allí de donde salieron»: la ejecución de reformas en las instalaciones de Redessa 1, en forma de «mejoras en la climatización o los suelos de un espacio que es importante y que tiene un relevante uso», y la creación de líneas de ayudas a emprendedores para facilitar su arraigo en la ciudad. Esta será la propuesta que ponga, pues, encima de la mesa.

Ara Reus ya presentó escrito solicitando apartarse de la causa el año pasado, cumpliendo con el compromiso lanzado de inicio que si se devolvía el dinero en la ciudad, que es lo que buscábamos, no continuaríamos. El mismo paso que da ahora el Ayuntamiento, que «perseguía el reintegro del importe» y, una vez eso ha ocurrido, «desiste de continuar a la causa». Sin embargo, en esta estaría todavía presente la Fiscalía, con los investigados Cunillera, Bergadà, el exgerente del Tecnoparc Xavier Gómez y el empresario Ramon Urgellès. La instrucción del caso Tecnoparc se cerró y el Audiencia provincial de Tarragona, quién ha entregado el dinero de vuelta al Ayuntamiento después de que fueran inicialmente consignados en el Juzgado de Instrucción número 1 de Reus, tiene que señalar fecha y la hora para celebrar juicio.

Todo tiene el origen en un informe solicitado por la formación a servicios jurídicos municipales, a principios del año 2012, en relación a las facturaciones de Cunillera y Bergadà, y que desembocó en la constatación de posibles indicios penales. En aquel momento, el informe apuntó, entre otras cuestiones, la posible emisión y cobro de facturas simuladas para desviar fondos en empresas municipales y contemplaba también que los gastos pudieran resultar exigibles de acuerdo a la ley para restituirlas a la empresa pública perjudicado.

«No queremos hacer ningún escarnio»

El portavoz de Ara Reus, Jordi Cervera, valoraba esta mañana, en el marco de una comparecencia donde también estuvo presente la letrada que ha llevado la denuncia, que «cuando la presentamos, mucha gente nos trató de muchas cosas, y ahora hemos conseguido que se devuelvan 115.187 euros a la ciudad». Insistía en que «a veces no se tiene confianza en la justicia, y aquí hemos visto cómo» ha «funcionado» y subrayaba que Ara Reus «nunca ha querido hacer escarnio de nada, sino únicamente recuperar estas cantidades». Rubio, por su parte, recalcaba que «aquí empezó todo el tema de Innova y se demuestra que Ara Reus fue el primero en destapar toda la trama».

El hecho de entregar el dinero podría ser considerado un atenuante de cara al juicio que afronten, con el resto de personas investigadas, Cunillera y Bergadà. Ambos declararon, durante el proceso de instrucción, en el 2013. Según las últimas informaciones hechas públicas, a su escrito de acusación, la Fiscalía pedía penas de seis años de prisión para Cunillera; cinco años y ocho meses para Bergadà; cinco para Gómez; y cuatro y ocho meses para Urgellès. También la inhabilitación de los cuatro para ocupar cargos públicos entre diez y ocho años. Y reclamaba al expresidente y el exconsejero que retornaran los 115.187,74 euros que cobraron de la sociedad participada por el consistorio en facturas de unos trabajos de asesoramiento técnico y financiero que no se habría demostrado que llevaran a cabo.