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Las consecuencias del 1-O
Els regidors de PP i C's marxen del ple però deixen senyeres i una bandera espanyola als seus escons.

El Ayuntamiento de Reus rechaza la aplicación del 155 con el voto del PSC

Los concejales de PP y C's se marchan del pleno, pero dejan banderas en sus escaños.

El públic omplia la sala de plens de l'Ajuntament de Reus.

El Ayuntamiento de Reus rechaza la aplicación del 155 con el voto del PSC

El público llenaba la sala de plenos del Ayuntamiento de Reus.

El pleno de Reus rechaza la aplicación del 155 con el apoyo de los ediles del PSC

Ciudadanos y PP se marcharon antes de una votación que dio el apoyo al Gobierno para hacer efectivo el mandato del 1 de octubre

Actualizada 25/10/2017 a las 09:30

El Ayuntamiento de Reus aprobó ayer por unanimidad pedir al gobierno del Estado y a los partidos que le dan apoyo que pare la suspensión de la autonomía «que ya están llevando a cabo y que quieren remachar con la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española».
Lo hizo en un pleno extraordinario y convocado de urgencia en que los grupos municipales de Ciudadanos y del PP se marcharon antes de votarlo, dejando banderas españolas y catalanas ante sus escaños. Se marcharon entre aplausos y reproches de una sala con todos los asientos ocupados y con decenas de personas de pie, algunos con banderas españolas y otros con carteles pidiendo la proclamación de la República Catalana y la liberación de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.


El pleno tuvo momentos de tensión incluso antes de empezar, cuando la concejala popular Dolors Comte pidió a gritos por el micrófono que volvieran a colgar el cuadro del rey que había sido retirado por miembros del público. El alcalde de Reus, Carles Pellicer, tuvo que mediar para que lo hicieran, y a lo largo del pleno tuvo que recordar en varias ocasiones la prohibición de expresar acuerdo o desacuerdo con las manifestaciones de los concejales ante las exclamaciones que salían del público.

El único punto que contenía el orden del día –aparte de la urgencia– era una moción que también pedía dar el apoyo al gobierno y al parlamento catalán para declarar la independencia haciendo efectivo el mandato del 1 de octubre, y condenar la «violación de derechos fundamentales a Cataluña a través de las medidas represivas aplicadas por el Estado español contra la población y las instituciones catalanas».

La primera propuesta se aprobó con los votos contrarios del PSC y de Ara Reus, y la segunda con la abstención del grupo municipal de los socialistas. El PSC se desmarcó del apoyo de la dirección catalana y estatal de su partido mostrando su «rechazo total al artículo 155 y a las consecuencias que comportará», en palabras de su portavoz, Andreu Martín. Eso no los impidió recibir varapalos de lado y lado del hemiciclo.

Por una parte la portavoz de la CUP, Marta Llorens, les pedía que aprovecharan «la oportunidad de volver a las raíces de su partido, formando parte del bloque de los que quieren marcharse del régimen del 78». Por otro lado el portavoz de Ciutadans, Juan Carlos Sánchez los reprochaba que proponer dialogar «con golpistas» era «ceder a un chantaje», y que, junto con el PP, los socialistas «eran culpables de esta situación».

Desde las filas del PSC, Martín incidía en la necesidad de la convocatoria de unas elecciones y de agotar las posibilidades de diálogo, esta última propuesta defendida también al límite por el portavoz de Ara Reus Daniel Rubio, que se basó en unos sondeos «que indican que el 70,8% de los españoles y el 77,2% de los catalanes piensan que el diálogo es la solución. «Estamos de acuerdo que la mejor manera de solucionarlo es el diálogo, pero después de la declaración de la República Catalana», respondió Llorens.

Tanto PP como Ciutadans coincidieron en que el planteamiento de la moción era «erróneo», porque «quien está suspendiendo la autonomía es el gobierno catalán desde que vulneró la Constitución y el Estatuto el 5 y 6 de septiembre», haciendo referencia a la aprobación de la Ley del Referéndum y de Transitoriedad Jurídica, y en que el proceso ha traído «consecuencias económicas y fractura social».

Desde las filas de ERC, Noemí Llauradó instó a «proclamar la República para parar el 155», y recordó una serie de agravios del Estado español que dibujan un «estado de sitio», entre las que destacó la intervención de las cuentas, la apertura de correspondencia, las detenciones de los líderes de l'ANC y de Òmnium, así como de miembros del gobierno catalán, o las cargas policiales del 1 de octubre.

En estas últimas incidió también el PDeCAT para defender su postura y criticar la de los partidos que se manifestaban a favor del 155. «Estamos discutiendo que siga valiendo el mismo un voto independentista que un voto no independentista», afirmó Vilella. «¿Quieren ponernos un virrey o un gobernador puesto en dedo desde Madrid?», preguntó, y remachó: «¿Cuánto vale la unidad de España? ¿Sangre? ¿Años de prisión?».

Desde la formación naranja, Sánchez se sintió interpelado: «Su discurso está cargado de demagogia. Lamentamos las cargas policiales, y nos entristecen mucho. No queremos sangre ni enfrentamientos. Nosotros nunca hemos hablado de lucha en la calle, y sí de democracia».

Los partidos independentistas negaron que hubiera fractura social por culpa del proceso. «En todo caso, esta viene raíz de los recortes y del sistema capitalista en que estamos inmersos», manifestó Llorens, que criticó que los diferentes puntos de la moción se votaran por separado.
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