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Caso Innova

Condenan Prat a devolver al Ayuntamiento de Reus más de 900.000 euros

El Tribunal de Cuentas considera al exdirector general de Innova responsable de pagos injustificados a Manté y Batesteza y exculpa al exalcalde Pérez

Actualizada 18/07/2017 a las 22:08

Una sentencia dictada por el Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas (TCU), con fecha de este 14 de julio, condena al exdirector general de Innova Josep Prat a devolver al Ayuntamiento de Reus la cantidad de 900.120,82 euros más intereses al considerarlo el responsable de pagos irregulares efectuados con dinero público a Carles Manté, exdirector del CatSalut y administrador único de la consultora CCM Estrategias y Salud SL, y al arquitecto Jorge Batesteza. Estos pagos están vinculados a facturas que el TCU interpreta como no justificadas y que se encontraban relacionadas con tareas de asesoramiento durante la construcción del nuevo Hospital Sant Joan. Aunque la demanda del Ayuntamiento pretendía también que el Tribunal de Cuentas declarara Prat responsable contable por 6.264,12 euros y el exalcalde Lluís Miquel Pérez y el mismo Prat, de manera solidaria, responsables por un importe de 190.341 euros a raíz de retribuciones variables al exdirector de Innova y a Xavier Sarrà, la jueza ha resuelto, en el documento en que ha tenido acceso el Diari Més, la absolución en ambos casos.

Sin «ninguna contraprestación»
La cifra de 900.120,82 euros más intereses que Prat tendrá que reintegrar a las arcas municipales viene dada por el hecho de que la jueza Margarita Mariscal de Gante estima –total y parcialmente– la demanda promovida por el Ayuntamiento de Reus, que ha originado el proceso y al que se adhirió el Ministerio Fiscal, en dos de las pretensiones.

Por una parte, y con respecto a Manté y la empresa CCM Estarègies y Salut SL, concreta que «el daño deriva de la contratación de los servicios» de la consultora «el 15 de marzo del 2017 y el pago de las facturas giradas como consecuencia sin haber recibido ninguna contraprestación» y precisa que Prat «decidió que se realizaran los pagos –que ascendían a 720.120,82 euros– a pesar de no haberse cumplido lo que se estipulaba en el contrato». También que «no se ha presentado ningún documento o informe hecho por la empresa CCM Estrategias y Salud en virtud del contrato suscrito». De la otra, establece que, de los acuerdos firmados con el arquitecto Jorge Batesteza, «los tres contratos de arrendamiento de servicios firmados los días 4 de junio del 2007, 15 de febrero del 2009 y 15 de julio del 2010 resultan justificados hasta el mes de mayo del 2009, pero no a partir de esta fecha –por una cifra de 180.000 euros–, ya que no hay ninguna constancia que desde entonces hubiera llevado a cabo ninguna actividad para Innova».

La vista por los pagos a Manté y Batesteza, uno de los de más calado entre los seis procedimientos de reintegro en que fue dividida la causa inicial en el TCU, se celebró el pasado mes de marzo. En la sentencia dictada este 14 de julio, de 26 páginas, Margarita Mariscal de Gante deja constancia de la incorporación al procedimiento de la pieza separada número 2 y la pieza principal de las diligencias previas tramitadas en el Juzgado de Instrucción número 3 de Reus en relación en el contrato suscrito con CCM Estrategias y Salud.

Incremento del concierto
Y también de que la representación de Prat argumentaba, sobre esta cuestión, que «con independencia de que los trabajos se realizaran o no, no se habría producido daño para los caudales públicos porque esta contratación obedeció a un pacto de incremento del concierto con el Servicio Catalán de Salud con la finalidad de satisfacer estos pagos». Una argumentación que, apunta Mariscal de Gante en la resolución, «este tribunal no comparte» a la vez que «no ha resultado probado en autos el incremento del concierto».

Los gastos del procedimiento
El Ayuntamiento de Reus, a su vez, tendrá que pagar los gastos por el procedimiento en las pretensiones contra el exalcalde Lluís Miquel Pérez, al haber sido desestimada en este caso la demanda impulsada por el mismo Ayuntamiento.
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