Diari Més

El Ministerio abre la puerta a la puesta en marcha del juzgado de familia en Reus

El Colegio de Abogados confía en que el servicio se implantará este año y la Generalitat tiene «a punto los recursos»

Una imagen de archivo de la fachada de los juzgados de Reus, en la avenida Marià Fortuny.

El Ministerio abre la puerta a la puesta en marcha del juzgado de familia en ReusOlívia Molet

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El proyecto de Real Decreto para la ampliación de la planta judicial en diferentes puntos del Estado que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunció la semana pasada y que, una vez quede terminado, se presentará ante el Consejo de Ministros incluirá la apertura del esperado nuevo juzgado de familia e incapacitación en la capital del Baix Camp. El colegio de abogados de Reus que, a través de la decana Encarnación Orduna, ha encabezado en los últimos años esta reivindicación, muestra la «convicción» que este servicio se ponga en marcha durante el 2017 y subraya que, a falta de confirmación oficial, «todo apunta que así será», aunque el contenido del Real Decreto no se dará a conocer íntegramente hasta dentro de unos días, tal como confirman fuentes del Ministerio de Justicia. El propio Catalá ya apuntó, de cualquier manera, que este contemplará «nuevos juzgados en Barcelona y en Cataluña» y fuentes del Departamento de Justicia recuerdan que «la Generalitat tiene a punto todos los recursos necesarios» para que el juzgado de familia e incapacitación en Reus sea una realidad este año.

Desde el mismo Departamento recalcan que la petición del juzgado, tanto para Reus como para otros municipios de Cataluña, «se formuló en septiembre del 2015» y que, aunque la falta de un gobierno central había frustrado la apertura, ahora que ya se ha formado uno, «técnicamente hay la posibilidad de crear el juzgado. Por nuestra parte, estamos preparados con los medios materiales y personal a fin de que, al momento que se diera luz verde, todo pueda avanzar lo más rápido posible». El conseller de Justicia, Carles Mundó, anunciaba públicamente el pasado mes de abril del 2016, en el marco de la festividad de Sant Raimon de Penyafort al Colegio de Abogados de Reus, y de nuevo en octubre durante una visita a los juzgados, el compromiso por la entrada en funcionamiento de este servicio y constató que «los juzgados de primera instancia están mucho cargados de trabajo asumiendo en este momento tareas de familia y del civil».

En la misma línea se expresa Orduna cuando dice que «eso no es la solución definitiva pero sí que ayudará en parte a descongestionar los juzgados de primera instancia» y destacaba que «el nuevo juzgado será importante en Reus especialmente porque desde aquí atendemos una gran cantidad de casos relacionados con las incapacitaciones, de la ciudad y de otros municipios del entorno, por el hecho de tener cerca los servicios que ofrece el Instituto Pere Mata e instituciones de este tipo, y este también es un argumento a favor de su creación». Con todo, Orduna confía en que «lo podremos tener este 2017».

Medios materiales y personales

En la puesta en funcionamiento de un nuevo juzgado, el Ministerio de Justicia es quien tiene que dar el visto bueno a la creación del juzgado y fijar «la fecha exacta para hacerlo». Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dota el juzgado de magistrado y la Generalitat, finalmente, aporta los medios materiales y personales –tanto una sede como mobiliario, sistemas informáticos u otros y personal– a fin de que todo se ponga al servicio del ciudadano. A la vez que se formalizaba la petición de este juzgado para Reus, la Generalitat también reclamó, en el 2015, dos nuevos para Sabadell y para Granollers, y uno más para Terrassa, Badalona, Mataró y Gerona. Sobre la posibilidad de que, en este impàs, las carencias se cubrieran mediante el sistema de juzgados de refuerzo –tal como se ha hecho en algunas de estas ciudades hasta el momento–, fuentes del Departamento de Justicia concretan que esta manera de hacer tendría que encontrarse «en una tendencia a la baja» y que la voluntad de la Generalitat en general es invertir en juzgados estables y no utilizar los recursos en soluciones temporales.

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