Piden 17 años de prisión para dos hermanos acusados matar su cuñado en el Montmell

Los dos principales acusados en el juicio son Joaquín F.C. y Bacari B.C., dos hermanos por parte de madre. Una hermana suya -también por parte de madre- mantenía desde hacía unos diez años una relación sentimental con la víctima, Diego P.R.. La pareja tenía dos hijos menores y, en el momento de los hechos, ella estaba embarazada de un tercer hijo.

El año 2016, Diego montó junto con su cuñado Joaquín una plantación de marihuana en el parking de una vivienda de la urbanización Mirador del Penedès, en el municipio del Montmell. Joaquín residía ocasionalmente en este domicilio, situado en la calle de laHaia, y el suegro de la víctima, José M.S., también hacía uso.

Según la fiscalía, unos meses antes de agosto del 2017 surgió un conflicto entre ellos porque Joaquín quería que Diego saliera del negocio de la plantación de marihuana. El 9 de agosto del 2017, Diego acudió a la casa y, al no encontrar a nadie, rompió la puerta del parking de la plantación con el propósito de recuperar una parte del material que tenían, sin conseguirlo. Joaquín le manifestó por teléfono que eso no le había gustado y quedaron en que se encontrarían el 13 de agosto en la casa para aclararlo.

Diego acudió a la vivienda durante la tarde-noche del 13 de agosto del 2017 pero, al no encontrar a nadie, rompió la puerta de acceso. Posteriormente, Joaquín le envió mensajes otra vez en los que le manifestaba su enfado. Todo eso hizo, según la fiscalía, que Joaquín y su hermano Bacari -que mantenían una relación «estrecha»- decidieran acabar con la vida de Diego.

El 14 de agosto por la tarde Joaquín llamó a Diego a las 18.20 horas y lo citó en la casa de la calle de la Haia «para cumplir con el propósito de acabar con su vida». Mientras los dos hermanos se desplazaron al Montmell, la víctima cogió un bate de béisbol y se marchó de casa con su furgoneta, según el escrito de acusación.

El homicidio y la desaparición del cadáver

La víctima se encontró a los dos acusados en la vivienda y, según la investigación, lo atacaron a golpes y acabaron con su vida. A continuación, los procesados se desplazaron a la población de Olivella (Garraf), donde residía Bacari. Fueron con la furgoneta de Joaquín y con la furgoneta de Diego, la cual dejaron abandonada unas horas en una calle del municipio hasta casi las tres de la madrugada del 15 de agosto.

Después los acusados recogieron la furgoneta de la víctima, la desplazaron a una pista forestal del término municipal de Sant Cugat de Sesgarrigues (Alt Penedès) y le prendieron fuego, dejándola completamente calcinada. Según la fiscalía, en algún lugar de este recorrido abandonaron y ocultaron el cadáver.

A raíz de la investigación de la Unidad Territorial de Investigación de la Región Policial Metropolitana Sur de los Mossos d'Esquadra, el 7 de octubre del 2017 el juzgado decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza para los dos hermanos.

La policía también apuntó hacia el suegro de la víctima, José M.S., que también consta como acusado. En su caso, sin embargo, la fiscalía pide el sobreseimiento provisional porque considera que no hay bastantes indicios de que participara en los hechos, ni que permitan situarlo en la casa de la calle de la Haia en el momento del crimen.

En un apunte, la fiscalía justifica que aunque el análisis de los repetidores de telefonía ubica al suegro en la población del Montmell en unas horas próximas a los hechos, el resto de elementos no sustentan «con suficiencia indiciaria» la participación en la muerte y desaparición de la víctima.

Penas de 17 años de prisión por homicidio y daños con incendio

La fiscalía pide para los dos acusados una pena de 15 años de prisión por un supuesto delito de homicidio con el agravante de abuso de superioridad, y 2 años más de prisión por un supuesto delito de daños con incendio por la quema de la furgoneta de la víctima.

En concepto de indemnización, propone que paguen conjunta y solidariamente 120.000 euros a cada uno de los tres hijos menores de la víctima; 90.000 euros a la mujer de la víctima y al mismo tiempo hermana suya, y 50.000 euros a la madre del muerto.

Por otra parte, el ministerio público pide que se deduzca testimoniode la existencia de la plantación de marihuana enla vivienda de la calle de la Haia, donde ocasionalmente residía Joaquín y de la quetambién hacía usoJosé, para que se investigue la comisión de un supuesto delito contra la salud pública.

El rastro de los teléfonos móviles, clave

Como en el resto de juicios de estas características, sin autopsia la acusación se sustentará en la reconstrucción de los hechos que la policía hizo a raíz de la inspección del domicilio y de los vehículos y, en especial, del posicionamiento de los teléfonos móviles en los repetidores de la zona, así como los registros de llamadas y mensajes que se intercambiaron los implicados.

De cara al juicio, la fiscalía ha propuesto la declaración de 30 testigos, entre los cuales hay uno protegido y dieciocho que son agentes de los Mossos d'Esquadra. También hay dieciséis agentes de la policía catalana citados como peritos con el fin de aportar información sobre las muestras recogidas enla casa donde sucedieron los hechos y enlos domicilios y vehículos de los acusados, y sobre el análisis de los datos de telefonía.

Además, en la prueba documental hay numerosos elementos que quedarán a disposición del tribunal popular, entre los cuales imágenes de cámaras de seguridad o un informe sobre la asistencia a urgencias del acusado Joaquín F.C., cuatro días después de los hechos, por una lesión en la mano.

Un juicio condicionado por la covid-19

El juicio tenía que empezar el 9 de noviembre pero se aplazó porque los dos principales acusados estaban confinados en el centro penitenciario. Según fuentes judiciales, aunque corresponde a la sección segunda las sesiones del juicio se celebrarán en la sala de vistas de la sección cuarta, que es más amplia y permite cumplir las medidas impuestas por la covid-19, que puede poner en riesgo el juicio.

La Audiencia ha programado varias sesiones del juicio entre los días 8 y 22 de marzo. Hace falta tener en cuenta que, si la vista oral se tuviera que suspender durante cinco días o más -por algún positivo de covid-19, por ejemplo-, el magistrado-presidente se vería obligado a disolver el tribunal popular y a tener que empezar de cero con otro jurado.