Alcaldes del Baix Penedès acercan posiciones con los promotores de los parques fotovoltaicos proyectados en terrenos agrícolas

«Los representantes de la empresa nos han dicho que considerarán hacer cambios porque quieren tener el consenso del territorio, pero todo sería más fácil si nos hubiéramos reunido antes de que presentaran su proyecto a la Generalitat», dice Ferré, que lamenta que los alcaldes conocieron las intenciones de los promotores cuando la Ponencia de energías renovables se lo comunicó. «Si nos hubiéramos reunido hace seis meses, ahora nos ahorraríamos tener que presentar alegaciones», añade.

Y es que los alcaldes de los cuatro municipios directamente afectados han registrado las respectivas alegaciones a la Generalitat para mostrar su oposición a un proyecto que consideran que «rompe» el paisaje del Baix Penedès. Un rechazo que recientemente también ha mostrado el Consell d'Alcaldes de la comarca, con la aprobación de un manifiesto.

Los municipios se oponen frontalmente al tendido de placas fotovoltaicas en terrenos agrícolas y contraproposen situarlas en espacios que ya están calificados como suelo industrial. «No nos queremos poner de espaldas, pero tampoco queremos que los parques estén esparcidos en sitios que no van bien para el territorio», dice Ferré. En este sentido, los alcaldes ofrecen parcelas de polígonos que son en desuso y la negociación con propietarios de naves para situar las placas en las cubiertas.

Desde la Bisbal, Ferré lamenta que la empresa promotora es ahora a la espera de lo que diga la ponencia energética de la Generalitat, de manera que es inviable hacer cualquier eventual cambio hasta que haya una resolución. La alcaldesa confía en que los inversores mantendrán a partir de ahora la mano tendida mostrada a la primera reunión celebrada este viernes, aunque teme que finalmente los intereses empresariales se puedan acabar imponiendo por encima del consenso con el territorio.

Si se llegara a este extremo, Ferré apunta que habría que hacer una recalificación de los terrenos agrícolas afectados y dice que el Ayuntamiento «tendría poco margen» para oponerse a esta modificación urbanística.