Pactan penas menores de prisión para nueve miembros de la red de prostitución del Baix Penedès

A los otros seis condenados la Audiencia les ha impuesto una pena de 15 meses de prisión y 720 euros de multa por un delito de determinación coactiva a la prostitución de menores de edad, y de 3 meses y 1 día de prisión, y 480 euros de multa, por un delito continuado de falsedad documental. Además, también les ha impuesto una prohibición de acercarse a menos de 500 metros o comunicarse con una de las víctimas durante 9 años.

El tribunal, sin embargo, ha accedido a suspender la pena y los nueve condenados evitarán el ingreso en el centro penitenciario con la condición que no vuelvan a delinquir durante dos años. Las defensas lo habían pedido por falta de condenas anteriores y por el hecho de que no hay ninguna pena que supere los dos años de forma individualizada. Sin embargo, si vuelven a delinquir se les revocará la suspensión, según ha advertido el magistrado presidente.

En paralelo, la Audiencia ha absuelto a los propietarios de tres clubs situados en Bellvei, Cunit y Segurde Calafell, y dos mujeres que en aquel momento ejercían la prostitución. La sentencia, que se ha leído oralmente durante la vista, es firme.

Los hechos se destaparon el año 2009

El grupo reclutaba a las víctimas y las obligaban a prostituirse en varios clubs del Baix Penedès y carreteras como la N-340 y la C-31, entre los años 2003 y 2009. La investigación policial relacionó la red con otros grupos ubicados en el Brasil, donde compraban muchas de las víctimas que después obligaban a ejercer la prostitución en Cataluña y la Comunidad Valenciana, y que al mismo tiempo, más tarde venían a otras organizaciones de proxenetas de varias capitales europeas.

El caso se destapó después de que una chica rumana consiguiera escapar del control del grupo junto con otra mujer. Denunció que había llegado a Cataluña siendo menor de edad y que había sido recluida durante dos años en un piso del Raval de Barcelona, donde lo obligaban a ejercer la prostitución. A causa de las condiciones de insalubridad a las cuales eran sometidas, la chica tuvo que ser hospitalizada e, incluso, tuvieron que trasplantarle el hígado al haber contraído el virus de la hepatitis B.

Un juzgado del Vendrell autorizó en marzo del 2009 once entradas y registros en domicilios del Vendrell, Calafell, Albinyana, Banyeres del Penedès y Vilanova i la Geltrú, en el marco de la operación Troya. Los Mossos d'Esquadra encontraron documentos y pruebas, como libretas de anotaciones, donde se relacionaba esta actividad. Algunos de los documentos, como permisos de conducir y pasaportes, eran falsos.