Calafell se declara municipio contra la prostitución y el tráfico sexual de personas

El Ayuntamiento de Calafell ha aprobado un acuerdo para sumarse a la red de ciudades libres del tráfico de mujeres, niñas y niños destinados a la prostitución. Esta decisión llega a las puertas de la conmemoración, el próximo lunes, del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Tracta de Personas. El acuerdo se ha adoptado con los diecinueve votos a favor de PSC, ERC, la CUP, Sumem-Junts, PP, En Comú-Podem y UAM, y las dos abstenciones de Ciutadans. El Ayuntamiento ha informado de que centrará la acción al erradicar la demanda a través de la denuncia, persecución y penalización del prostituidor -cliente- y del proxeneta. La intención es incluir en las ordenanzas municipales multas económicas para los consumidores de prostitución.

El Ayuntamiento diseáñar una campaña periódica para sensibilizar y convencer a la población que la prostitución es igual a violencia de género y explotación sexual de las mujeres. La intención es dar visibilidad «al llamado eufemísticamente ‘cliente’, siempre en el anonimato y justificado socialmente, buscando deslegitimar socialmente y públicamente los prostituidores, protagonistas, actores responsables y cómplices activos en esta forma de violencia de género», según señala el consistorio en un comunicado.

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento exigirá al gobierno español y a la Generalitat «que se explique realmente la ley, persiguiendo el tráfico de mujeres y personas, y los proxenetas que están campando por sus fueros en los clubs y burdeles de carretera que todo el mundo conoce».

En colaboración con las administraciones, el Ayuntamiento asegura que centrará la acción en la erradicación de la demanda de prostitución. Así, promoverá la denuncia, persecución y penalización de los consumidores de prostitución y de los proxenetas. Además de las multas, se exigirá al gobierno español que establezca de forma urgente una normativa que penalice, como en Suecia, «a los hombres que compran mujeres con finalidades de comercio sexual, con penas de prisión de hasta seis meses y multa».

«Nuestro Ayuntamiento, siguiendo el ejemplo de la normativa sueca, en ningún caso dirigirá su acción contra las mujeres prostituidas, ni pretenderá su penalización o sanción. En colaboración con la administración central y autonómica, proveerá de fondo para servicios sociales integrales que sean dirigidos a cualquier prostituta que desee dejar este empleo», relata el acuerdo.

Además, el Ayuntamiento de Calafell exigirá al gobierno que, en lugar de beneficiarse de los impuestos recaudados de la industria del sexo, embargue los bienes de estas actividades e invierta recursos en el futuro de las mujeres que ejercen la prostitución, y les proporcione recursos y alternativas reales.

Por otra parte, el consistorio prohibirá la publicidad de prostitución en todos los soportes publicitarios existentes en el término municipal y en los medios de transporte urbano, y no contribuirá con aquellos medios de comunicación a que la promuevan. En este sentido, promoverá una normativa que impida a los medios lucrarse con la explotación sexual de las mujeres ofreciendo servicios sexuales en anuncios o publicidad.