El exalcalde de la Bisbal se defiende de las acusaciones por prevaricación alegando un «caos» administrativo

El exalcalde de la Bisbal del Penedès Josep Maria Puigibet (ERC), juzgado este jueves por prevaricación por haber ocultado a la oposición las actas de las Juntas de Gobierno, ha alegado que desconocía que no se estuvieran entregando los documentos. En este sentido, ha dicho que el decreto de alcaldía con que bloqueaba esta información lo firmó como un mero trámite más. Delante del juzgado de lo penal número 3 de Tarragona, Puigibet se ha defendido diciendo que en el 2011 el Ayuntamiento estaba inmerso en una situación de «caos» administrativo. El resto de testigos, sin embargo, han desmontado esta versión. La Fiscalía ha rebajado la pena de ocho a cuatro años de inhabilitación política, mientras la acusación particular la mantiene en diez años y la defensa pide la absolución.

El exalcalde republicano ha respondido todas las preguntas de las partes y ha afirmado salir «tranquilo» de los juzgados. Durante su declaración como único acusado, ha insistido en que él ignoraba que, durante sus mandatos -en concreto, entre el 2007 y 2012-, las actas de las juntas de gobierno no se enviaran a la oposición -CiU y PSC- y lo cual, en todo caso, no era de su competencia, sino del secretario. «Yo no hice nada, conscientemente, que fuera malo; yo lo he hecho todo por el pueblo y por los vecinos», ha manifestado.

Puigibet ha afirmado no recordar que esta cuestión se le comentara en ningún plenario y que tampoco recibió un informe de la secretaria municipal, con fecha del 9 de agosto del 2011, en que lo instaba a entregar las actas. También ha quitado hierro que justo después de este informe, apareciera un decreto de alcaldía impidiendo el traspaso de la información y que él se limitó a firmarlo, si bien en un momento ha reconocido que decidió «cortar de cuajo» tanta petición de información por el «colapso administrativo».

La secretaria ha declarado que el decreto lo redactó «por orden e instrucción del alcalde». Hasta seis personas han testificado en el juicio, entre los cuales la actual alcaldesa y miembros de la antigua CiU. «Lo probamos de todas las maneras», han asegurado, refiriéndose a la serie de instancias y peticiones para conseguir las actas. En el juicio se ha demostrado que las actas sí que se enviaban a otros organismos, y que el alcalde declinó reunirse con el Síndic de Greuges para tratar esta cuestión.

También ha testificado un asesor del exalcalde, en favor suyo. A raíz de la querella judicial, las actas se empezaron a enviar otra vez con normalidad. Por todo ello, el fiscal ve que el alcalde actuaba con «intención» y «conocimiento». Tampoco se ha creído el escenario de caos al cual se ha intentado aferrar Puigibet para justificar la firma del decreto de alcaldía de bloqueo. El fiscal entiende que el exalcalde no quería estar «controlado» por la oposición y que pretendía mantenerla en el «desconocimiento».

Con todo ha rebajado la petición de pena, ya que los hechos se remontan a hace ocho años. Por su parte, la acusación particular, que representa el grupo de la antigua CiU, pide para el exrepublicano una pena de diez años de inhabilitación para cualquier trabajo o cargo público por los delitos de prevaricación y contra el libre ejercicio de los derechos cívicos. Finalmente, la defensa solicita la absolución, con las calificaciones subsidiarias del delito contra el libre ejercicio de los derechos cívicos y el atenuante de dilaciones indebidas.