Un juzgado del Vendrell archiva la investigación de una treintena de mossos por el 1-O a petición de la fiscalía

El Juzgado de Instrucción número 3 del Vendrell ha archivado la causa contra más de 35 agentes de los Mossos D'Esquadra y responsables de centros de salud y colegios que estaban investigados por su papel durante el 1-O.

Según el auto, la instructora de este juzgado ha decretado el sobreseimiento provisional de estas actuaciones porque así lo habían solicitado las partes del procedimiento, tanto las defensas como el Ministerio Fiscal, aunque el juzgado del Vendrell considera que hay «indicios de delito con respecto a algunos investigados».

El Juzgado de Instrucción número 3 del Vendrell ha archivado provisionalmente la causa contra todos los investigados, a pesar de apreciar indicios de delito en alguno de ellos, porque sería «improductivo» no hacerlo al no «formular acusación el Ministerio Fiscal».

El ministerio fiscal no aprecia «responsabilidades ni ningún delito», cosa que, según el sindicato USPAC, no hubiera sido posible sin los recursos presentados por esta entidad.

No obstante, la instructora acusa la Fiscalía de contradecirse al sostener la «correcta actuación» de los agentes de los Mossos que organizaron el dispositivo del 1-O y, al mismo tiempo, considerarlo «insuficiente».

En relación con los agentes investigados, que según USPAC eran más de 35, en el acto se exponen varios ejemplos de «indicios de una conducta reticente al cumplimiento de la orden de cierre de los diferentes centros educativos».

La magistrada tilde de «inverosímil que alguno de los agentes se mantuviera como mero espectador pasivo de un hecho declarado ilegal, cosa que penalmente podría derivar en la comisión de un delito de omisión del deber de perseguir delitos o en un delito de desobediencia».

Según la instructora, algunos agentes permitieron «una situación injusta» haciendo ineficaz una resolución judicial, que «tiene que estar por encima de la obediencia a una orden de un superior jerárquico, si aquella orden o incluso la falta de la mencionada orden se opone o anula el mandato judicial».

El juzgado considera que faltan explicaciones, por ejemplo, en relación con algunos agentes que, según se desprende de las imágenes y vídeos de redes sociales incorporados a la causa, «se acercaron en la masa congregada de ciudadanos, recibiendo gritos de gozo y apartándose después de breves momentos de interactuar con los congregados, sin identificar a nadie y retirándose a un segundo plano».

«Sólo se requisaron una o dos urnas en uno de los centros educativos» y «de todos los centros de votación abiertos sólo se tiene constancia del cierre de uno de ellos, pero cuando ya con bastante trabajos y havia gente y a última hora», añade el acto.

En más, la instructora apunta que «las actas levantadas por los agentes que acudieron a primeras horas en los centros escolares abiertos, son vagas y especialmente escasas en las observaciones, poniendo en todas ellas prácticamente lo mismo, casi como si hubieran recibido una consigna de aquello que tenían» que «expresar».

Sobre los directores de los colegios del Vendrell, la Fiscalía solicita el archivo sobre la base que «sus funciones fueron revocadas desde la tarde del viernes 29 de septiembre hasta el lunes 2 de octubre por la mañana» por la entonces consellera de Educación, Clara Ponsatí.

Según el auto, no obstante, los responsables de los centros, que tenían «pleno conocimiento de la ocupación desde su inicio», fueron advertidos durante los días previos al 1-O que no podían ceder el uso de los edificios para la celebración del «referéndum ilegal».

La Fiscalía también ha solicitado el archivo en el caso del CAP del Vendrell porque «no se sabe quién abrió la puerta» del edificio, aunque, según la instructora, eso «no es lo más relevante», sino que «lo importante es que se habilitó su apertura sin que la asistencia médica se justifique por una afluencia masiva de consultas».