Hace 25 años Josep Maria Arias me invito a una tertulia en la SER donde dije esta frase: «en todos los años que hace que visito la policía, nunca he visto que se pegue a nadie». Y lo decía convencido. Alguna vez había venido a verme algún detenido con golpes. Cuando iba a la comisaría, me decían que había destrozado algo o atacado a alguien y «se le ha tenido que reducir». Reconozco que soy muy inocente como periodista de investigación, porque me la cuelan con facilidad. Pero un inspector me dijo un día una frase que me dejó frío: «Cuando se han meado encima, ya no hablarán». Me pregunto en qué situación se orina encima un adulto.
En mayo de 2014, el abogado de ginebra O. Peter presentaba una demanda ante el Tribunal Europeo de Drechos Humanos en nombre de un joven español de 24 años. Leo en esta demanda que se afirma que sufrió palizas, golpes en la cabeza, en los testículos y en las costillas, técnicas de asfixia, tocamientos, aplicación de electrodos y la introducción de un palo por el ano. El chico quedó en libertad después de declarar en la Audiencia Nacional y de desmayarse mientras relataba las vejaciones a un magistrado, que no movió ni un dedo para investigar las torturas expuestas. Ese juez lo ven a menudo por la tele. España fue condenada a pagar 23.500 euros por esta omisión. Iridia y ACDDH anuncian ahora que están exponiendo ante los jueces que algunos de los detenidos por las revueltas en la Vía Layetana han sufrido maltratos policiales. Volvemos a ver la misma omisión, y Grande-Marlaska se niega de nuevo a investigador estas presuntas irregularidades policiales. España ha sido condenada nueve veces por no investigarlas. ¿Van a por la décima?