Concretamente, la Fiscalía pide que se le imponga 1 año y medio de prisión por|para un delito de grooming (acoso y abuso sexual por Internet, ya que se comunicaba con los jóvenes a través de las redes sociales), 8 años de prisión por|para un delito continuado de elaboración de pornografía infantil, 6 años más por un delito continuado de corrupción de menores, 12 años de prisión por un delito continuado de abuso sexual a menores de 16 años y 1 año de prisión por tenencia de pornografía infantil.
El ministerio público también solicita que se le prohíba comunicarse y aproximarse a las víctimas durante 10 años y que se le impongan 8 años de libertad vigilada una vez salga de la prisión. También pide que se lo inhabilite para ejercer cualquier trabajo que implique un contacto «regular y directo» con menores de edad durante los cuatro años siguientes a la salida de la prisión y que indemnice a las víctimas.
El juicio se hará en la Audiencia de Lérida el miércoles 22 de septiembre.