La fiscalía acusa al padre de un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años, un delito de violencia psíquica habitual a descendiente menor de edad, un delito contra la salud pública para favorecer el consumo de sustancias a un menor de 18 años, un delito contra la indemnidad sexual y un delito leve de injurias y vejaciones. La acusación pide inicialmente que lo condenen a 29 años de prisión, lo inhabiliten para ejercer la patria potestad de los hijos y le prohíban vivir en las comarcas gerundenses.
Su hermano, a quien la fiscalía acusa de haber agredido sexualmente a su sobrina de manera continuada, se enfrenta de entrada a una pena de 10 años de prisión.
Según recoge el escrito de acusación de la fiscalía, el acusado se separó de la madre de la menor cuando la niña tenía 3 años. La acusación pública expone que, de hecho, el motivo de ruptura fue que la mujer lo sorprendió haciendo tocamientos a la niña y avisó a la policía.
A raíz de la separación, la niña y sus hermanos fueron a vivir con los abuelos paternos, según resolución de la DGAIA. Según la fiscalía, a lo largo de los años su situación personal fue cambiando y vivieron en diferentes poblaciones de la comarca de la Selva. Pero durante este tiempo, apunta la fiscalía, el padre actuó «aprovechar las ocasiones que estaban solos» para agredirla sexualmente.
La fiscalía subraya que el hombre la llegó a tratar «como un objeto sexual, desentendiéndose absolutamente de los deberes paternos más elementales y llegando a decirle a la suya hijo, como si fuera una relación de pareja, que estaba enamorado de ella.» Según la acusación, las agresiones se alargaron hasta que la menor tenía 14 años y denunció los hechos. Entonces ya no vivía con familiares y estaba a un centro.
La acusación pública también apunta que el procesado proporcionó cocaína a otro hijo, cuando tenía 15 años, y se masturbó delante suyo mientras lo veía esnifar la droga.
La Audiencia también juzga al hermano del principal acusado. Según la fiscalía, también agredió sexualmente a la menor en varias ocasiones. La acusación pública solicita, también para este acusado, que no viva en las comarcas gerundenses.
En concepto de responsabilidad civil, la fiscalía quiere que los dos indemnicen a la víctima con 50.000 euros y el padre pague 10.000 al hijo.
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