Los cuatro detenidos por prostitución se encargaban de la seguridad y del control de las mujeres explotadas. Los investigadores pudieron constatar las precarias condiciones en que vivían las víctimas, que dormían en literas en estrechas habitaciones sin prácticamente ventilación, al lado de fogones y bombonas de butano que utilizaban para cocinar.
Las mujeres se introducían en el Estado a través de mafias, con las cuales adquirían una gran deuda económica que tenían que pagar ejerciendo la prostitución. Las captaban en las zonas más humildes de Asia y una vez en Europa, se les retiraba la documentación. No tenían permiso de residencia ni de trabajo, así que se vieron obligadas a aceptar las condiciones impuestas por los proxenetas, que son compatriotas suyos que viven en España. Además, las cambiaban de local continuamente, de forma que no son conscientes de dónde están porque casi no tienen contacto con el exterior.