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L'exalcalde de Torredembarra, Daniel Masagué, entrant a l'Audiència de Tarragona.

El alcalde de la Torre asegura que se siente «víctima» de «la animadversión» que le tenía el secretario

El exalcalde de Torredembarra, Daniel Masagué, entrando en la Audiencia de Tarragona.

El exinterventor de la Torre asegura que la intervención de Efial le dificultaba su trabajo

El funcionario dice que requirió al consistorio «ser más preciso» a la hora de justificar la singularidad de los locales

Actualizada 22/06/2022 a las 15:32

El exinterventor del Ayuntamiento de Torredembarra ha asegurado que la empresa Efial hacía una intervención externa que dificultaba su tarea. «Teníamos una intervención B», ha manifestado en la segunda jornada del juicio de la pieza separada 1 del caso Torredembarra, de presuntas irregularidades en el alquiler de dos alquileres por parte del equipo de gobierno liderado por Daniel Masagué. En más, ha expuesto que requirió al consistorio «ser más preciso» a la hora de justificar la singularidad de los locales y ha recordado, que, por la información que vio, «los contratos de los alquileres se tendrían que haber licitado», en lugar de adjudicarse por la vía directa. En la sesión también han comparecido el tesorero, el exjefe de la Policía Local y tasadores de los establecimientos.

El exinterventor ocupó sus funciones entre junio del 2010 y junio del 2011. Ha explicado que en el ayuntamiento «había un ambiente poco pacífico». «Teníamos una intervención B hecha por Efial, de manera externa, que intentaba dificultar el ejercicio de control interno del interventor,» ha señalado. Además, ha revelado que fue «intimidado» por Masagué a raíz de una crítica que hizo durante el proceso de contratación del jefe de la Policía Local, porque no veía bien que uno de los miembros del tribunal fuera un asesor del alcalde. «Me dijo que me pondría una querella criminal», ha concretado.

A nivel más técnico, ha expuesto, que, por la información de los informes que vio, «los contratos de los alquileres se tendrían que haber licitado», en lugar de adjudicarse directamente como hizo el equipo de gobierno. Y ha añadido: «la idoneidad del local -de Clarà para un uso social- no estaba clara en el expediente». En este sentido ha indicado que el inmueble «no estaba en condiciones» de ser utilizado, ya que había que hacer obras. ¿«Si se tenía que hacer una reforma, quien tenía que asumir la inversión? No sabíamos si correspondía al Ayuntamiento, al propietario o a un tercero. Por eso hicimos una serie de preguntas para que se precisara esta cuestión», ha dicho. En este sentido, ha asegurado que «alinearon el comentario crítico del secretario municipal» con el suyo.

Tasadores
Entre los testimonios que han pasado este miércoles por la sección cuarta hay el tasador del local que ocupa actualmente la Policía Local y el agente inmobiliario que hizo la valoración del local del barrio de Clarà.

El primero ha ofrecido versiones contradictorias sobre si cuando hizo la tasación sabía, o no, si aquel local se tenía que destinar a la Policía Local. En el caso del segundo ha explicado que hizo la valoración sin entrar en el local, sino que echó una ojeada desde el exterior, y que recibió el encargo por vía telefónica. En esta sesión también estaba prevista la declaración del tasador del local de Clarà, pero a última hora los miembros del tribunal se han dado cuenta de que murió el año 2018.

Aparte, el exjefe de la Policía Local ha remarcado que la antigua comisaría que el cuerpo tenía el año 2011 tenía problemas estructurales y estaba situada en el casco antiguo, por lo cual no era «adecuada». Por eso, desde el consistorio le pidieron que fuera a ver tres locales e hiciera un informe sobre la idoneidad. El responsable policial ha defendido que lo que más se ajustaba era el de la carretera de la Riera de Gaià, que es lo que se escogió finalmente -y lo que se investiga. Con todo, el informe lo envió el 17 de marzo del 2011 y el arrendamiento se firmó cuatro días después; un trámite del cual no fue informado hasta muy posteriormente.

Entre los declarantes había el tesorero. Ha comentado que él se limitaba a pagar las facturas y no tenía información de los expedientes. Además, ha manifestado que el local de Clarà tenía una deuda de IBI, del cual se solicitó la anulación en octubre del 2010. Sin embargo, en marzo del 2011 se firmó el contrato de alquiler y tres meses después la deuda se anuló, ya que desde la oficina del catastro de Tarragona se consideró que el valor catastral del inmueble era excesivo.

Finalmente, ha comparecido la que entonces fue jefa de contratación del consistorio, que durante unos meses fue apartada del cargo. Cuando después de una sentencia recuperó el puesto de trabajo, ha dicho que los expedientes de los dos locales no los gestionó ella, sino que por indicación de Masagué se los quedó la jefa de contratación que la sustituyó.

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