Actualizada 13/05/2022 a las 17:27
Más tarde, a las once de la noche, se recibió un aviso de otra vecina sobre la presencia de personas sospechosas en una calle del barrio de Berà. La patrulla del turno de noche acudió rápidamente y localizaron cuatro personas, vecinos de Terrassa, que llevaba en el coche herramientas que se utilizan normalmente para la ocupación de viviendas. Se comprobó que no habían constituido morada en la vivienda que habían intentado ocupar, y los agentes intervinieron las herramientas de forma preventiva.
En ambos casos se ha dado aviso en las propiedades a fin de que cumplan con su obligación de asegurar las viviendas para que no estén ocupadas.
Durante todo el 2021 los agentes consiguieron que en 94 ocasiones, el 72% de los casos, los ocupas no alcanzaran su objetivo. Desde la Policía Local recuerdan la importancia de la colaboración ciudadana para poder actuar a tiempo y que los presuntos autores de la ocupación no puedan constituir morada.
Medidas del Ayuntamiento
El Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad en febrero de 2020 una moción para la seguridad pública. Entre los acuerdos más importantes se pedía a la Administración General del Estado y la Generalitat de Catalunya medios materiales, económicos y personales para resolver la situación de necesidad residencial real para quien lo necesite, pero al mismo tiempo se instaba a una modificación legislativa urgente para dotar de instrumentos y procedimientos eficaces a la administración local para que pudieran evitar las ocupaciones de presuntos delincuentes.
A raíz de la moción se creyó importante redactar un protocolo de actuación en caso de que se detectara una nueva ocupación, con acciones preventivas para parar futuras ocupaciones; y se formalizó una mesa de trabajo interdisciplinaria que analiza los nuevos empadronamientos, las ocupaciones y valora las posibles situaciones reales de exclusión social.
En la actualidad el Ayuntamiento se persona como perjudicado en los procedimientos penales por ocupaciones en nuestro municipio y promueve procedimientos contenciosos administrativos contra quien, ocupando ilegalmente una vivienda, se conecta al suministro eléctrico o de gas generando peligro e inseguridad al resto de vecinos y vecinas.
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