Desde que dejaron de funcionar los peajes, el Ejecutivo gestiona de forma directa estas carreteras
El gobierno central ha adjudicado por 17,8 millones de euros durante dos años, prorrogables en tres más, un contrato para la conservación y explotación de los tramos del AP-2 y el AP-7, que quedaron libres de peajes el pasado 1 de septiembre, en la provincia de Tarragona.
En un comunicado, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) señala que desde que dejaron de funcionar los peajes el Ejecutivo ha pasado a gestionar de forma directa estas carreteras con la finalidad de «mantener la vialidad a la Red de Carreteras del Estado para que sea accesible en adecuadas condiciones para todos los ciudadanos».
El citado contrato comprende 51,37 kilómetros del AP-2 y 51,23 del AP-7, a más de cuatro áreas de servicio, es decir, un total de 102,6 kilómetros de los 375 kilómetros que quedaron libres de peajes en estas dos vías el 1 de septiembre.
En este contrato también se incluye la partida que se destinará a desmontar las playas de los peajes y a adecuar las calzadas en el nuevo funcionamiento vial.
El martes pasado 31 de agosto finalizó la concesión de cuatro tramos de autopistas en Cataluña, un total de 556 kilómetros en los cuales ya no hay peajes y cuyo mantenimiento asumen a partir de este día las administraciones públicas, si bien todavía no se ha resuelto su financiación en el medio y largo plazo.
La AP-2 y la AP-7 (de titularidad estatal) y la C-32 Norte y la C-33 (de la Generalitat) dejaron de tener peajes y en Cataluña ya solamente quedan 120 kilómetros, en la C-32 Sur y en la C-16, en los cuales hay que seguir esperando que las barreras se levanten para poder circular.
En el caso de la C-32 Norte y la C-33, el Gobierno ha destinado 5 millones de euros a desmontar los peajes, una cifra comprendida en el contrato de mantenimiento de estas dos vías, que fue adjudicado por 8,4 millones de euros.
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