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El Gepec presenta alegaciones contra la MAT de Forestalia

Diferentes entidades ecologistas del Estado se manifestarán en Madrid el 16 de octubre para reclamar un nuevo modelo energético

Actualizada 13/09/2021 a las 15:25

El Grupo de Estudio y Protección de los Ecosistemas Catalanes (Gepec) ha presentado alegaciones a la línea de muy alta tensión (MAT) que el cluster empresarial Forestalia quiere construir entre Teruel y Begues (Baix Llobregat). La entidad ecologista ha detectado «múltiples aspectos» de la línea que considera que no son legales. Entre estos está el planeamiento territorial, la falta de estudios de afectación a la salud de las personas, a la avifauna o de riesgo de incendios, y el hecho de que la MAT cruzaría una veintena de espacios protegidos. Con todo, diferentes entidades ecologistas del Estado se manifestarán en Madrid el próximo 16 de octubre para reclamar un nuevo modelo energético y una moratoria de iniciativas como la de Forestalia.
 
Ivan Hortigüela, abogado ambiental de INSTA, consultoría ambiental que ha elaborado las alegaciones al Proyecto de la MAT, ha afirmado que los 180 kilómetros de línea que atraviesan territorio catalán «afecta planes territoriales y territorios clasificados como suelo de protección especial» que tienen «un gran valor natural». En aspectos más técnicos, Hortigüela ha detallado que la línea «no está prevista por la planificación eléctrica vigente», que está prorrogada desde el año 2020 y que, por lo tanto, no se tendría que construir.


El abogado ha sido crítico con la falta de estudios de diferentes impactos que tendría la MAT, como por ejemplo en la afectación a la salud de las personas por contaminación electromagnética, especialmente de aquellas que viven en zonas rurales y viviendas dispersas. También ha apuntado que hay un «escaso estudio» del riesgo de incendios o que «se ha obviado bastante el impacto paisajístico». En este aspecto ha manifestado que los promotores no contemplan soterrar la línea. Para INSTA también faltaría un análisis sobre el impacto de la alteración del valor del suelo agrícola, ya que más del 60% del territorio afectado por la MAT serían terrenos de cultivo.

Al mismo tiempo, ha manifestado que el hecho de que el proyecto se haya publicado el 28 de julio y el Estado haya dado 30 días para presentar alegaciones supone «una vulneración clara del derecho de participación ciudadana en materia ambiental». Un aspecto que, a su parecer, «colisiona con la normativa europea». Finalmente, también ha denunciado que hay una «fragmentación del macroproyecto», ya que todavía hay algunos parques eólicos que no son públicos. Según Hortigüela, «dividir proyectos con la finalidad de fragmentar una Declaración de Impacto Ambiental es reconocido por el Tribunal Supremo como una causa de nulidad de proyectos».

El presidente del Gepec, Xavier Jiménez, ha alertado de que «la MATE es una muestra de las necesidades de este modelo erróneo de implantación de las energías renovables, basado al producir la energía en grandes centrales, a manos de grandes corporaciones eléctricas, alejadas de los lugares|sitios de consumo y situadas en espacios naturales y agrarios». Para el Gepec, la implantación de estos proyectos tiene un grave impacto ambiental paisajístico y sobre los espacios naturales, la biodiversidad, la actividad agraria, el patrimonio geológico, el patrimonio histórico y la calidad de vida en el mundo rural.
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