Declaran prescrito el caso de un vecino de Calafell que quedó tetrapléjico en un accidente laboral hace quince años

El juez de Gandesa envió a juicio la empresa promotora de la obra, la constructora, dos coordinadores de seguridad –uno murió- y el director del plan de seguridad. Todos, como presuntos autores de un delito grave contra la seguridad de los trabajadores. Una vez cerrada la investigación, el caso se remitió al juzgado de lo penal de Tortosa para celebrar la vista oral, pero varios recursos presentados por los acusados hicieron que la causa se ralentizara hasta que la Audiencia de Tarragona resolvió todas las alegaciones.

Finalmente, en las postrimerías del año pasado se señaló el juicio oral en Tortosa para el 29 de enero de este 2020. La hospitalización de uno de los acusados, sin embargo, provocó la suspensión de la vista, que nunca se ha llegado a re agendar. «Todo han sido estrategias para alargar el proceso al máximo», se quejaba a ACN Miguel, subrayando que él es «la única víctima» de todo este periplo judicial.

Bejarano es totalmente dependiente, tiene múltiples secuelas del accidente y lo tienen que cuidar sus padres. Explica que tiene unos gastos mensuales de 4.000 euros para cuidar de él de los cuales difícilmente cubre la mitad con la pensión. Había cobrado dos indemnizaciones después de llegar a un acuerdo con los representantes legales de las empresas promotora y constructora, dos compañías que cerraron hace años. La primera indemnización la cobró seis años después del accidente, mientras que la segunda se firmó hace meses. Explicaba que aceptó estas dos soluciones amistosas de mala gana, renunciando a los intereses de demora. En total han sido 300.000 euros.

En el juicio reclamaba una indemnización de cerca de un millón de euros y penas de tres años de prisión para cada uno de los acusados. A su vez, la Fiscalía pedía que los cuatro acusados asumieran una indemnización de 450.000 euros. Su objetivo era que alguien se hiciera responsable del accidente y pagara una indemnización que le permitiera disponer de una casa adaptada y de los servicios necesarios, como un fisioterapeuta que asegura que ahora no se puede pagar. «Sólo quiero vivir tranquilo lo que me queda de vida», pedía.

El abogado de Bejarano, según anunció, puede explorar ahora la vía judicial civil una vez anunciada la prescripción de la penal.