A juicio unos ocupas que atemorizaron a los vecinos de una urbanización de Cambrils

El 18 de agosto de 2016, en el contexto de este clima hostil, se inició un enfrentamiento verbal entre los acusados y una tercera propietaria de la urbanización. Los individuos manifestaron expresiones como «que se ha creído la hija de puta esta, le quemaremos la casa», «de todas estas casas, las que no nos gusten, las ocuparemos y las que no, las quemaremos», y «lo pagarás caro», según detalla el ministerio público.

También aquellos días, el acusado, con el ánimo de enriquecimiento injusto, exigió de manera reiterada e insistente al presidente de la comunidad la cantidad de 3.000 euros para abandonar el inmueble. Lo hizo verbalmente, con mensajes de voz y con varias llamadas durante cuatro días seguidos –con hasta ocho llamadas en un solo día.

Según la fiscalía, esta actitud creó «un clima de intimidación» hacia el presidente, dado que además de la insistencia y reiteración con la que reclamaron este dinero, le manifestaron que «hay otras familias gitanas peores que nosotros, de Campclar, que nos darían 3.000 euros y ocuparían esta casa y serán más agresivos que nosotros».

Los individuos estuvieron viviendo en la casa hasta una fecha indeterminada del mes de septiembre de 2016. Durante este periodo, además, pincharon los suministros de agua y energía eléctrica de la urbanización, ocasionando facturas de 406,95 euros de luz y de 498,73 euros de agua que la fiscalía quiere que devuelvan a la comunidad de propietarios. La entidad financiera no reclama.

Hasta 3 años de prisión

Por una parte, la fiscalía pide para el hombre 1 año de prisión por un delito de amenazas y 2 años de prisión por un delito de extorsión, además de 1.500 euros de multa por usurpación de un bien inmueble y 1.800 euros de multa más por el delito de fraude de suministros.

De la otra, el ministerio fiscal acusa a la mujer de dos delitos de amenazas por los que pide una pena de 1 año de prisión para cada uno, además de 1.500 euros de multa por usurpación y 1.800 euros más por fraude.

Además, el ministerio fiscal propone que los acusados no puedan acercarse durante 2 años a menos de 500 metros de la urbanización donde pasaron los hechos. También propone medidas de alejamiento y prohibición de comunicación respecto diversos de los vecinos amenazados e intimidados por periodos de entre dos y tres años.

El caso llegará próximamente a juicio en los juzgados de lo penal de Reus.