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Referéndum 1-O
Una àvia es portada a braços per agents de la Guàrdia Civil en el desallotjament del col·legi electoral de la Ràpita.

1-O, referéndum, Sant Carles de la Ràpita

Una abuela es llevada en brazos por agentes de la Guardia Civil en el desalojo del colegio electoral de la Ràpita.

Tres años después del 1-O, la justicia sigue con decenas de causas pendientes

Condenas del Supremo, esperando sentencias de la Mesa del Parlament, Trapero y Tamara, y muchos casos en instrucción

Actualizada 30/09/2020 a las 09:14

Tres años después del 1-O, el referéndum tiene consecuencias judiciales y muchos procedimientos abiertos a los tribunales. Hay políticos cumpliendo penas de prisión o de inhabilitación, como los condenados por el Tribunal Supremo, otros esperando sentencia, como la excúpula de Interior y buena parte de la antigua Mesa del Parlament. Otros todavía esperan juicio, como el exmiembro de la Mesa Joan Josep Nuet en el Supremo, los síndicos electorales, que serán juzgados en noviembre, el conseller y exalcalde de Agramunt, Bernat Solé, y Lluís Salvadó y Josep Maria Jové en el TSJC. También hay decenas de cargos procesados por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, alcaldes, votantes y decenas de policías y guardias civiles, sobre todo en dos juzgados de las ciudades de Barcelona y Girona.
 
El primer juzgado al abrir una causa para el 1-O fue el de Instrucción 13 de Barcelona, ya antes de que se confirmara que habría un referéndum de independencia y todavía menos la fecha. Meses de teléfonos intervenidos acabaron con numerosos cacheos y detenciones el 20-S. De allí salieron decenas de altos cargos de la Generalitat investigados por desobediencia, prevaricación, malversación, revelación de secretos o falsedad documental, entre ellos Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, de Vicrepresidència y Economia. Como desde finales del 2017 y al menos mientras dure la actual legislatura son diputados en el Parlament y, por lo tanto, aforados, su causa se segregó y se tramita en el TSJC. Entre los procesados por Instrucción 13 destacan los entonces secretarios de Difusió, Antoni Molons; de Presidència, Joaquim Nin; de Treball, Josep Ginesta; de Exteriors, Aleix Villatoro; o de Comunicació, Jaume Clotet. También hay cargos del CTTI, de Vicepresidència y Economia, de la CCMA, de Exteriors, y algunos empresarios.


Pero de aquel 20-S se derivaron otros procesamientos: Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, que organizaron la concentración delante de la Consejería de Economía, y que acabaron condenados por el Supremo por rebelión al lado de los miembros del Gobierno Puigdemont, y el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, la intendente Teresa Laplana, el exdirector general de los Mossos Pere Soler y el exsecretario general de Interior Cèsar Puig. Estos cuatro últimos fueron juzgados el invierno pasado en la Audiencia Nacional por rebelión, aunque finalmente la fiscalía rebajó la acusación a sedición o desobediencia. Se espera que la sentencia se haga pública pronto. También hay varios mandos de Mossos todavía pendientes de una investigación contra ellos en un juzgado de Cornellà de Llobregat.

Previamente a Instrucción 13, el TSJC ya había abierto causas penales contra la entonces presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y parte de su mesa por tramitar iniciativas parlamentarias a favor de la independencia que teóricamente estaban vetadas por el Tribunal Constitucional. Forcadell fue incluida en el juicio en el Supremo por un delito de rebelión, y condenada a once años y medio de prisión. El resto de la Mesa sólo fue procesado por desobediencia, y su causa se envió al TSJC. Pero Joan Josep Nuet, ahora diputado de ERC en el Congreso, fue separado de esta causa, que se tramita en el Supremo. El resto de miembros, Lluís Corominas, Anna Simó, Lluís Guinó y Ramona Barrufet, fueron juzgados en julio y están pendientes de una posible condena de inhabilitación para cargo público.

La principal causa, la del Tribunal Supremo contra los líderes del proceso, ya está sentenciada, y con cumplimiento de importantes penas de prisión para la mayoría, pendiente de recursos en el Tribunal Constitucional y probablemente en Europa. Los presos obtuvieron en julio el tercer grado, pero el Supremo lo revocó para todos excepto para Carme Forcadell y Dolors Bassa.

En noviembre está previsto el juicio contra los síndicos electorales, designados por el Parlament para supervisar la claridad de la votación del 1-O, pero que dimitieron en bloque cuando el Tribunal Constitucional los amenazó con multas.

Días antes del referéndum la Fiscalía Superior de Cataluña abrió diligencias contra centenares de alcaldes que habían aceptado colaborar en la votación. Muchas causas se han acabado archivando pero algunas salieron adelante y están pendientes de juicio. Una de ellas es el seguimiento contra el exalcalde de Agramunt (Urgell), Bernat Solé, actual conseller de Exteriors. Como es aforado, la causa se tramita en el TSJC, que ya ha dictado el auto de procesamiento. Otro alcalde diputado es el de Mollerussa, Marc Solsona, que también fue investigado por la Fiscalía Superior, pero el ministerio público lo archivó en noviembre del 2018. En cambio, al exalcalde de Alcarràs (Segrià) Miquel Serra, el ministerio fiscal le pide 15 meses de inhabilitación y 21.600 euros de multa por haber cedido un espacio municipal para la votación.

En las comarcas de Girona quedan tres investigaciones abiertas a alcaldes. Son las que hacen referencia a la exalcaldesa de Figueres, Marta Felip; al alcalde de Castelló d'Empúries, Salvi Güell (ERC), y a la alcaldesa de Roses, Montse Mindan (JxCat). Las dos primeras todavía se instruyen. Pero en el caso de Mindan, el suyo será el primero que llegue a juicio. Será este noviembre en un juzgado de lo penal de Figueres. La fiscalía pide para la alcaldesa un año de inhabilitación y que pague una multa de 3.240 euros.

En las Terres de l'Ebre, el alcalde de Roquetes (Baix Ebre), Paco Gas (ERC), sigue pendiente del recurso que presentó en contra de la apertura de juicio oral por supuesta desobediencia por haber facilitado equipamientos y haber colaborado activamente con los organizadores del referéndum. En el auto de febrero pasado, el juzgado número 3 de Tortosa le reclamó una fianza de 15.000 euros. La fiscalía pidió un año y tres meses de inhabilitación y 11.250 euros de multa. En el mismo procedimiento llegaron a estar también investigados dos concejales, un trabajador municipal y un miembro de la mesa electoral, aunque finalmente la causa contra ellos se acabó archivando.

El alcalde de Sant Carles de la Ràpita (Montsià), Josep Caparrós, y el primer teniente de alcalde, Albert Salvadó, esperan también noticias del procedimiento abierto contra ellos que se inició hace dos años a instancias de la fiscalía, cuando citó a varios alcaldes de la demarcación a prestar declaración en Tarragona. Ellos son los dos únicos cargos electos contra quien se ha mantenido la causa por supuestos delitos de desobediencia, malversación y prevaricación en la organización y celebración del referéndum del 1-O en el municipio. El ministerio público remitió a finales de 2018 la investigación contra Caparrós y Salvadó en el juzgado número 1 de Amposta, que justo hace un año pidió a la Abogacía del Estado y a la fiscalía que presentaran escritos de acusación para abrir juicio oral. El procedimiento se encuentra pendiente de este trámite.

A raíz de estas mismas indagaciones de la fiscalía, el TSJC investigó al expresidente de la Associació Catalana de Municipis Miquel Buch y la expresidenta de la Associació de Municipis per la Independència Neus Lloveras, pero archivó la causa. Más tarde la reabrió para Buch.

Procedimientos en todo el territorio
Respecto de la actuación durante el 1 de octubre en los colegios electorales, hay varias causas contra votantes, por desórdenes públicos y resistencia a la autoridad, y contra policías nacionales y guardias civiles por lesiones y contra la integridad moral. En el juzgado de instrucción 7 de Barcelona hay cerca de medio centenar de policías nacionales y mandos investigados por la actuación en una docena de colegios de la capital catalana por lesiones y delitos de odio, como por ejemplo el escopeter que disparó la bola de goma en el ojo de Roger Espanyol, quien también está investigado por desórdenes.

En el área metropolitana de Barcelona también fue investigada la entonces jefe de la región policial Metropolitana Norte de los Mossos, Cristina Manresa, y su número 2, el intendente Xavier Creus, por un delito de desobediencia por su papel aquel 1-O.

En la comarca del Bages hay varias causas abiertas contra las cargas policiales del 1-O que se encuentran en diferentes fases de instrucción. En primer lugar, el Juzgado de instrucción 2 de Manresa archivó en 2019 las denuncias de varios ciudadanos contra la actuación policial en la escuela Joncadella de Sant Joan de Vilatorrada, en Callús, en Fonollosa y en Castellgalí. La jueza consideró que no había habido exceso policial, ni tampoco se le podían otorgar responsabilidades penales a los agentes. La defensa de los denunciantes ha presentado recurso a la decisión judicial, que todavía está pendiente de resolver.

Por otra parte, sigue abierta la causa en el Instituto Quercus de Sant Joan de Vilatorrada. En este caso, la jueza que lleva el caso hizo una advertencia el pasado mes de julio a la Guardia Civil pidiéndoles colaboración, ya que, en caso contrario, tomaría medidas. Esta causa, que inicialmente se había archivado, se reabrió después de que la Audiencia de Barcelona diera la razón a los heridos, que habían presentado un recurso.

Finalmente, uno de los casos más emblemáticos es el del exconcejal de ERC en Sant Joan de Vilatorrada y payaso de profesión Jordi Pesarrodona. Su caso es especial, ya que, por una parte, es uno de los heridos que denunció la Guardia Civil por la actuación a la escuela Joncadella de Sant Joan de Vilatorrada, y, de la otra, ha sido acusado por la fiscalía de un delito de desobediencia grave por no haber cumplido las órdenes de los agentes de la Guardia Civil. El juicio contra él se celebró el 21 de septiembre y este lunes fue condenado a 14 meses de inhabilitación y 2.100 euros de multa.

En Lleida también fue muy mediático el caso de Enric Sirvent, un votante que sufrió uno ataque de corazón durante las cargas policiales en un colegio. Este septiembre empezaron a tomar declaración a seis policías nacionales investigados por la agresión y la omisión del deber de socorro. De momento uno ha negado los hechos y los otros cinco declararán el 16 de noviembre. El pasado mes de abril Sirvent murió por covid-19.

De hecho, en Lleida se celebró el primer juicio contra un policía nacional por aquellas cargas. Fue el 27 de junio del 2018 por la denuncia de un joven de 25 años de Lleida que se encontraba en la EOI y aseguraba que el policía le propinó un puñetazo en la cara. Se pedía una condena de uno a 3 meses de prisión por lesiones e inhabilitación de cargo público para 4 años. El policía declaró desde Sevilla y quedó absuelto. También quedaron exonerados cuatro mandos de los Mossos d'Esquadra en la región por desobediencia, falsedad documental y revelación de secretos, por su actuación el día del referéndum.

En el Camp de Tarragona, la Associació d'Advocats Voluntaris 1 d'octubre de Reus defiende cerca de una veintena de causas. Una de las más relevantes es por los delitos de odio y malversación contra el alcalde del 1-O, Carles Pellicer, algunos concejales, algunos bomberos y el propietario y un trabajador de un gimnasio por un manifiesto y las concentraciones, especialmente del 3 de octubre del 2017. Se archivó la causa por buena parte de los encausados y se está a la espera de que la Audiencia de Tarragona haga lo mismo con el resto.

Igualmente se archivaron las caues abiertas contra un vecino de Reus por haber replicado la página web del referéndum y un mecánico de la ciudad por negarse a arreglar un coche particular de un policía nacional. Una vecina de Reus que hizo un tuit contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena fue absuelta en segunda instancia.

En Mont-roig del Camp un guardia civil denunció a cuatro votantes por lesiones, atentado a la autoridad y desobediencia. Respecto de tres ya se archivó la causa, y ahora se espera que la Audiencia archive el caso contra el cuarto. En Valls, un hacker de 19 años de Anonymous se enfrenta a 18 años de prisión por ataques informáticos a instituciones del estado antes y después del 1-O.

Estos mismos abogados voluntarios mantienen abierta una querella contra la Guardia Civil, el coronel Diego Pérez de los Cobos, coordinador del dispositivo policial conjunto, jefes, cargos y mandos responsables de las actuaciones llevadas a cabo el 1-O en Mont-roig del Camp. La querella se archivó provisionalmente, así como muchas otras por delitos de odio, injurias y otros supuestos delitos cometidos contra personas o entidades soberanistas.

En el Camp de Tarragona, se han cerrado muchos de los procedimientos penales de hechos ocurridos el 1-O. El juzgado de Instrucción 2 de Tarragona, que era el que estaba de guardia aquel día y donde fueron a parar la mayoría de denuncias, ha ido archivando muchas diligencias.

Juristes per la República sólo tiene media docena de causas abiertas por hechos ocurridos en la plaza Imperial Tàrraco de Tarragona y a pequeños pueblos del Alt Camp y la Conca de Barberà, dónde la Guardia Civil actuó. En Vilabella hay dos casos, uno de los cuales es contra un camionero ucraniano que fue a proteger a los vecinos y está acusado de haber roto la falange de un dedo a un guardia civil.

En Cabra del Camp, la exjueza de paz Rosa Canela quedó absuelta en el juicio por haber hecho un escrito crítico con la policía.

En las Terres de l'Ebre se archivó la causa abierta en la Audiencia Nacional por injurias en la corona contra un vecino de Tivissa (Ribera d'Ebre) y también se investigan las cargas de la Guardia Civil que sufrieron los votantes en Sant Carles de la Ràpita (Montsià). Más de unas ochenta de personas acreditaron haber padecido lesiones como consecuencia de la intervención policial y en torno a la mitad, entre 35 y 40, mantienen abierta la denuncia por los hechos. Varios agentes del instituto armado, identificados gracias a las imágenes grabadas durante las cargas, ya han prestado declaración como investigados en el juzgado número 4 de Amposta, que instruye el caso. El procedimiento, sin embargo, avanza lentamente ante los numerosos recursos presentados y las dificultades para que declaren todos los agentes identificados.

En las comarcas gerundenses, las cargas policiales durante el 1-O en Girona, Sant Julià de Ramis y Aiguaviva desembocaron en una querella presentada por los ayuntamientos con el apoyo de los abogados voluntarios. La querella agrupa las denuncias de unos 300 heridos y el juzgado instructor ya ha concluido la instrucción con una treintena de policías y guardias civiles inicialmente investigados, aunque los agentes de la Benemérita de Sant Julià de Ramis han quedado fuera del procedimiento.

Sí que llegarán a juicio por la vía civil los destrozos que los guardias civiles causaron en el pabellón de Sant Julià de Ramis, valorados en más de 12.000 euros. El Ayuntamiento presentó una demanda contenciosa-administrativa contra el Ministerio de Justicia y la causa ya tiene fecha para el juicio: será el 2 de noviembre a Madrid.

También hay cinco mandos de los Bombers de Girona investigados. Al día siguiente del referéndum, un convoy de protesta pasó por delante la comandancia de la Guardia Civil de Girona. Eran vehículos del cuerpo que llevaban pancartas favorables al 1-O, y que hicieron sónar los cláxones y las sirenas cuando circulaban por delante del cuartel. A raíz de eso, la fiscalía presentó una denuncia y los cinco mandos de los Bombers tuvieron que declarar en el juzgado. La causa continúa abierta para todos ellos y actualmente el juzgado está practicando diferentes diligencias para aclarar la implicación de cada uno.

Causas derivadas del 1-O
Indirectamente relacionadas con el 1-O hay otras causas, algunas ya juzgadas, como las seguimiento contra varios manifestantes por desórdenes públicos durante octubre y noviembre del 2017, o el invierno y primavera del 2018, como el activista Tamara Carrasco, como supuesta líder de varios CDR, y participantes en las protestas posteriores a la sentencia del Supremo en octubre del 2019. Carrasco fue juzgada este lunes y se enfrenta a siete meses de prisión por incitación a los desórdenes públicos, después de haber sido acusada inicialmente de terrorismo por la Audiencia Nacional y haber tenido que pasar meses confinada en su municipio. Otro joven CDR, Adrià Carrasco, huyó a Bélgica justo antes de que lo detuvieran.

Dos miembros de los CDR están siendo investigadas para tirar heces en las puertas del juzgado de Reus y un joven de Tarragona está pendiente de un recurso por una acusación de desórdenes públicos. De hecho hay varias causas abiertas por protestas violentas en estas comarcas. Un total de 23 personas están siendo investigadas por disturbios en la ciudad de Tarragona ahora hará un año, dos de los cuales se pasaron cinco semanas encarcelados.

También derivada del 1-O están las dos causas por desobediencia contra el presidente de la Generalitat Quim Torra, que ha sido inhabilitado un año y medio por desobedecer a la Junta Electoral Central la primavera del 2019 al no retirar a tiempo una pancarta a favor de los políticos presos. Todavía tiene otra causa pendiente similar por no retirar la misma pancarta en septiembre del 2019.

Por otra parte, el exconseller de Interior, Miquel Buch, también era investigado por el TSJC por haber contratado de asesor un sargento de los Mossos d'Esquadra que había escoltado Puigdemont a Bélgica. Del mismo entorno de Puigdemont, está investigado Josep Lluís Alay, exsecretario de Gobierno, director de la oficina del expresidente, por malversación de fondos públicos y prevaricación por un viaje a Nueva Caledonia durante el referéndum de autodeterminación de noviembre del 2018 y peajes de autopista por visitar a los políticos encarcelados en Lledoners. Alay y Jaume Matamala, amigo de Puigdemont, también fueron investigados por ayudar Puigdemont en el viaje entre Finlandia y Alemania, cuando fue arrestado. De hecho, dos mossos que escoltaban Puigdemont cuando fue arrestado en Alemania en marzo del 2018 se enfrentan a penas de tres años de prisión en la Audiencia Nacional por un delito de encubrimiento.

Uno de los casos más paradigmáticos es la investigación contra varios profesores del IES Palau de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat) por supuestos comentarios humillantes contra la Guardia Civil, justamente en un centro donde estudian muchos hijos de miembros de este cuerpo armado. Se abrieron varias causas a instancias de la fiscalía y asociaciones de guardias civiles, pero se han ido archivando. En la Audiencia de Barcelona hay recursos pendientes de resolución.

En la Seu d'Urgell pasó una cosa similar. Ocho profesores de Primària del colegio Mossèn Albert Vives fueron acusados de incitación al odio por el tratamiento que hicieron a clase de los hechos del 1-O. El juzgado y la Audiencia de Lleida archivaron la causa, pero la fiscalía lo recurrió.
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