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La CUP, sobre Hard Rock: «La sentencia del TSJC contra el PDU tiene que poner punto y final a un proyecto moribundo»

Los anticapitalistas acusan al Govern de impulsar «una operación encubierta para desviar fuentes públicos a intereses privados»

Campos agrícolas donde está previsto el Centro Recreativo y Turístico (CRT) de Vila-seca y Salou y al fondo PortAventura.

Centro Recreativo y Turístico (CRT), Vila-seca, Salou, Hard RockACN

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La CUP pide al Govern que ponga punto y final al «proyecto moribundo» de Hard Rock en la Costa Daurada después de que el TSJC haya anulado parcialmente el Plan Director Urbanístico (PDU) donde se prevé el complejo turístico y de ocio. «No responde a las necesidades prioritarias de la población, es nocivo para el territorio y los trabajadores, comporta un peligro para la salud pública y que malbarata los recursos de las arcas públicas», señala en un comunicado. La formación anticapitalista considera que la sentencia se suma a las múltiples prórrogas, incertidumbres y «presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos que han caracterizado un proyecto contrario al bien común y el interés público».
En este sentido, considera la CUP que la resolución judicial «agudiza los riesgos por los fondos públicos ya que el acuerdo entre el Institut Català del Sòl, la Caixa y Hard Rock está supeditado al plan urbanístico que los tribunales acaban de declarar nulo».

Por lo tanto, la CUP exige al Govern que deje de poner todos los esfuerzos «en una operación encubierta por desviar fondos públicos a intereses privados». Una operación que califican de auténtico fraude porque «con dinero público se estaría rescatando unos terrenos financieramente tóxicos de La Caixa». «Una operación que convierte a la Generalitat en promotora inmobiliaria y, además, en acreedora del 80% del coste de los terrenos», añaden.

La CUP también denuncia la opacidad de los departamentos de Economia y Territorihasta el punto de desatender, dicen, sin justificación, las múltiples solicitudes de comparecencias que ha hecho el Parlament de Catalunya al vicepresidente Pere Aragonès y al conseller Damià Calvet.

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