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El martell hidràulic treballant just davant dels ecologistes que s'oposen al parc eòlic de Lo Vedat del Pany.

Denuncian que la central eólica de Vedat del Pany se construye con autorizaciones caducadas

El martillo hidráulico trabajando justo delante de los ecologistas que se oponen al parque eólico del Vedat del Pany.

Empresa asegura que la declaración de impacto de la central del Vedat del Pany seguía vigente

La autorización de 2019 se habría otorgado dos semanas antes de que se agotara el plazo previsto por la ley estatal

Actualizada 25/09/2020 a las 16:00

El Departament d'Empresa ha defendido la tramitación y autorización de la central eólica de Vedat del Pany, en Riudecols y Duesaigües, después de la denuncia en Fiscalía del grupo ecologista GEPEC por supuestas prevaricación y delito ambiental en el procedimiento. Los conservacionistas señalaban al exdirector general de Energía y Minas, Pere Palacín, como responsable de autorizar administrativamente el proyecto sin la preceptiva declaración de impacto ambiental (DIA) en vigor, porque habría caducado años atrás. Fuentes de Empresa consultadas por ACN interpretan que, de acuerdo con la Ley de Evaluación Ambiental española de 2013, Palacín otorgó el permiso el 28 de noviembre de 2019, sólo dos semanas antes que se agotara la vigencia de la DIA.
 
Desde el Departament consideran que el revuelo a raíz de la legalidad de la aprobación de la central eólica, fuertemente cuestionada por los conservacionistas y varias entidades sociales del territorio, responde a una interpretación diferente del procedimiento administrativo a raíz del cambio normativo que supuso la aprobación de la Ley de Evaluación Ambiental por parte del entonces gobierno español del PP. En este sentido, consideran que el proceso de aprobación ha sido validada por los servicios jurídicos y consideran fuera de lugar las acusaciones de prevaricación en la tramitación.


Concretamente, apuntan, la disposición transitoria primera de esta ley, publicada en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) el 12 de diciembre de 2013, especifica que las declaraciones «publicadas con anterioridad a la entrada en vigor» de esta norma «perderán su vigencia» y sus efectos «si no se hubiera empezado la ejecución de proyectos o actividades en el plazo de seis años desde la entrada en vigor de la ley».

Así pues, Empresa se aferra al hecho que el 28 de noviembre de 2019, cuando se otorga nuevamente autorización administrativa a la promotora Esbrug SL –que ya lo había obtenido en 2009 sin llegar nunca a iniciar las actuaciones- todavía faltaban dos semanas para que se agotara el plazo de seis años de validez de la DIA.

En su denuncia en Fiscalia, el GEPEC argumentaba que las declaraciones tienen una vigencia de cinco años y, tomando como referencia en 2008, cuando fueron elaborados la mayoría de informes del trámite inicial, la hacía vigente hasta 2013. Apuntaban que si se se estableciera el contador en el momento de ser publicada en el DOGC por parte del Departament de Territori i Sostenibilitat, el 6 de junio de 2012, habría caducado ya a mediados de 2017. Así pues, consideran que la Generalitat habría tenido que forzar a la promotora a reiniciar el procedimiento desde el principio para obtener la autorización administrativa y la aprobación de la DIA.

Los ecologistas, incluso, recordaron un caso similar de una central eólica en Prat de Comte y Pinell de Brai de la misma época que acabó decayendo porque el Departament de Territori habría certificado que la DIA ya no estaba en vigor después de cinco años obligando al promotor a reiniciar todo el trámite. El GEPEC, incluso, pidió hace meses al mismo Departament un pronunciamiento formal sobre el caso concreto del Vedat del Pany sin encontrar respuesta, de momento. ACN se ha puesto en contacto también con Territori pero todavía no ha podido conseguir un pronunciamiento oficial sobre el caso.

El inicio de las obras en torno a la ermita de Puigcerver, en Riudecols, a finales del pasado mes de agosto, ha reavivado el movimiento de contestación social al proyecto. De momento, sin embargo, el GEPEC, que asegura haber analizado todo el caso, es la única entidad que ha decidido dar un paso en el ámbito judicial con la denuncia en Fiscalia. Aparte de iniciar un procedimiento penal por prevaricación y delitos ambientales contra, principalmente, el exdirector general de Energía y Minas, reclaman la paralización de las obras porque, consideran, podrían ser nulas de pleno derecho y podrían generar daños irreversibles en un espacio natural donde habitan especies animales y vegetales protegidas.
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