Diari Més

Atemptats Barcelona i Cambrils

El juicio por los atentados del 17-A en Barcelona i Cambrils comenzará el 10 de noviembre

Los tres acusados se enfrentan a una petición fiscal de entre 8 y 41 años de prisión por su papel en la célula terrorista

Imagen de archivo del atentado de Cambrils.

atentado de Cambrils, 17-AEfe

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La Audiencia Nacional ha señalado para el próximo 10 de noviembre el inicio del juicio por los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils, en el que los tres acusados se enfrentan a una petición fiscal de entre 8 y 41 años de prisión por su papel en la célula terrorista.

Tres años después de los atentados en los que murieron 16 personas y 140 resultaron heridas, el caso llega a juicio ante la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, según ha anunciado en su perfil de Twitter el diputado de JxCat Jaume Alonso-Cuevillas, abogado de la familia de una de las víctimas del 17-A, y han confirmado a Efe fuentes jurídicas.

Según la interlocutoria, a laque ha tenido acceso Efe, la vista tiene que empezar el 10 de noviembre y se desarrollará «durante los días siguientes hasta su conclusión» en la sede de San Fernando de Henares (Madrid), de forma que los acusados tienen que permanecer «en centros penitenciarios próximos a Madrid para garantizar su derecho de defensa».
Se sentarán en el banquillo Mohamed Houli Chemial, superviviente de la explosión en el chalé de Alcanar; Driss Oukabir, a cuyo nombre se alquiló la furgoneta utilizada en Las Ramblas; y Said Ben Iazza, quien presuntamente prestó a la célula una furgoneta frigorífica en la que transportar el peróxido de hidrógeno que precisaban para fabricar los precursores de los explosivos.

Para los dos primeros la Fiscalía pide 41 y 36 años de prisión, respectivamente, por los delitos de integración en organización terrorista, fabricación, tenencia y depósito de sustancias explosivas; y conspiración para el delito de estragos terroristas; y para el tercero solicita 8 años de cárcel por colaboración con la célula.

En la resolución, el tribunal hace un recorrido por las pruebas solicitadas por las partes que considera «innecesarias» y que, por lo tanto, rechaza practicar durante el juicio, entre ellas diversas pruebas testificales o periciales.

Así mismo, la Sala considera que, «indudablemente», no es el «momento procesal» para solicitar la responsabilidad civil, directamente o subsidiaria, del Estado, «tal como hacen algunas de las acusaciones particulares», cosa que ya rechazó el pasado 9 de julio.

Sin perjuicio, prosigue la interlocutoria, de la obligación del Estado reflejada en la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que establece que «en ningún caso el abono previsto en este artículo supone la asunción de responsabilidad civil subsidiaria del Estado a los procesos penales».

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo piden prisión permanente para Oukabir y Houli Chemlal por 15 presuntos delitos de asesinato terrorista, un delito por el que la Fiscalía no les acusa ni fueron procesados, si bien la Audiencia abrió la puerta a que lo plantearan las acusaciones. Para el tercer acusado, solicitan entre 25 y 30 años de cárcel.

También figuran como acusación en la causa el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat, que piden penas de hasta 95 y 44 años de cárcel, respectivamente, descartando también los delitos de asesinato. No así el consistorio de Cambrils, que pide también una pena de prisión permanente para Oukabir y Houli.

Para Ben Iazza, tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Barcelona solicitan ocho años de prisión por colaboración con organización terrorista.

Los tres acusados llevan tres años en prisión provisional a la espera de juicio, con lo que en agosto del próximo año se cumple el límite máximo de 4 años de encarcelamiento preventivo, por lo que urgía sentarlos ya en el banquillo.

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