El gobierno del Vendrell urge a la Escuela Municipal de Música la licencia ambiental, pendiente desde hace diez años

Martínez recuerda que el Ayuntamiento es arrendatario del espacio y asegura que la empresa no ha obtenido el certificado ambiental por la falta de varios documentos que no ha podido acreditar por culpa de la quiebra de la compañía inicial. Explica que los últimos meses los servicios municipales están colaborando con la compañía para recopilar todos los archivos necesarios. «Estamos haciendo un trabajo de arqueología por obtener los papeles», relata, mientras garantiza que «el edificio se construyó conforme a la normativa y no hay riesgo que tenga que caer».

Desde la oposición, ERC-Som Poble, Primàries y Podem señalan que existe un informe donde se concluye que no se ha obtenido la licencia ambiental porque falta acreditar varios aspectos relacionados con el riesgo de incendio y la comprobación de los recorridos de evacuación. En paralelo en el certificado ambiental, la oposición también avisa de que un informe técnico detalla hasta 27 carencias de mantenimiento. Entre otros, está la falta de control de legionelosis, la falta de actualización del sistema de calefacción, goteras pendientes de reparar o extintores sin revisar.

De cara a la reapertura del centro en septiembre, el alcalde no se plantea la posibilidad de que no se haya obtenido la licencia ambiental y evita responder si el consistorio abrirá la escuela de música en caso de que no se disponga de este documento. Martínez insiste en que exigirán la documentación a la empresa y, si no la tiene, estudiarán llevar el caso a los tribunales por incumplimiento del contrato. Si hubiera que hacer reparaciones, adelanta que las asumiría subsidiariamente el Ayuntamiento y después lo reclamaría a la compañía.

Pero la licencia ambiental no es el único motivo de disputa y negociación entre el Ayuntamiento del Vendrell y los propietarios del edificio de la escuela de música. Las dos partes han sido embarcados en un litigio judicial por motivos económicos que se cerró a finales de2019. El motivo era la rescisión de una ampliación de contrato que alargaba el arrendamiento hasta 35 años –en vez de los 30 iniciales- incrementando 30 MEUR los 4,6 iniciales.

En 2015 el Ayuntamiento invalidó la ampliación al detectar que aquel sobrecoste se había sacado adelante sin los informes preceptivos de la Intervención municipal y de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat. La anulación, sin embargo, fue recurrida por la sociedad Escuela de Música y Auditorio Plaça Tívoli, que reclamó una indemnización. Después de años en los tribunales, finalmente el Ayuntamiento y la empresa acordaron que el consistorio pagaría 2,4 MEUR. Un importe que se hizo efectivo a finales del 2019.

«La vertiente económica está satisfactoriamente cerrada porque no pagaremos los 30 millones del segundo contrato. Estamos liberados de aquella espada de Demòcles», apunta el alcalde, que lamenta que quede abierta la disputa por la licencia ambiental. «Les estamos ayudando para qué lo obtengan, porque nosotros somos los primeros interesados en este documento, aunque la obligación de tenerlo es de ellos,» añade Martínez.

El alcalde avisa de que, si no lo obtienen, el consistorio entenderá que están incumpliendo el contrato y, por lo tanto, el Ayuntamiento se opondrá a pagar el alquiler e irá a la vía judicial si hace falta». En este sentido, a día de hoy el consistorio ya ha devuelto varias facturas a la empresa porque asegura que que no se está haciendo cargo de todas las tareas de mantenimiento en que está obligada.

El sobrecoste de la escuela, pendiente de la Fiscalía

Con respecto al contrato de ampliación de la Escuela de Música aprobado en el 2009 y anulado en el 2015, el Ayuntamiento trasladó todos los expedientes a la Fiscalía para la cual investigue si hubo alguna irregularidad en la aprobación del sobrecoste de 30 MEUR. Martínez remarca que el contrato se rescindió «por deficiencias en la tramitación» y pide aclarar si la falta de informes de Intervención y de la Generalitat «fueron un descuido voluntario o involuntario». La causa es al Ministerio Público desde principios de este 2020.