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Preocupación en los organismos de empleo del Campo de Tarragona por el recorte del 55%

Las entidades no entienden que con un escenario de más paro se queden sin recursos para ayudar a la gente a encontrar trabajo

Un grupo de ciudadanos hace cola en el Servicio de Ocupación de Cataluña.

Preocupación en los organismos de empleo del Campo de Tarragona por el recorte del 55%ACN

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Los organismos autónomos de empleo y emprendeduría del Campo de Tarragona expresan su preocupación delante del anuncio del Estado de recortar en un 55% los fondos destinados a impulsar políticas activas de empleo por este 2020. Una bajada millonaria de los recursos disponibles que les impactará directamente a la hora de ofrecer programas de formación y de inserción laboral a personas desocupadas de cara el año que viene. Las entidades consultadas por el ACN discrepan de la decisión del ministerio de Trabajo en el contexto actual, en medio de la pandemia de la covid-19 que está causando estragos económicos y un avalancha de ERTEsy, en consecuencia, un aumento de personas sin trabajo.
La competencia en políticas activas de empleoes estatal y el dinero se transfiere a las comunidades autónomas. En el caso de Cataluña, en el 2019 se recibieron 388 millones de euros, mientras que ahora percibirá 173. La partida la gestiona el Departamento de Trabajo a través del Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC), que abre convocatorias de proyectos específicos a las cuales los organismos municipales se presentan, y es de aquí de dónde sacan buena parte de los recursos para desarrollar sus acciones. Muchos de estos proyectos son anuales y el personal que los gestiona generalmente tiene un contrato temporal vinculado a estos programas. Según advierten desde los organismos eso causará una paradoja, que es que personas que se dedican a ayudar a encontrar trabajo, se quedarán en paro. De entre los perfiles profesionales más perjudicados por la situación hay los Agentes de Ocupación y Desarrollo Local (AODL). El Estado justifica la decisión porla necesidad de destinar más recursos a las prestaciones por desempleo.

Las cinco entidades del Campo de Tarragona que sufrirán el recorte son Tarragona Impulsa (Tarragona), Mas Carandell (Reus), Concactiva (Conca de Barberà), Idetsa (Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant) y Vallsgenera (Valls). Aseguran que la reducción de dinero hará disminuir la calidad del servicio que ofrecen a los desocupados. Las cinco, además, colaboran gracias al acuerdo que tienen desde hace unos años, conocido como la Declaración de la Cessetània.

Para hacer patente el malestar, algunos alcaldes de estos municipios, como Reus y Valls, se han adherido a la carta que una setentena de alcaldes catalanes enviaron hace unos días al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en la cual le reclamaban que rectificara. Paralelamente también se está terminando un documento conjunto entre los miembros del grupo de la Cessetània dirigido al Departamento de Trabajo. «Queremos que se garantice la viabilidad de los programas y la continuidad del personal técnico, especialmente los AODL, para que hagan políticas activas», adelantael consejerode Ocupación del Ayuntamiento de Tarragona y dirigente de Tarragona Impulsa, Manel Castaño.

Recorte millonario

Aunque el recorte definitivo que sufrirá cada organismo dependerá de cómo se acaben adjudicando los proyectos, todos tienen claro que será importante. Desde el Ayuntamiento de Reus ya lo han estimado en un millón de euros. Tarragona Impulsa recibe más de 3 millones anuales vía SOC, con lo cual calculan que perderán aproximadamente un millón y medio.

El resto de organismos no se atreven a dar una cifra, pero el gerente de Concactiva, Jordi Paris, cree que los afectará más que en otros lugares. «Ya esperábamos un recorte, porque hasta ahora el SOC funcionaba con concurrencia competitiva, y se quería pasar a un modelo de concertación territorial», comenta. Es decir, se publicaba una convocatoria, los organismos se presentaban y los mejores proyectos tenían financiación. La intención es pasar a un modelo donde el dinero esté vinculado al volumen de población del territorio. «Como tenemos técnicos que presentan muy bien los proyectos, por concurrencia competitiva ganábamos convocatorias que por población quizás no nos tocaban», indica Paris. A pesar de eso, defiende al modelo que se quiere implementar «porque los proyectos serán para cuatro años y eso dará estabilidad a los técnicos y podrán planificar mejor».

Afectación en «la trinchera» de la ocupació

Desde de Idetsa, su gerente, Joan Ramon Benaiges, defiende un acuerdo entre «todas las administraciones» porque«sino se prevé un plan de acción conjunto puede afectar muchísimo en los ayuntamientos». Benaiges apunta que los consistorios son «la trinchera» porque son los primeros arecibir las demandas de los ciudadanos. «Jóvenes, nuevos parados, empresas con ERTE... nos afectará y estamos muy preocupados», señala. En la misma línea se manifiesta Rosa Rovira, concejala de Ocupación de Valls y presidenta de Vallsgenera. «El día siguiente de la crisis sanitaria puede ser tan duro que lo que no puede hacer al gobierno español es sólo pensar en pagar el paro hoy. Tiene que tener una mirada más larga y ver que el paro que viene se tiene que atacar con políticas activas de ocupación», señala.

Por eso, desde los organismos se pide un esfuerzo a las administraciones para que compensen la bajada de recursos, aunque reconocen que será complicado. Benaiges, por ejemplo, concreta que el recorte viene del Estado, pero que la Generalitat «tiene capacidad de decidir redistribuir sus gastos», en referencia al resto del presupuesto del Gobierno. Desde la Conca de Barberà, Paris cree que es complicado que en la comarca los ayuntamientos pequeños aporten más dinero de los que ya ponen y, en Valls, Rosa Rovira se muestra prudente sobre los cuales podrá hacer el consistorio. «Intentamos redistribuir para dar apoyo al tejido empresarial y comercial, del cual depende la ocupación de la gente de nuestro territorio, y no lo pensamos desatender», comenta, a la vez que se muestra partidaria de reclamar a la Generalitat y al Estado.

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