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Imatge d'arxiu de la planta incineradora al polígon de Constantí.

Un doctor de la URV denuncia la «rebaja de las exigencias» del estudio de riesgo de la incineradora de Constantí

Imagen de archivo de la planta incineradora en el polígono de Constantí.

Diari Més
Josep Ll Domingo

Josep Ll Domingo

Josep Ll Domingo

Un doctor de la URV denuncia la «rebaja de las exigencias» del estudio de riesgo de la incineradora de Constantí

Fuentes de Territori indican que la URV no ha enviado ningún comunicado y que se trata de una denuncia a título individual
  • Redacció

Actualizada 11/03/2020 a las 19:54

La URV se había encargado desde 1999 de los estudios sobre el riesgo en la salud de la población derivados de las emisiones de compuestos tóxicos y cancerígenos de la incineradora de residuos tóxicos y peligrosos de Constantí. Desde el 1 de enero, la actual propietaria de la planta, la empresa SARPI ha adjudicado estos análisis a Eurecat. Según denuncia el Dr Josep Lluís Domingo, Catedrático de Toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad Rovira i Virgili, y director de TECNATOX, lo hace «por motivos estrictamente económicos» y escoge una empresa «sin la más mínima experiencia en evaluaciones de riesgos sobre la salud por plantas incineradoras». Domingo lamenta que la Generalitat «sea tan blanda» con una empresa de alto riesgo que había sido ejemplar por los estrictos controles que se hacían cuando era de propiedad pública.

La URV, a través del Laboratorio de Toxicología y Salud Medioambiental, elaboraba los estudios de riesgo en la salud de la población de la incineradora de Constantí, a través de convenios y contratos con la Generalitat –que fue propietaria desde 1999 a 2015- y después con convenios con la actual propietaria SAPRI. Desde el pasado 1 de enero, estos estudios han dejado de ser controlados por la Universidad y se han «privatizado».

Territori indica que se trata de una decisión en el ámbito de la empresa privada
Diari Més ha podido hablar con la jefa de prensa del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat quien ha asegurado que las quejas del Dr. Josep Lluís Domingo son a título individual y que la URV no ha enviado ningún comunicado respecto a estos hechos.

En esta línea, asegura que Domingo era el encargado de realizar estos estudios, pero el mes de noviembre de 2019 la empresa SAPRI hizo un concurso público para la realización de estos estudios, concurso que ganó Eurecat, empresa de la cual muchos profesores de la URV forman parte.

Desde Territori han indicado a esta redacción que la decisión de SAPRI corresponde a una decisión en el ámbito de la empresa privada, motivo por el cual ni la Generalitat ni el Departament de Territori i Sostenibilitat, pueden decir nada al respecto. En caso de mala praxis por parte de la empresa adjudicataria de este concurso, sí que podrían intervenir, pero esta es hoy una suposición de futuro y no algo firme.

La Universidad Rovira i Virgili se ha desmarcado del escrito del Dr. Josep Lluís Domingo, según indican las mismas fuentes de Territori, las cuales han asegurado que es cierto que recibieron una carta de este doctor en toxicología, pero que no la respondieron porque se trata de una cuestión en el ámbito privado y ellos, repiten, no pueden entrar.

La denuncia del doctor en toxicología de la URV
Por su parte, Josep Lluís Domingo, ha señalado que este es un ejemplo claro de lo que suponen las privatizaciones de empresas públicas. «Se buscan los mejores investigadores para el control hasta que pasa a manos de una empresa privada donde lo más importante son los beneficios de los accionistas y no los rigurosos controles sanitarios», han denunciado.

También ha advertido que el grupo que se encargará de los estudios no tiene experiencia en el ámbito de las plantas incineradoras ni puede garantizar «la obtención de ciertas muestras biológicas», como las procedentes de tejidos de autopsia de la población local, que sólo pueden conseguir a los forenses, que son a la vez profesores de la URV. También lamentan que el seguimiento de exposición que se les hacía a los trabajadores de la planta haya pasado de hacerse cada año a hacerse cada dos años.

Considera que SAPRI intenta «salvar el expediente», trabajar con los requisitos de la autorización ambiental actual pero con menos costes, prescindiendo de la URV que había diseñado el programa de seguimiento de salud pública y a la cual ha ido incorporando cambios a lo largo de los años. El catedrático de la Universidad critica «la desidia absoluta» de la Generalitat para aceptar que no se puedan revisar estos controles y saber si se han hecho bien hasta dentro de cinco años, cuando acaba el contrato con SAPRI. «¿Y si no se han hecho bien, tiraremos atrás?», ha ironizado.
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