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La presidenta de l'Associació de Veïns de Bonavista, Loli Gutiérrez, repassant carpetes amb documentació sobre l'explosió a IQOXE, amb una altra membre de l'entitat.

Entre el miedo y el enfado: los vecinos próximos a IQOXE esperan soluciones un mes después de la explosión

La presidenta de la Asociación de Vecinos de Bonavista, Loli Gutiérrez, repasando carpetas con documentación sobre la explosión en IQOXE, con otra miembro de la entidad.

Entre el miedo y el enfado: los vecinos próximos a IQOXE esperan soluciones un mes después de la explosión

Denuncian que las aseguradoras no están actuando con celeridad para reparar los daños y reclaman más seguridad

Actualizada 14/02/2020 a las 09:27

Los vecinos próximos a IQOXE viven con una mezcla de sensaciones un mes después de la explosión. Emocionalmente todavía no se han recuperado del impacto que supuso la deflagración y los minutos de caos posterior, y aseguran que tienen miedo de que la situación se vuelva a repetir. A día de hoy las consecuencias del siniestro todavía son visibles en las calles de los barrios de Bonavista o Torreforta. Los afectados reclaman soluciones rápidas para arreglar los daños y que las administraciones tomen decisiones «rápidas y valientes» para garantizar la seguridad a las empresas y a la ciudadanía. Paralelamente, las instituciones se replantean la gestión de las emergencias químicas, la vía judicial sigue su curso e IQOXE quiere volver a producir a finales de marzo.

Carmen Alcalá es una de las vecinas de Bonavista afectadas por la explosión del pasado 14 de enero. Tiene una tienda de cocinas y carpintería en la calle U, el más próximo a la planta química, situada a unos 900 metros. «Estamos en primera línea de choque», señala. Desde dentro de la tienda se ve el polígono petroquímico con claridad. No hay ninguna construcción por el medio, tan sólo un par de descampados y la N-340. La deflagración fue atronadora y el efecto de la onda expansiva, brutal. Alcalá relata los hechos con pasión y desazón. Dos días antes de los hechos había acabado una reforma del local. Ahora, tendrá que hacer otro.

Un mes después, los efectos son perfectamente visibles. En la fachada, un par de cristales todavía están resquebrajados pendientes de ser sustituidos, y se pueden ver grietas en las paredes. En la mayor caben dos dedos, y otros están creciendo poco a poco. De hecho, todas las terrazas del edificio tienen, tanto horizontales como verticales, y metros de longitud. «La compañía de seguros vino el otro día y dice que han salido por el agua del temporal Gloria», explica indignada.

La batalla con las aseguradoras es el principal caballo de batalla que tienen ahora los vecinos. Afirman que van tarde y mal, porque no les dan soluciones. Este miércoles se acercó también el perito de la compañía contratada por IQOXE. «Vino, se lo miró, apuntó mucho y se marchó», narra Alcalá con cierta desesperación. Además, añade que en las reclamaciones no ha incluido «ni la mitad de los daños». «No cuentan con que hemos tenido que cerrar unos días y que no he podido atender clientes. Y ahora cuando tenga que volver a hacer obras, tendré que volver a cerrar», y pide «un poco de ayuda para poder pasar página».

Canalizar las reclamaciones
No saber cuándo podrán recuperar la situación anterior a los hechos los angustia. «Se tendría que haber solucionado todo al cabo de una semana. Estamos dejando pasar los días y la situación empeora», comenta Loli Gutiérrez, presidenta de la Asociación de Vecinos de Bonavista. Los más damnificados «son los de las calles U, Dos, Diecisiete y Dieciocho» y considera que «tendría que haber venido un arquitecto» a comprobar el estado de los inmuebles. «La situación es grave. Tembló todo. Estamos hablando de grietas en edificios en los cuales no está toda la seguridad para los vecinos», valora.

Desde la entidad echan una mano a los damnificados asesorándolos sobre cómo tienen que hacer las reclamaciones a las aseguradoras. En un par de cajas de cartón las acumulan todas, y también contactan directamente con las compañías para intentar agilizar los trámites. Han ayudado a tramitar más de un centenar de expedientes, a los cuales se tienen que añadir los vecinos del barrio que lo han hecho directamente. «Entre todos quizás son un poco menos de 200», concreta Gutiérrez.

Paralelamente, tres días después de la explosión, el Ayuntamiento de Tarragona puso en marcha un teléfono para asesorar a los vecinos en estos trámites y para canalizar las preocupaciones que pudieran tener por el estado de los inmuebles. Desde el consistorio informan de que se han recibido 30 llamadas, de las cuales tres han pedido ayuda para hablar con las aseguradoras.

Cambios en la gestión de la emergencia
Como presidenta de la asociación, Gutiérrez acepta y ejerce el papel de líder de opinión entre el vecindario. Reconoce que un mes después de la explosión en Bonavista la gente le traslada que todavía tienen miedo. Por los hechos de hace un mes y por la posibilidad que vuelva a suceder. Además, se queja porque nadie nos informa. «Pasan los días y como si no hubiera pasado nada. Pedimos responsabilidades, seguridad y unas sirenas que suenen. Nos sentimos solos», asegura Guitérrez. Por eso insiste en que los políticos espabilen y apunta que «el Plaseqta ya tendría que estar hecho».

Precisamente la gestión de la emergencia es uno de los aspectos que más polémica ha generado entre la sociedad de todo el Camp de Tarragona. La ausencia de una comunicación rápida y fluida entre las autoridades y la población, la falta de planes de evacuación, que no sonaran las sirenas por riesgo químico o la falta de formación de la ciudadanía sobre qué hacer en estos casos han sido algunos de los aspectos que se han puesto encima de la mesa.

Desde el Camp de Tarragona se ha reclamado que la gestión del Plaseqcat retorne al territorio, con la recuperación del Plaseqta, pero actualizado y adaptado a la realidad actual. La presidenta de los vecinos pide celeridad y plantea un caso concreto. ¿«Si hay un accidente mientras hay miles de personas en el mercado de los domingos de Bonavista, qué hacemos? ¿Hay plan de evacuación? ¿Las personas en las cuales se los han crujido los cristales de casa, también se tienen que confinar»?, cuestiona.

Ya se han hecho varias reuniones al más alto nivel político, en las cuales también han participado entidades sociales, vecinales y sindicatos, y todo apunta que la emergencia se volverá a gestionar desde Tarragona trece años y unos cuantos accidentes después. Falta para ver qué recogerá el documento y qué novedades habrá. Una de las que se ha comentado, y que tanto la Generalitat como los municipios y entidades verían con buenos ojos, es la implantación del sistema Cell Broadcasting, que permite enviar un SMS a todos los dispositivos móviles de una determinada zona. La medida tiene que ser tramitada por el Estado.

Respuesta ciudadana
Todo tiene que permitir mejorar la seguridad en el polígono petroquímico. Esta es precisamente la principal demanda de la ciudadanía: seguridad. La sociedad tarraconense se ha hecho oír durante las últimas semanas. Al día siguiente de la deflagración más de 3.000 personas salieron a la calle en Tarragona para pedir, así como una mejor información. Nunca antes se había convocado una manifestación de estas dimensiones sobre la problemática.

También en los barrios se han organizado marchas, conjuntamente con vecinos de la Canonja, el municipio donde está situada IQOXE. De hecho, están siendo los más insistentes, ya que cada martes salen a la calle para reclamar cambios. En cada convocatoria reúnen entre 300 y 500 personas, aproximadamente.

La próxima gran cita será el miércoles 19 de febrero, cuando CCOO y UGT han convocado una huelga a toda la petroquímica. Además, por la tarde hay prevista una manifestación por el centro de Tarragona en la cual los barrios se sumarán a través de una marcha previa. La intención es volver a reunir miles de personas con la voluntad de que la problemática no caiga en el olvido.

¿Y las empresas químicas, qué?
Durante este mes el papel de las empresas del polígono petroquímico de Tarragona ha sido discutido por la sociedad, administraciones y sindicatos. El principal blanco de las críticas ha sido IQOXE. Protección Civil la acusó de falta de transparencia y de no haber colaborado en la gestión de la emergencia. Algunas administraciones y entidades, también de velar más por sus intereses económicos que por la seguridad de los trabajadores y de la ciudadanía. De hecho, desde el primer momento se apuntó que una de las causas del siniestro podría ser una plantilla demasiado corta y en condiciones precarias. Incluso por parte de la Generalitat se le pidió más colaboración.

El Gobierno también hizo un toque de atención a la Asociación Empresarial Química de Tarragona (AEQT), la entidad que aglutina las empresas del polígono petroquímico. La crítica fue por el rol que tiene que jugar el AEQT en la mejora de la seguridad, ya que la entidad no estaría asumiendo ningún compromiso a la hora de presionar las compañías para que tomen determinadas medidas.

Aparte, la producción de diferentes empresas importantes se está viendo afectada por la deflagración de IQOXE. Esta empresa es la única del sur de Europa que fabrica óxido de etileno, y suministra a otros de su entorno, como Repsol, Dow Chemical o Clariant. «El polígono depende de nuestro óxido de etileno», aseguran desde de IQOXE. Las compañías detuvieron parte de la producción por falta de materia prima, y finalmente lo han tenido que ir a buscar en la otra punta de Europa, a la espera de que IQOXE reanude la actividad.

Un hecho que la compañía quiere que se produzca cuanto antes mejor. «Técnicamente, ya nos podemos poner en marcha», aseguran fuentes de la empresa. Sin embargo, el objetivo es reanudar la actividad «hacia finales de marzo». «Dependemos de las comprobaciones, y de los permisos del departamento de Industria y de Trabajo», indican. Los trabajadores han vuelto al trabajo y «están probando los equipos uno por uno, con procesos de agua y vapor para comprobar que funciona todo bien». Todos estos tests se hacen «con los permisos de Empresa y de Trabajo», aseguran. Desde la empresa se afirma que se quiere hacer todo correctamente y con las máximas garantías de seguridad.

La causa judicial continúa bajo secreto de sumario
Las causas de la explosión, que causó tres muertos, son el principal objeto de investigación de la justicia. La causa está en marcha y bajo secreto de sumario, a cargo del juzgado de instrucción número 1 de Tarragona. Fuentes judiciales han apuntado a la ACN que el plazo para personarse en la causa continúa abierto y que, hasta que no se acabe, no se hará un balance. Sin embargo, el Departamento de Trabajo de la Generalitat, el colectivo de juristas Sociedad Humana y la CGT -a través del colectivo Ronda- ya han manifestado públicamente la intención de personarse como acusación popular. También se espera que tomen parte los afectados. Por su parte, el Gepec también prepara una denuncia.

Mientras tanto, los Mossos d'Esquadra, en funciones de policía judicial, siguen investigando la empresa y las circunstancias del accidente. Tan sólo dos días después de la deflagración una comitiva judicial y policial registró las instalaciones de IQOXE en la Canonja y las de Plastiverd en el Prat de Llobregat, que forman parte del mismo grupo industrial, Cristian Lay. El 17 de enero también acudieron al Ayuntamiento de la Canonja para pedir información sobre la empresa.

Los investigadores quieren aclarar si la planta presentaba deficiencias o negligencias de mantenimiento, y si incumplía la normativa de seguridad laboral. De hecho, anteriormente Inspección de Trabajo había abierto media docena de expedientes a la empresa en materia de salud, seguridad laboral y condiciones de trabajo, y a raíz del incidente se anunció que se abrían tres más –uno de ellos por haber reanudado la actividad «sin evaluar riesgos».

En paralelo, IQOXE ha encargado al Instituto Químico de Sarrià (IQS) una investigación independiente sobre el accidente en la planta de la Canonja. Se mujer el caso que IQOXE forma parte desde el 2017 de las empresas colaboradoras de la Fundación IQS. Además, el jueves el Parlament aprobó por unanimidad crear una comisión de estudio de la seguridad de la petroquímica.
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