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Cèsar Puig, en una imatge d'arxiu, seu a la banqueta dels acusats a l'Audiència Nacional

César monte, valles|fosos

Cèsar Puig, en una imagen de archivo, se sienta en el banquillo de los acusados en la Audiencia Nacional

César Monte: «No contemplo otra cosa que no sea la absolución»

Empieza el juicio contra el exdelegado del Govern en Tarragona y Trapero por los hechos de Economía y el 1-O

Actualizada 20/01/2020 a las 08:26

El abogado vallense y ex-secretario general de Interior de la Generalitat entre los meses de junio de 2015 y octubre de 2017, será juzgado a partir de hoy el lunes en la Audiencia Nacional, en San Fernando de Henares, acusado del supuesto delito de rebelión, junto con el Mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero y el exdirector del cuerpo, Pere Soler, y de sedición a la intendente Teresa Laplana. Los presuntos delitos habrían sido cometidos en los hechos del 20 y 21 de septiembre del 2017 durante el registro de la Conselleria de Economía y a la jornada del referéndum del 1-O. Monte, actual director general de Servicios Consultivos y Coordinación Jurídica del Gabinete Jurídico de la Generalitat y exdelegado del Gobierno en Tarragona entre los años 2000 y 2004, manifestó en esta redacción que «no contemplo otra cosa que no sea la absolución». «No hay ningún tipo de indicios de rebelión ni de sedición», afirmó.

La fiscalía mantiene la imposición en Monte de una pena de 11 años de prisión. «Me atribuyen competencias que no tenía, ya que dice que –como secretario general de Interior– ejercía el mando de los Mossos», lo cual «no se corresponde con la estructura jerárquica». En este contexto, Puig recordó que a los exconsellers de Justicia y Gobernación, Carles Mundó y Meritxell Borràs, respectivamente, juzgados por el Tribunal Supremo, fueron sentenciados al pago de una multa de 60.000 euros y a un año y ocho meses de inhabilitación, según la sentencia que se hizo pública el 14 de octubre del año pasado. Puig remarcó que a los dos exconsejeros|exconsellers, «a los cuales les deseo lo mejor», la fiscalía «les pedía siete años de prisión y a mí 11». «No tiene ninguna explicación que a nosotros nos pidan una pena más alta», comentó el abogado vallense.

Puig confía en el hecho de que el cambio de Gobierno en el Estado y la sentencia del Tribunal Supremo del pasado octubre no influyan en el veredicto de su caso, de que también lo es el de Trapero, Soler y Laplana. «No me gustaría que tuviera alguna influencia, ya que querría decir que la Justicia no se mueve por|para sus parámetros sino por|para otros», dijo. «Hace treinta años que ejerzo la abogacía y pienso que la Justicia tiene que ser independiente y neutral», apuntó Puig, a quien las próximas semanas estará pendiente de todo lo que suceda a la Audiencia Nacional.

El ministerio público acusa a Trapero i Laplana de no haber hecho más para permitir una salida normal de la comitiva judicial de la Consejería|Conselleria de Economía el 20 de septiembre, y en Trapero, Monte y Soler los considera responsables del dispositivo «ineficaz» del 1-O con el fin de no impedir efectivamente el referéndum independentista.

El ministerio público entiende que Trapero, Monte y Soler son cargos subalternos y por eso, como el tenedor|horquilla de las penas que se pueden solicitar es de 10 a 15 años, la fiscalía se decanta por la franja baja. No obstante, podría modificar la calificación al inicio o al final de la vista oral, ya que el Tribunal Supremo descartó la rebelión para los líderes del proceso. En esta causa la única acusación la ejerce la fiscalía, ya que no están personados ni la Abogacía del Estado ni Vox, formación política que sí lo estaba en el Supremo.

En el escrito, se acusa Cèsar Puig de facilitar información y alertar de la actuación de otros cuerpos policiales del Estado desplegados en Cataluña para el 1-O, mientras que de Pere Soler determina que dio «cobertura y protección» a las personas implicadas en la organización del referéndum. También se acusa Trapero, Monte y Soler de construir una estrategia para «aparentar» que estaban dando cumplimiento|cumplido a las órdenes de detener el referéndum. «Elaboraron un plan|plano fraudulento, deliberadamente ineficaz», recoge el escrito. A más, los rendiréis, que, con su actuación, hicieron que el resto de los agentes del cuerpo no actuaran y promovieron «la inacción y la dejadez de funciones».

Por otra parte, en el escrito se apunta que la resistencia en los colegios electorales se preveía que fuera pacífica pero «con vocación de oposición y resistencia contundente». También les acusan de haber creado un sistema de comunicaciones paralelo al margen de los canales oficiales para compartir información y, en algunos casos, de movimientos de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil».

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