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Explosión en el polígono de Tarragona

El precio de convivir con la química

La explosión en Iqoxe, bajo investigación judicial, enciende más que nunca el debate sobre los beneficios y riesgos de la industria en el Campo de Tarragona

Actualizada 19/01/2020 a las 10:22

La explosión en la planta de Iqoxe, inmersa en una investigación judicial, ha sacudido el Campo de Tarragona. La industria química tarraconense siempre ha tenido partidarios y detractores. Los beneficios económicos de disponer del polo petroquímico más importante del sur de Europa son más que obvios. El Ayuntamiento de la Canonja, donde también se personaron los Mossos a buscar documentación de la fábrica accidentada, tiene un presupuesto sobredimensionado de 12,5 millones de euros gracias a los impuestos que pagan las químicas. Pero después del trágico accidente con tres muertos y siete heridos, la balanza inevitablemente se precipita hacia las voces contrarias. Metralla industrial disparada sobre zonas habitadas e información confundida durante el incidente han calado en una población que se siente vulnerable e indignada. El argumentario de la riqueza que revierte en el territorio se desvanece.
El mismo alcalde de la Canonja (Tarragonès), Roc Muñoz, se sentía muy contrariado. No sale del asombro que la noche de aquel fatídico martes no sonaran las sirenas de confinamiento, un sonido que a menudo se pone a prueba en el territorio con simulacros. Desde que se segregó de Tarragona, la Canonja ha pasado de barrio tarraconense a municipio rico. Ha dejado de tener deuda a disfrutar de superávit. Percibe grandes ingresos ya que acoge mucha industria a su término. El 85% del polígono sur está dentro de la Canonja.

Hay varios municipios que conviven con los dos complejos petroquímicos tarraconenses, el norte y sur, unidos por el rack que se construyó, para transportar los productos hasta el puerto, donde la actividad química representa el 60% de los movimientos. Pueblos pequeños se ven beneficiados con ingresos importantes. El Morell y la Pobla de Mafumet, enganchados al polígono norte donde está la refinería de Repsol, disfrutan de servicios e instalaciones fuera del alcance de cualquier pueblo de sus dimensiones.

Cerca el incidente, alcaldes de los municipios industriales reclaman que la comunicación mejore. La no activación de las sirenas de emergencias, pero con aviso de confinamiento preventivo del Plaseqta -visto como una contradicción para muchos-, y la confusión que imperó instantes después de la explosión sobre la toxicidad en el aire, han generado un alud|avalancha de críticas sobre la capacidad de reacción y gestión por parte de las administraciones que, a su vez, ha acabado degenerando en un intercambio de culpas.

«El miedo a generar alarma no puede pasar por delante de la seguridad de la población»
«Quien decidió no activar sirenas se la jugó mucho, como la ruleta rusa», dice Josep M. Torres portavoz de la Plataforma Cel Net. «Fue un despropósito de descoordinación y descontrol», añade. Torres considera intolerable que el miedo al alarmismo pudiera pasar por delante de la seguridad de la población. En su opinión, «la administración quiere evitar que nos alarmemos como si fuéramos menores de edad y eso hace que perdemos la confianza. Hace falta un trabajo con la ciudadanía», propone el ecologista.

Pero la plataforma se muestra reticente a la creación de una mesa de trabajo de Gobierno con el territorio porque cree que no hay voluntad de abordar el problema y plantarse delante de una industria «poderosa». A partir de aquí, defiende la tarea de las asociaciones vecinales y entidades ecologistas para ejercer de «contrapeso» delante «ligadas de manos en estos 'lobis'. Los municipios, como reciben subvenciones, están condicionados a no poder responder contra las empresas», lanza.

Ya hace tiempo que Cel Net advierte del «polvorín» que supone para el Camp, con una densidad de población de 300.000 habitantes, convivir con esta industria «bastante obsoleta», si bien la planta de Industrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe) era muy nueva. En junio del 2017 inauguraba las instalaciones para derivados del óxido de etileno, con una inversión superior a los 10 millones de euros. Se trata de una fábrica abierta el año 1978 que pasó por varias manos, como la multinacional Shell o La Seda de Barcelona.

«La probabilidad cero de accidente no existe»
Para el experto químico e investigador de la URV Francesc Castells, catedrático emérito, la máxima de la industria tiene que ser la mejora de la seguridad. «La probabilidad cero de accidente no existe», dice. Por lo tanto, se trata de minimizarla. El hecho de que saliera metralla industrial disparada a kilómetros de distancia -causante la muerte de un vecino de Torreforta ajeno a la fábrica- sorprende a este químico experimentado, que trabajó muchos años en las instalaciones de la antigua IQA -Iqoxe en la actualidad.

Cree que el trágico incidente asentará un «precedente». Castells advierte que este proyectil, y otras piezas que también salieron proyectadas, habrían podido impactar contra un almacén de gases inflamables. «Imaginaos qué habría podido pasar; se habría multiplicado», plantea. Según el experto, las válvulas de seguridad no aguantaron la sobrepresión por causas todavía desconocidas. «Hay que saber qué pasó por evitar que se vuelva a repetir y que todo el entorno se pueda proteger», apunta.

El nivel de seguridad en Iqoxe, en el punto de mira.
Iqoxe, que habría sido sancionada cuatro veces, niega, a través de un comunicado, que la planta estuviera al límite de producción. Asegura que, en el momento del accidente, sólo dos de los cinco reactores de la planta estaban en funcionamiento -por baja demanda-, y que cada uno de los reactores dispone de un doble nivel de seguridad. También añade que la plantilla estaba en continua formación en materia de seguridad y que siempre se ha mantenido la «plantilla adecuada» para garantizar «la producción segura».

Por el contrario, al cabo de la planta de Iqoxe, muerte en la explosión, «le preocupaba la seguridad de la fábrica» y que se mantuviera en plantilla a personal incompetente. Lo explica en un artículo un amigo del trabajador muerto. Castells, sin embargo, sostiene que la industria química «es relativamente segura». Según recuerda, desde 1987 no había habido un accidente de estas proporciones. «Hay que procurar minimizar esta probabilidad de accidente, porque el riesgo lo tenemos todos; hace falta tener en cuenta la seguridad y mejorarla», concluye.
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