Contencioso contra la Generalitat por el desmantelamiento de la línea entre Salou y Cambrils

El desmantelamiento de la vía de tren entre Salou y Cambrils llega al juzgado contencioso administrativo. Las asociaciones de Promoció del Transport Públic (PTP) y la Plataforma en Defensa del Ferrocarril (PDF) presentarán un recurso contra la Generalitat por su «inacción», «dejadez de funciones» y «incumplimiento reiterado» de la legislación ambiental, urbanística y ferroviaria. Las entidades quieren que se mantenga la línea y el servicio de cercanías a pesar de la puesta en marcha de la variante de Vandellòs e insisten que los ayuntamientos, ahora con el aval del Gobierno, hacen valer una declaración de impacto ambiental de 1998 para suprimir la vía de la costa. Según las asociaciones, el gobierno español se tiene que abstener de impulsar el desmantelamiento hasta la sentencia.

Representantes de ambas entidades mantuvieron dos reuniones en Madrid, una con el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), y otra con el de Fomento, con el fin de plantear la problemática que generaría el desmantelamiento del tramo entre PortAventura, Salou y Cambrils -donde se proyecta la futura implantación de un tren tranvía que, a día de hoy, no tiene fecha ni presupuesto.

Las entidades subrayan la «incongruencia» que, ante la emergencia climática, se proceda al cierre de una línea férrea «con demanda suficiente y electrificada y que se alimenta con energía certificada de origen renovable, y que se obligue a los más de 675.000 viajeros anuales a pasar al transporte por carretera».

Según informan las asociaciones en un comunicado, el secretario de Estado de Medio Ambiente fue «receptivo» y dijo que verían con buenos ojos «una revisión parcial de la declaración de impacto ambiental». Por su parte, añaden, el secretario de infraestructuras de Fomento «coincidió en la incoherencia ambiental del desmantelamiento y se comprometió a estudiar las peticiones».

Las entidades apuntan que, según Fomento, «la principal dificultad viene de la actitud de la Generalitat (que ha pasado de querer el traspaso a no quererlo) y de los alcaldes, que han ido expresamente a hacer presión por el desmantelamiento». En todo caso, subrayan las asociaciones, «quedó muy claro que ante una petición formal de la Generalitat de mantenimiento del servicio e inicio del traspaso, ellos accederían y actuarían en consecuencia».

Ante esta situación, las entidades de defensa del ferrocarril han tomado la decisión de interponer un recurso contencioso administrativo contra la Generalitat. Además, han pedido a los ministerios que se abstengan de hacer «ninguna acción que suponga avanzar hacia el desmantelamiento mientras la cuestión judicial planteada esté pendiente de sentencia».

Próximamente, la PDF y la PTP intensificarán las gestiones a fin de que diferentes grupos políticos y sociales «hagan explícito su apoyo al mantenimiento del servicio y traspaso de la línea, y lo comuniquen a todas las administraciones afectadas». Además, volverán a reclamar al Departament de Territori i Sostenibilitat que formalice la petición de mantenimiento del servicio e inicio del expediente bisiesto, «si no quiere quedar como único responsable de este desmantelamiento», concluyen las entidades.