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L'inspector dels Mossos Jaume Morón (esquerra) i del sergent Xavier Cunillera (segon per la dreta) en una roda de premsa el 2013.

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El inspector de los Mossos Jaume Morón (izquierda) y del sargento Xavier Cunillera (segundo por la derecha) en una rueda de prensa en el 2013.

A juicio el exjefe de los Mossos y un sargento por evitar una investigación contra dos policías de Vila-seca

Se enfrentan a 5 años de prisión y 7 de inhabilitación por omisión del deber de perseguir delitos y falsedad documental

Actualizada 14/11/2019 a las 09:07

La Audiencia de Tarragona juzgará en diciembre el intendente Jaume Morón, exjefe de los Mossos d'Esquadra en el Tarragonès, y el sargento Xavier Cunillera, acusados de evitar una investigación contra dos policías locales de Vila-seca que habían apaleado a un hombre. La fiscalía pide para cada uno cinco años de prisión, siete de inhabilitación y 7.200 euros de multa por supuesta omisión del deber de perseguir delitos y falsedad documental. Según el fiscal, los procesados obligaron una cabo a dejar la investigación y a cederla al sargento, el cual obvió en el juzgado informaciones clave–que identificaban a los policías como los autores de la paliza– para que archivara el caso. Un anónimo, sin embargo, permitió reabrirlo y llevar a los presuntos agresores a juicio.

El caso se centra en una cabo de los Mossos de Salou que en febrero del 2013 recibió de parte de un superior el encargo de investigar un caso con discreción. El mosso le explicó que se había enterado gracias a un informador de quién no podía desvelar la identidad por seguridad. Todo partía de una denuncia que un hombre se había presentado en la comisaría de Lérida para denunciar las graves lesiones que había sufrido la madrugada del 9 de enero del 2013 después de asistir a una fiesta privada en la discoteca 'Pachá La Pineda'. El hombre decía que no recordaba nada, pero que había descubierto que, aquella madrugada, alguien había llamado desde su teléfono móvil a la comisaría de la Policía Local de Salou.

Según el informador, los autores de las lesiones serían dos agentes de la Policía Local de Vila-seca que habrían recogido previamente al denunciante en el aparcamiento y lo habrían trasladado en coche hasta una zona no urbanizada de Cap Salou. Allí, uno de ellos lo habría agredido mientras lo gravaba todo con su móvil y el otro se esperaba dentro del vehículo policial.

La cabo de los Mossos empezó a investigar los hechos y se reunió con el sargento Cunillera con el fin de exponerle los avances que había hecho en la investigación. El sargento le pidió que recopilara todos los datos posibles para que él, a su vez, las pudiera comunicar a sus superiores.

Ella siguió indagando en el caso y el 13 de febrero el sargento le dijo que se reunieran con el intendente Morón, el cual le exigió en dos ocasiones que revelara la identidad del informador, con quién se había vuelto a reunir. Como la cabo se negó, el sargento dijo que sería él quien se ocuparía del caso a partir de aquel momento.

La fiscalía considera que el intendente, «sabiendo que con eso impediría el correcto desarrollo de la investigación y el esclarecimiento de los hechos delictivos, ordenó a la cabo que dejara de investigar los hechos y que se ocuparía el sargento, con quien se había concertado previamente con esta finalidad, alegando que era un caso que se tenía que trabajar bien y que podía crear un conflicto institucional entre los Mossos d'Esquadra y la Policía Local de Vila-seca». La fiscalía apunta que, los días siguientes, el sargento no llegó a contactar nunca con el encargado de seguridad de la discoteca -que estaba pendiente de comparecer a declarar en comisaría- y que había confirmado a la cabo que había imágenes de las cámaras de seguridad donde se veía a la víctima entrantdo en el vehículo de los policías locales. Tampoco reclamó, según el ministerio público, la grabación de la llamada que uno de los agentes hizo desde el teléfono móvil de la víctima en la comisaría de la Policía Local de Salou, donde pedía averiguar el domicilio de un hombre que querían acompañar a casa porque, según dijo, iba «muy borracho» y «le habían dado una buena paliza».

El 19 de febrero, el sargento le comunicó a la cabo que se tenían que reunir nuevamente con el intendente Morón para hablar de las gestiones que había hecho y sobre la información facilitada por su fuente. Según la fiscalía, cuando ella lo había explicado todo, el intendente le exigió de nuevo que revelara la identidad del informador. Ella se volvió a negar aduciendo motivos de seguridad y el intendente le prohibió hacer ninguna gestión más y le recordó que «simplemente era una cabo en una plaza provisional». Ella lo acató.

El ministerio público relata que el 25 de febrero el sargento Cunillera, de acuerdo con el plan trazado con el intendente Morón, y a pesar de saber que los autores de la agresión podían ser dos agentes de la Policía Local de Vila-seca, presentó un atestado como instructor en el juzgado número 2 de Tarragona, aunque la competencia del caso recaía en el juzgado número 1, «con el fin de asegurar el éxito de su plan delictivo».

En este documento, apunta la fiscalía, el sargento omitió «deliberadamente» identificar como presuntos autores a los policías, así como las explicaciones que el responsable de seguridad de la discoteca dio a la cabo. Tampoco incluyó la transcripción de la llamada que hizo uno de los presuntos agresores a la Policía Local de Salou desde el móvil de la víctima y se limitó a adjuntar un CD con la grabación de la conversación sin comprobar que no se escuchaba correctamente.

El ministerio fiscal cree que el sargento Cunillera actuó en connivencia con el intendente Morón sabiendo que, con los pocos datos aportados, la jueza de instrucción 2 archivaría la investigación, tal como acabó sucediendo. Posteriormente, la cabo recibió por correo la grabación de la conversación telefónica y, como sabía que no se había podido reproducir bien, la reenvió al sargento, el cual la ignoró. Después del archivamiento, los dos mossos procesados nunca presentaron ampliaciones de los atestados, ya que «no impulsaron ninguna investigación», según concluye la fiscalía.

Una nota anónima permitió reabrir el caso
El 18 de julio del 2014, el hombre que fue apaleado recibió una nota anónima en su buzón que identificaba a dos agentes de la Policía Local de Vila-seca, con el correspondiente TIP, como los autores de la agresión. Después de ponerlo en conocimiento de la policía, la Unidad de Investigación de Tarragona de los Mossos elaboró nuevos atestados y el juzgado de instrucción número 1 reabrió el caso. A raíz de eso, se ordenó la detención e imputación de los agentes, así como del jefe de la policía local de Vila-seca por el supuesto delito de encubrimiento.

En enero del 2015, la cabo explicó al nuevo responsable de la investigación toda la información de que disponía. Dos días después, el intendente Morón le volvió a pedir la identidad del informador y si sabía alguna cosa de una nota anónima que había permitido reabrir el caso. En marzo, en una nueva reunión Morón le dijo que, si había actuado así, es porque ella «habría corrido peligro» si hubiera seguido investigando y que con los años «se daría cuenta del favor que le habían hecho.

Información reservada y cambio de destino
En noviembre del 2015 el juzgado de instrucción número 1 de Tarragona imputó a los dos Mossos. Poco antes, en septiembre del 2015, el intendente Jaume Morón dejó de ser el jefe del Área Básica Policial (ABP) del Tarragonès y pasó a hacerse cargo de la comisaría de Gavà (Garraf).

Por su parte, la División de Asuntos Internos de los Mossos d'Esquadra abrió una información reservada como consecuencia de las irregularidades detectadas. La División observó indicios de criminalidad en la conducta del inspector y del sargento, por lo que recomendó la apertura de un expediente disciplinario que se mantiene paralizado a la espera del resultado de este procedimiento judicial.

La fiscalía pide para cada procesado cinco años de prisión, el pago de una multa de 7.200 euros y cinco años y medio de inhabilitación especial por|para un supuesto delito de falsedad en documento oficial cometido por un funcionario público. Además, también solicita un año y nuevos meses de inhabilitación especial para trabajos con funciones de policía y seguridad ciudadana por un supuesto delito de omisión del deber de perseguir delitos.

Varios días de juicio
El caso se juzgará en la sección segunda de la Audiencia de Tarragona en diciembre. El día 5 se debatirán las cuestiones previas y los días 9 y 10 se harán declaraciones de testigos. El día 11 se han previsto más testificales y la declaración de los acusados, y el día 12 se expondrán las conclusiones definitivas y los informes de las partes, antes de que el caso quede visto para sentencia.
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