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Una imatge d'arxiu de comptadors elèctrics.

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El Gobierno insta a Endesa a retirar la amenaza del corte de luz a las familias vulnerables

Mantiene los convenios como única solución para los impagos
  • Redacció

Actualizada 02/09/2019 a las 16:26

La primera de las tres reuniones previstas para esta semana para abordar la amenaza de Endesa de cortar la luz a las familias vulnerables con deudas a la suministradora eléctrica ha acabado con el acuerdo entre el Gobierno, las diputaciones y los municipios, así como las entidades del tercer sector que trabajan con pobreza energética de trabajar una respuesta «conjunta y coordinada» que fuerce las eléctricas a firmar convenios para solucionar los impagos. En una rueda de prensa después de la reunión, el conseller Chakir El Homrani ha explicado que el primer paso será enviar una carta a Endesa y a los ayuntamientos para recordar que el «terreno de juego» es la ley 24/2015, que impide los cortes de luz a las familias vulnerables, y que, por lo tanto, si cumplen la amenaza el 1 de octubre, la compañía se enfrenta a expedientes y posibles sanciones.

En el caso del Camp de Tarragona, la eléctrica ha hecho llegar cartas en términos similares a 27 municipios de la demarcación, entre los cuales está Tarragona –370 hogares, 171.148 euros reclamados–, Reus –338 hogares, 134.309 euros–, el Vendrell –133 hogares, 75.662 euros– o Cambrils –108 hogares vulnerables, 62.596 euros.

Chakir El Homrani ha abierto pues la puerta a las suministradoras eléctricas de firmar un convenio conjunto con la administración que regule el pago de la deuda de las familias vulnerables, tal como propone la ley 24/2015, una solución prevista en este marco legal del 2015 pero que ninguna compañía eléctrica ha utilizado los últimos cuatro años. La propuesta que ha enviado Endesa a los ayuntamientos por carta, es que la administración asuma el 50% de la deuda acumulada y la empresa el 50% restante. De este modo, se condonaría la deuda acumulada que es de 21 MEUR.

El encuentro de este lunes ha reunido el ejecutivo catalán, las diputaciones, las entidades municipalistas y las entidades del tercer sector y han acordado una respuesta conjunta a la amenaza de Endesa. El conseller El Homrani ha estado contundente con el hecho que Endesa tiene que retirar esta amenaza porque seria actuar contra la ley y por tanto, se arriesgaría a la apertura de expedientes y posibles sanciones. Para El Homrani, las amenazas son «inadmisibles» y por eso, la voluntad de las administraciones es poder salir adelante los convenios con las empresas suministradoras de luz. Tanto El Homrani como el secretario de Empresa y Competitividad, Joaquim Ferrer han insistido que la reunión de este lunes ha servido para acordar esta unidad a la hora de dar respuesta a Endesa y que en ningún caso se ha hablado de los términos que tendría que tener el eventual convenio.

Ferrer ha insistido que no hay porcentajes ni cifras porque no se trabaja con «apriorismos» a pesar de que ha insistido que independientemente del que dice la ley, «hay unos recursos que no se pagan y se tiene que encontrar la solución y el equilibrio». Por eso, cree que hay que buscar mecanismos para «ablandar» posiciones y «clarificar las reglas del juego». Por eso, la Generalitat hará su planteamiento, después de que Endesa haya enviado el de la compañía, y buscar acercar posiciones que se irán debaten en una mesa de trabajo las próximas semanas. Este miércoles, la diputación de Barcelona reunirá a los alcaldes, y el jueves lo hará el alcalde de Terrassa, Jordi Ballart.

Buena acogida por parte de las entidades
Las entidades del tercer sector han recibido con optimismo la posición unitaria de la reunión. El portavoz del el ámbito de la energía de la Tabla del Tercer Sector, Martí Batllori, ha recalcado que «no se puede amenazar» con los derechos a las personas y ha insistido que el de la energía está «reconocido» y se tiene que «respetar». Por eso, ha celebrado la respuesta conjunta y ha pedido a la Generalitat que lidere la respuesta a Endesa para que ponga «por delante el derecho de las personas». En cuanto a las concreciones del posible convenio, Batllori ha dejado en manos de las administraciones, a pesar de insistir que en ningún caso se puede posar en entredicho el respecto a los derechos de las personas.

En cuanto a la Alianza de la Pobreza Energética (APE), la portavoz Maria Campuzano ha manifestado, antes de entrar en el encuentro, que las reclamaciones de Endesa a la administración le parecían «ilegítimas» porque considera que la deuda acumulada por las familias vulnerables son culpa de las mismas empresas de electricidad que no han querido subscribir los convenios propuestos por la ley y que son responsables, también, que menos del 30% de las familias vulnerables se puedan acoger al bono social de la compañía. Por eso, exige que la deuda, de 21 MEUR, sea asumido por la misma compañía, atendiendo que los beneficios del 2017, ha dicho Campuzano, fueron de 1.511 MEUR. Campuzanotambién pide contundencia con las posibles sanciones a Endesa si talla la luz a las familias vulnerables si cumple así la amenaza. Desde la APE se ha echado de menos «concreción» en el encuentro.
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