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Imatge d'arxiu de l'exmonitora de la llar d'infants del Morell detinguda per presumptes maltractaments, sortint del jutjat de guàrdia de Tarragona.

Imagen de archivo de la exmonitora de la guardería del Morell detenida por presuntos maltratos, saliendo del juzgado de guardia de Tarragona.

Imagen de archivo de la exmonitora de la guardería del Morell detenida por presuntos maltratos, saliendo del juzgado de guardia de Tarragona.

Piden 8 años de prisión para la exeducadora que presuntamente vejaba niños en la guardería del Morell

La acusada los ridiculizaba constantemente y empujó a un menor de un año contra el marco de una puerta

Actualizada 02/07/2019 a las 15:02

La fiscalía de Tarragona pide casi ocho años de prisión a una exeducadora de la guardería del Morell por vejaciones, lesiones y coacciones a varios niños. Los hechos tuvieron lugar entre el 2009 y el 2015. Según el escrito de acusación del fiscal, la extrabajadora, Marta R.P., de 34 años y vecina de Valls, había vejado y ridiculizado varios pequeños, hasta el punto que cogieron pánico a ir al centro. La fiscalía lo acusa de cuatro delitos contra la integridad moral, penados cada uno con 1 año y 9 meses de prisión, y un delito de lesiones, con 10 meses y 15 días de prisión. Aparte, la acusada también tendrá que hacer frente a las indemnizaciones que reclaman las familias, que se elevan cerca de 30.000 euros. Por otra parte, el juez archiva el caso contra otras personas vinculadas al centro a quienes inicialmente se las acusaba de encubrimiento. La dirección de la guardería advirtió al Ayuntamiento sobre la actitud de la acusada, que fue expulsada el año 2016. El caso se juzgará en los próximos meses en un juzgado de lo penal de Tarragona.

En su escrito el fiscal considera que la acusada, en los ocho años que trabajó en la guardería municipal -de julio del 2008 a abril del 2016-, mostró en «incontables ocasiones» una actitud «intransigente y dictatorial» no solo hacia las compañeras y padres de los alumnos, sino también hacia los propios menores a su cargo.

Según el relato de la fiscalía, «les imponía horarios fijos y reducidos para hacer sus necesidades fisiológicas, castigándolos si no los cumplían o si se lo acababan haciendo encima, actuando sin ningún tipo de paciencia ni consideración, obligándolos a andar con los pantalones bajados solo para mofarse de ellos, y tratando a alguno de ellos en reiteradas ocasiones de forma inadecuada para su edad y circunstancias, discriminándolos del resto por razones personales y sometiéndolos a acciones violentas, totalmente injustificadas, como empujones o gestos bruscos para que creyeran, comieran o durmieran, así como frases y expresiones impropias hacia ellos o sus padres».

Según el fiscal, la acusada cometió los actos vejatorios aprovechándose de forma «intencionada» del espacio «cerrado» que representaba el aula y la corta edad de los niños, puesto que los pequeños no podían impedir el trato de la exeducadora ni tampoco explicarlos después a los padres qué pasaba con suficiente claridad. A partir de aquí, el escrito de acusación recoge cuatro delitos contra la integridad moral y uno de lesiones.

Contra la integridad moral y lesiones
El primero de ellos se remonta a los cursos 2009-10 y 2010-11 cuando la investigada ejercía de tutora de un pequeño que tenía pánico a los ruidos. Según el fiscal, la exeducadora lo martirizó por eso. Relata que el niño estaba en un rincón del patio, asustado, mientras otros niños jugaban con globos, y ella se le acercó para explotar uno en la cara «por pura diversión», lo que generó «un gran estado de temor en el menor». La tutora además impidió que ninguna educadora se acercara a consolarlo alegando que así superaría el miedo.

Ya en el curso 2012-13 obligó en varios ocasiones a una niña que se orinaba encima a quedarse durante mucho rato desnuda en la taza del WC o con los pantalones sucios. También a menudo la castigaba a quedarse sola sentada en una silla sin poder ni hablar ni moverse durante mucho tiempo. Según el fiscal, la niña, a causa del «denigrante» trato, se volvió «reprimida» y «reticente» hasta el extremo de coger la costumbre de morderse los puños de la ropa cuando entraba y salía del centro, «fruto del estado de nerviosismo y ansiedad que le generaba la acusada». Según el relato del fiscal, en casa la niña reproducía los actos de castigo que pusieron en alerta a los padres. La niña estuvo en tratamiento psicológico durando casi un año.

En el curso siguiente, como tutora de refuerzo de un menor, le propinaba «expresiones injuriosas» sobre su madre y lo presionó hasta tal extremo que el niño empezó a arrancarse las uñas fruto del estado de nerviosismo, llorar cada vez que tenía que ir al lavabo y coger miedo a los sonidos fuertes y a la explosión de globos. De octubre del 2014 a final de curso, también fue tutora de una niña a la que también la dejaba con los pantalones sucias cuando se hacía pipí o caca encima y la trataba con brusquedad. La niña tampoco quería ir a la guardería.

Finalmente, el octubre del 2015, la exeducadora lesionó a un niño de un año, hecho que destapó todo el caso. Según el escrito de acusación, empujó un niño de un año que estaba en el comedor que hizo que chocara contra el marco de la puerta y se diera un fuerte golpe en la frente y cayera al suelo. Después lo arrastró fuera del comedor con el pie y el niño se golpeó contra el suelo. El niño no fue llevado al médico a pesar de tener una marca en la frente. También cogió miedo a la guarderia, además de problemas para dormir.

El caso se destapa
Fue el 9 de diciembre del 2015 que la directora y las educadoras del centro enviaron una carta al Ayuntamiento del Morell para que tomara medidas respecto a la educadora que fue expulsada de la escuela con un despido disciplinario, según decreto de Alcaldía del 28 de abril del 2016. En un primer momento también fueron investigados por posible encubrimiento el alcalde del Morell, el exregidora de Educación y la exdirectora del centro. Se da la circunstancia que la exregidora y la acusada son familiares.

Los Mossos d'Esquadra llegaron a tomar declaración a padres de once niños durante la investigación. La acusación, pero, solo recoge vejaciones a cinco menores. Las familias reclaman un total de 28.500 euros en concepto de indemnizaciones. En caso de que la acusada no pudiera hacer frente a este pago, tendrá que asumirlo de forma subsidiaria el Ayuntamiento de Morell y la aseguradora de la escuela de forma conjunta.
 
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