Urbanismo
El Grupo Blasi compra la polémica residencia Montemar de Vilafortuny e inicia el derribo
Es propietario de los campings Sangulí, Cambrils Park y el Complex Esportiu, y afirma que todavía no hay ningún proyecto sobre la mesa
El Grupo Blasi compra la polémica residencia Montemar de Vilafortuny e inicia el derribo
La polémica residencia Montemar de Vilafortuny (Cambrils) ha empezado a ser derrocada esta mañana. Los terrenos del edificio abandonado han sido adquiridos por el Grupo Blasi, propietario actual de los camping Resort Sangulí, Cambrils Park Resort y del Complex Esportiu de Salou. La empresa ha confirmado la adquisición del solar y el inicio de obras. Asegura, sin embargo, que no tiene ningún proyecto sobre la mesa. Los trabajos de derribo, según el Grupo Blasi, se han iniciado con urgencia para evitar que empeore el deterioro que presentaba el edificio, sobre todo después del último incendio que provocó la expulsión de los ocupas que vivían allí.
La instalación de vallas en el perímetro de la residencia ayer, ha dado paso hoy a la entrada de máquinas que han empezado los trabajos de demolición. La noticia del inicio del derribo ha empezado a correr entre los vecinos de Vilafortuny. Los que viven en torno al edificio abandonado ven con satisfacción el fin de casi un año de protestas pidiendo la expulsión del grupo de ocupas que se habían instalado y que anunciaban la creación de un centro fuera de los circuitos legales destinado a acoger a una cincuentena de familias, según decían, con desarraigo.
Aunque fuentes vecinales afirman que el Grupo Blasi habría pedido licencia de obras para construir un hotel en los terrenos de la residencia, la empresa lo desmiente asegurando que no hay nada definido todavía, pero confirma la reciente compra de los terrenos a Solvia, la filial de activos inmobiliarios del Banco Sabadell, que era la propietaria hasta ahora.
La residencia Montemar cerró sus puertas a finales de agosto de 2012, después de que la Generalitat abriera un expediente al grupo BBS, la empresa gestora del centro. El ERE impulsado por la empresa afectó a sus trabajadores y los 81 abuelos que residían allí se tuvieron que buscar otra residencia. Una vez cerrado, el inmueble fue un blanco fácil de saqueos de mobiliario, material e, incluso, de las instalaciones de luz, agua y calefacción. El edificio se quedó en el esqueleto y, ante las quejas de los vecinos, el Ayuntamiento tuvo que proceder a tapiar los accesos, puertas y ventanas.
A finales de junio del pasado año, los vecinos asistían con sorpresa a la ocupación por parte de un grupo de personas, su cara visible es el activista Jorge Fernández. Aseguraban tener la intención de convertir los restos de la residencia en un centro –elEdificio Dignidad – donde darían cabida a «50 familias con menores y un centenar de personas con desarraigo social», según decían.
La ocupación provocó la alarma de los vecinos, los cuales se organizaron y convocaron movilizaciones en contra. Después de meses de tensión entre los ocupas y el vecindario, un incendio en el interior del edificio el pasado 28 de febrero provocaba la expulsión definitiva del grupo de personas que vivían allí por motivos de seguridad.