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Les instal·lacions del Club de Vela de la Platja Llarga es troben a tocar dels restaurants Tòful de Mar i el Iot.

La Federación Catalana de Vela batallará para mantener la actividad en el Club de Vela

Imagen de archivo de las instalaciones del Club de Vela de la Platja Llarga.

La Generalitat quiere que los clubs de vela en la playa puedan tener una superficie de 700 metros cuadrados

Siete instalaciones, una de ellas de Torredembarra, se ven amenazadas por la orden de cierre del gobierno por quedarse fuera de la ley una vez agotada la concesión

Actualizada 02/05/2019 a las 15:48

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha presentado una alegación a la modificación de la Ley de costas que ha abierto el gobierno para que los clubs de vela puedan tener una superficie máxima de 700 metros ante el requisito actual, que exige como muy sólo sean 300, un hecho que amenaza la supervivencia de hasta siete instalaciones a corto plazo una vez han agotado la concesión. Paralelamente, la Generalitat también ha propuesto que los clubs históricos que tengan que renovar la concesión puedan hacerlo sea cuál sea su superficie actual, tal como el ejecutivo español lo ha permitido hacer con los locales de restauración, y que los 300 metros cuadrados máximos se puedan flexibilizar y 300 puedan ser para actividades náuticas y 300 para actividades sociales. En caso de que estas alegaciones no sean atendidas, la Generalitat no descarta asumir la gestión de las concesiones de estas instalaciones.

Según ha señalado este jueves el conseller de Territori, Damià Calvet, después de reunirse con el presidente de la Federació Catalana de Vela, Xavier Torres, la combinación de todas las alegaciones podría salvar la «totalidad de los clubs», todo y que, ha añadido, «siempre habría ajustes a hacer» y habría que analizar cada caso «uno a uno» y «codo con codo» con los mismos clubs y la federación.

Los siete clubs que ven amenazada su actividad son los de Torredembarra, Pineda de Mar, Calella, Vilassar de Mar, el Bétulo de Badalona, Castelldefels y Cubelles; además del de Calella, en el Maresme, que ya ha tenido que cerrar, según ha detallado el conseller en la rueda de prensa posterior al encuentro. Calvet ha defendido la función «social y deportiva» de los clubs de vela en estos municipios costeros y ha dicho que cada uno de ellos presenta una casuística diferente.

Actualmente, hay 68 clubs náuticos federados, 32 de los cuales son de playa, y hay 40.000 personas federadas. Todas las instalaciones están regidas por normas estatales, concretamente una ley del 2013 pero que el año siguiente se vio superada por un reglamento que incluía los 300 metros cuadrados como superficie máxima. Cinco años antes, en el 2008, la Generalitat y el Estado acordaron la transferencia de la gestión de la tramitación de las concesiones, como los clubs y restaurantes, mediante una partición, según la cual los clubs anteriores a aquella fecha todavía dependerían del Estado y los posteriores de Territori i Sostenibilitat.

Por otra parte, el conseller de Territori i Sostenibilitat ha denunciado la «inacción del Estado» y ha lamentado que eso «ha condicionado el futuro de estos clubs». «Desde la Generalitat queremos revertir esta situación y garantizar la actividad», ha manifestado Calvet. El conseller ha recordado que han mantenido encuentros con el Ministerio de Transición Ecológica que no han obtenido resultados y que el 15 de abril pasado envió una carta a la ministra reclamándole «respuestas o una reunión».

El presidente de la Federació Catalana de Vela, Xavier Torres, ha avisado de que los clubs de vela se encuentran en una «situación crítica» y «de alto riesgo». Torres ha dicho que estas instalaciones son «el acceso al gran polideportivo del mar» y que a través de ellas se han conseguido 19 medallas olímpicas en las últimas décadas, además de dar acceso a «la cultura de mar». Además, ha subrayado que aparte de la vela también se practican otras actividades, como las subacuáticas o el remo, y ha resaltado la importancia de su vertiente «social» y de «relación con los municipio».

Con todo, Torres ha afirmado que con la introducción de un periodo de alegaciones que ha abierto el gobierno español es el «buen momento» y una «gran oportunidad». «No hay excusas para cambiar el reglamento y hacer un cambio como en los locales de restauración», ha insistido.
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