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El juicio del 1-O obliga a aplazar hasta septiembre la primera vista oral del caso Torredembarra

El exalcalde Daniel Masagué se enfrenta a 4,5 años de prisión por presuntas irregularidades en la contratación de alquileres

Imagen de archivo del exalcalde de Torredembarra, Daniel Masagué, saliendo de los juzgados del Vendrell con su abogada.

El juicio del 1-U obliga a aplazar hasta septiembre la primera vista oral del caso TorredembarraACN

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El primer juicio del caso Torredembarra, que tenía que empezar este lunes en la Audiencia de Tarragona, se ha aplazado hasta septiembre por la celebración del juicio del 1-O en el Tribunal Supremo. Según han confirmado a la ACN fuentes judiciales, la decisión se ha tomado por la incompatibilidad de algunos abogados que estos días están en Madrid, como Xavier Melero y Judit Gené. De hecho, el juicio por la conocida como pieza de los alquileres tenía que arrancar el octubre pasado, pero entonces también se aplazó. Ahora la previsión es que la vista empiece el 30 de septiembre y pueda alargarse hasta el 18 de octubre. Entre los procesados hay el exalcalde Daniel Masagué -que se enfrenta a cuatro años y medio de prisión-, concejales y técnicos.

En concreto, la Fiscalía Anticorrupción solicita cuatro años y medio de prisión y nueve de inhabilitación para el ejercicio de cargo público para el exalcalde de CiU acusado de los delitos de malversación y prevaricación por la presunta adjudicación a dedo del alquiler de dos locales. Además de Masagué, entre los encausados hay cinco concejales y exconcejales, tres extécnicos municipales, un abogado y dos empresarios, la mayoría de los cuales se enfrentan apenas de entre dos y cuatro años de prisión.

La investigación se enmarca en la pieza separada número 1 del conocido como ‘caso Torredembarra’ de presunta corrupción en el municipio. La causa, que se instruye en los juzgados del Vendrell, consta de hasta nueve piezas separadas.

Los hechos que se llevarán a juicio se remontan a los años 2011 y 2012. Entre los encausados hay el entonces alcalde, Daniel Masagué; los concejales José Oviedo (PP), Juan Pérez (ADT), Santi Ardèvol (CiU), Francisca Felguera (UDC) y Pere Font (CiU); la jefa de contratación municipal, Montserrat Córcoles; el coordinador de Urbanismo, Jaume Vila, y el ingeniero municipal, Vicenç Ruiz.

Además, también están encausados en la pieza separada número 1 el abogado Xavier Xifrà, y los empresarios locales Vicente Sánchez y Rafael Jiménez. En noviembre del 2014 el juez desvinculó de esta pieza la concejala Èlia Rodríguez (UDC) y los empresarios Jordi Sumarroca -vinculado a la empresa Teyco- y Blas Niubó. Además, el exconcejal Ignasi Duran (GIT) y la interventora municipal, Esther Agulló, que también estaban incluidos en la causa, murieron el año pasado.

En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción considera que los implicados impulsaron dos contratos de arrendamiento de dos locales en el municipio, aunque eran sabedores que «eran contrarios a la ley» y que suponían una «pérdida de dinero del Ayuntamiento».

Uno de los locales está ubicado en la calle Riera de Gaià y actualmente ocupa la comisaría de la policía local, aunque inicialmente estaba pensado para que fuera un almacén «ya sea de archivo definitivo de documentación como de maquinaria o de vehículos de los diferentes servicios municipales». El otro está ubicado en las calles Priorat y Garraf, en la zona de Clarà, y estaba pensado para «ensayos de grupos municipales, de los Nois de la Torre -el grupo casteller- y de otras asociaciones culturales». Sin embargo, el local se ha mantenido cerrado y sin uso.

El ministerio público subraya que, en ambos casos, «los acusados actuaron siendo conscientes de que los locales no eran únicos ni singulares, que no había urgencia para alquilarlos y que existían obstáculos insalvables para la legalidad de los expedientes».

Además, la fiscalía indica que la jefa de contratación justificó la contratación directa -sin concurso o licitación- para evitar los informes desfavorables del secretario y el interventor. También critica que los dos alquileres fueran tratados en plenario a través de la fórmula de «cuestiones sobrevenidas» para quedar fuera del orden del día.

Anticorrupción constata que, en los dos casos, la tasación de los locales para la fijación del precio la hicieron servicios externos y que, además, se integró en los contratos de arrendamiento una opción de compra que en el inicio del expediente no se contemplaba.

En su escrito, la fiscalía recuerda que en septiembre de 2012 la Oficina Antifraude ya dirigió un informe al alcalde Masagué en que lo advertía de las irregularidades de los alquileres e instaba al consistorio a ejercer las funciones de control y fiscalización interna.

El secretario municipal, Rafael Orihuel, emitió un informe en que exponía las irregularidades cometidas. El Ayuntamiento, a través del abogado Xavier Xifrà, emitió otro informe en que justificaba la actuación del consistorio. Anticorrupción subraya que el letrado cobró 12.000 euros por el informe, «dinero que no estaban justificados y que asumió el señor Masagué».

Delitos de prevaricación y de malversación de fondos públicos

El exalcalde Daniel Masagué se enfrenta a cuatro años y medio de prisión por un delito continuado de malversación de fondos públicos y a nueve de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público. La concejala Francisca Felguera, a tres años de prisión y ocho de inhabilitación; los concejales José Oviedo, Pere Font y Santiago Ardèvol, y la jefa de contratación, Montserrat Córcoles, a cuatro años de prisión cada uno por malversación continuada y a nueve años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por un delito continuado de prevaricación.

El exconcejal Juan Pérez, el ingeniero Vicenç Ruiz y los empresarios Rafael Jiménez y Vicente Sánchez se enfrentan a dos años de prisión por un delito continuado de malversación y a cuatro años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación. El abogado Xavier Xifrà, a tres años y medio de prisión por malversación y, el coordinador de Urbanismo, Jaume Vila, a cinco años de inhabilitación por prevaricación.

En concepto de responsabilidad civil, el ministerio público interesa a la nulidad de los dos contratos de arrendamiento y que los encausados devuelvan al consistorio las cantidades abonadas por los locales -222.759 euros por el local de la calle Priorat y 107.708 euros por el local de la calle Riera de Gaià-.

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