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Las consecuencias del 1-O
Pla americà de l'alcalde de Reus, Carles Pellicer, alçant la mà a la sortida de l'Audiència de Tarragona, després de comparèixer a la fiscalia. Imatge del 21 de setembre del 2017

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El alcalde de Reus, Carles Pellicer, alzando la mano a la salida de la Audiencia de Tarragona, después de comparecer en la fiscalía.

Archivan las investigaciones contra los alcaldes de Reus, Amposta, Torredembarra, Deltebre y Cunit por el 1-O

Fiscalia envía a los juzgados la causa contra el alcalde de Sant Carles de la Ràpita porque un juzgado de Amposta ya había abierto diligencias por los mismos hechos

Actualizada 16/01/2019 a las 14:09

La Fiscalía ha acordado archivar las investigaciones contra el alcalde de Reus, Carles Pellicer; el de Torredembarra, Eduard Rovira; el de Deltebre, Lluís Soler; el alcalde de Amposta, Adam Tomàs; y la alcaldesa de Cunit, Montserrat Carreras, por su presunta participación en la organización del referéndum del 1-O. En los decretos de archivamiento, con fecha de este 21 de diciembre y aparte del cual ha tenido acceso el Diari Més, la Fiscalía detalla que «no «consta» que los investigados realizaran «ninguna actuación, positiva o de omisión, que tuviera incidencia en la apertura de centros de titularidad municipal el 1 de octubre del 2017, inacción que impide la aplicación de los posibles delitos que podrían haberse cometido si se hubiera producido esta participación».

Los mismos documentos desglosan los puntos de votación habilitados para cada una de estas localidades. Y detallan que no se ha encontrado, según certificación emitida por los secretarios de los ayuntamientos, autorización de los alcaldes por el uso de dependencias del Ayuntamiento o instalaciones educativas como colegios. En algunos casos precisan, incluso, que «no se utilizaron locales municipales» en el referéndum. La mayoría «eran de la Generalitat». A pesar de que sí que se utilizaron algunos inmuebles inscritos al catastro como en propiedad del Ayuntamiento, estos «fueron abiertos como consecuencia de ocupación ciudadano».

Los cinco alcaldes inicialmente investigados estaban acusados de delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos. Comparecieron delante de Fiscalía entre los días 21 y 27 de septiembre del pasado 2018. Todos ellos se acogieron a su derecho de no declarar. A diferencia del resto, la Fiscalía sí que ha enviado a los juzgados la causa abierta contra un sexto alcalde, el de Sant Carles de la Ràpita, Josep Caparrós. Según han apuntado a ACN fuentes judiciales, el motivo es que un juzgado de Amposta ya tiene abiertas diligencias sobre los mismos hechos, a raíz de la actuación de la Guardia Civil el 1-O en el pabellón ferial municipal.

Pellicer apunta razones políticas
Carles Pellicer, alcalde de Reus, recordaba ayer que «siempre he actuado de acuerdo con la ley» y valoraba que «la Fiscalía inició la investigación motivada por razones políticas. Como era previsible, la investigación ha quedado en nada. Y se ha acabado archivando». Pendiente de recibir encara el decreto, y «de confirmarse de las informaciones publicadas», decía el alcalde, «valoro muy positivamente el archivamiento de la Fiscalía, pero lamento que haya tardado un año al rectificar». «A pesar de la persecución de los juzgados y la Fiscalía, el Ayuntamiento de Reus y yo como alcalde siempre hemos cumplido y cumpliremos la ley», añadía Pellicer, que apuntaba que «siempre hemos estado al lado del derecho a decidir. Siempre daremos apoyo a que la gente pueda expresarse votando. Votar no es un delito. Votar es ejercer la democracia. Por el contrario, perseguir los cargos electos atenta contra los derechos civiles».

El alcalde reusense sí que continúa todavía investigado por otra causa, relacionada también con el 1-O y que surge del manifiesto leído el 3-O en la plaza del Mercadal y que pedía la salida de los agentes de la Policía Nacional alojados en el Hotel Gaudí. Sobre esta cuestión, Pellicer se limitaba ayer a explicar que «habrá» que esperar y veremos qué pasa». Hace pocos días, la titular del juzgado de instrucción número 2 de Reus acordó mantener también como investigados en la causa por el 3-O los portavoces Montserrat Vilella (PDeCAT), Noemí Llauradó (ERC), Jordi Cervera (Ara Reus) y la concejala Mariona Cuadrada (CUP).

Los locales eran de la Generalitat
A su vez, el alcalde de Deltebre, Lluís Soler, manifestaba ayer a través de las redes sociales su punto de vista sobre el archivamiento y decía sentirse «contento» por el final a «un hecho que nunca tendría que haber ocurrido» a la vez que apuntaba que, «como siempre, desde Deltebre seguiremos defendiendo la libertad y la democracia como camino para alcanzar el anhelo que compartimos con la mayoría de la sociedad catalana». En el decreto sobre Soler, la Fiscalía deja constancia que «de la investigación practicada se acredita que el 1 de octubre del 2017, en la localidad de Deltebre se abrieron como puntos de votación los colegios de primaria Riumar, Sant Miquel y el Instituto de Secundaria de Deltebre» y detalla que «todos los centros son de titularidad de la Generalitat» y que las «personas responsables de la dirección y la gestión» de los centros «son personas designadas por la Generalitat». Las funciones del Ayuntamiento en algunos de ellos «se limitan a limpieza, conserjería y mantenimiento». El secretario del Ayuntamiento, además, acredita que en el municipio «no se utilizaron locales de dependencia municipal como centros de votación». Por eso, «el alcalde no tuvo ninguna participación».

Abren diligencias por un concejal
El alcalde de la Torre, Eduard Rovira, explicaba igualmente ayer a este rotativo que el archivamiento «da tranquilidad pero encuentro que, si la causa se abrió por las declaraciones, los decretos o los manifiestos que firmamos algunos alcaldes como una cosa política, no liga con que ahora los motivos del cierre digan que no hubo ninguna acción u omisión. No liga una cosa con la otra, pero aun bueno». «Hacía tiempo que estaba parada pero ya pensábamos que iba camino del archivamiento», añadía el alcalde. En Torredembarra, por el referéndum se activaron como colegios las escuelas públicas Antoni Roig, L’Antina i Molí del Vent. Todas ellas se mantuvieron abiertas como consecuencia de la ocupación ciudadano. A cada centro ocupado, se identificó como responsable de la ocupación uno de los concejales del Ayuntamiento de Torredembarra. Por estos últimos hechos se siguen en la actualidad diligencias previas al juzgado de instrucción número 3 de Torredembarra. No consta ninguna autorización realizada por el alcalde para que las escuelas permanecieran abiertas como centro de votación y, por lo tanto, se concluye que Rovira no tuvo ninguna participación.

El de la Ràpita, enviado a los juzgados
También a través de sus perfiles en las redes sociales, el alcalde de Amposta, Adam Tomàs, expresaba su «agradecimiento» por «el calor y el apoyo a todos y todas las que habéis estado a mi lado en este proceso porque, en definitiva, estamos al lado de la democracia». «Ahora toca seguir luchando para acabar con la represión al resto de compañeros», concluía, y recordaba que el 1-O «fue una jornada democrática que no puede comportar la judicialización vergonzosa que ha «tenido». La causa abierta contra el alcalde de la Rapita, Josep Caparrós, sí que lo ha enviado la Fiscalía a los juzgados, según publicaba ACN.
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