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Las consecuencias del 1-O
Pla mig d'un veí de Sant Salvador exhibint una papereta als agents desplegats davant l'institut d'aquest barri de Tarragona, l'1 d'octubre del 2017

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Un vecino de Sant Salvador exhibiendo una papeleta a los agentes desplegados por el 1-O.

La Generalitat se persona como acusación en cerca de 50 casos contra Policía y Guardia Civil por el 1-O

Se ha personado en una quincena de juzgados de toda Cataluña, entre ellos los de Tarragona, Valls, Amposta, Reus y Tortosa

Actualizada 07/12/2018 a las 14:36

La Generalitat se ha personado como acusación en en torno a medio centenar de causas judiciales abiertas contra la Guardia Civil y la Policía Nacional por las cargas del 1-O en una quincena de juzgados de toda Cataluña. En algunos casos es acusación particular por los daños ocasionados en instalaciones del Gobierno, mientras que en otros es acusación popular para defender a los votantes heridos por las cargas. En algunos de estos últimos casos, algún juez no ha aceptado la personación, pero la decisión ha sido recurrida. En los escritos de personación, se incorpora un escrito de la consellera de Presidencia, Elsa Artadi, en que acusa a las policías estatales de «actuaciones violentas y desproporcionadas» y de haber «incumplido» la orden del TSJC que pedía no alterar la convivencia ciudadana.


Según han explicado fuentes del Gabinete Jurídico a ACN, la Generalitat ha pedido la personació en 48 casos como acusación particular, 25 de los cuales a la demarcación de Barcelona, 13 en Girona, nuevo en Lleida y uno en Tarragona. Como acusación popular ha pedido la personació en 25 casos, 11 en Tarragona, seis en Barcelona, cinco de Girona y tres de Lleida. En algunos casos la Generalitat también defiende mossos d'Esquadra investigados por los juzgados por supuestamente no impedir el referéndum.

Según ha adelantado el diario 'Regió 7' se trata de los juzgados de Barcelona, Manresa, Gavà, Arenys de Mar, Sabadell, Mataró, Rubí, Gerona, Tarragona, Valls, Amposta, Reus, Tortosa, Lérida y Solsona, en este último caso, por las cargas del 1-O en Ponts, en la Noguera. La Generalitat denunció el mismo 1-O del 2017 en el juzgado de guardia de Barcelona las cargas en la capital catalana, pero no lo hizo en otras localidades. Ahora, después de que algunas entidades informaran en el Gabinete Jurídico de la Generalitat, ha pedido personarse a todos los juzgados que investigan hechos similares. En algunos casos, abogados de la Generalitat ya han podido intervenir en interrogatorios, según han explicado fuentes del Gabinete Jurídico a ACN.

La personación de la Generalitat como acusación popular fue anunciada el 2 de octubre pasado por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, durante el debate de política general en el Parlament. Posteriormente, el 18 de octubre, Artadi dirigió al Gabinete Jurídico de la Generalitat el orden para comparecer a todos los procedimientos judiciales, que se ha hecho efectivo ahora. Este documento, que incluye los argumentos jurídicos para ejercer la acusación, ha sido incorporado a cada uno de los juzgados afectados, de manera que servirá de base para las actuaciones de los letrados del Gobierno.

En este escrito, Artadi manifiesta que el 1-O los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional «participaron en actuaciones violentas y desproporcionadas en toda Cataluña, con una manifiesta perturbación de la paz pública y con un incumplimiento de las órdenes judiciales dirigidas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad». Según recuerda, el auto del TSJC sobre la retirada de urnas preveía que «las medidas adoptadas en ningún caso podían afectar a la normal convivencia ciudadana».

Por este motivo, la Generalitat considera «procedente» comparecer como acusación popular en todas las investigaciones contra las policías estatales «para determinar a las personas directamente responsables de los hechos denunciados, así como cualquier otra persona que, por su relación directa, hubiera colaborado de forma activa y consciente a la comisión del delito y fuera responsable penal».
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