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Mayte Saval, del Grup Regional d'Atenció a la Víctima dels Mossos d'Esquadra a Tarragona.

Los mossos envían a los juzgados dos casos de mutilación genital a menores del Camp de Tarragona

Mayte Saval, del Grupo Regional de Atención a la Víctima de los Mossos D'Esquadra en Tarragona.

Los mossos envían a los juzgados dos casos de mutilación genital a menores del Camp de Tarragona

Los municipios refuerzan el trabajo en red para prevenir la aparición de más casos

Actualizada 17/10/2018 a las 08:47

Los Mossos D'Esquadra han llevado este año a los juzgados los casos de dos niñas del Camp de Tarragona que han sufrido mutilación genital. Estos hechos, detectados en revisiones médicas, son tan sólo la punta del iceberg del trabajo en red existente para prevenir y combatir estas graves lesiones, que están tipificadas como delito y pueden suponer penas de seis a doce años de prisión. Cada vez son más los municipios tarraconenses que constituyen mesas locales sobre la mutilación genital femenina. En estos foros, los agentes sociales, educativos, sanitarios y policiales comparten información y acuerdan estrategias para minimizar riesgos. En Tarragona, el grupo pone el foco en más de 160 menores de familias que provienen de países donde se hacen estas prácticas.

Los grupos de trabajo intercambian información sobre la población de riesgo y hacen seguimiento de las familias. Según el protocolo, a los padres y madres se les ofrece firmar un documento con el que se comprometen a evitar la mutilación genital femenina, sobre todo si tienen previsto viajar con las menores a los países de origen. En estos casos, se hacen revisiones pediátricas antes y después para confirmar que no se les haya practicado la ablación.

Según explica en una entrevista Mayte Saval, del Grupo Regional de Atención a la Víctima de los Mossos D'Esquadra en Tarragona, «cuántos más profesionales nos pongamos las gafas para detectar estos casos, más veremos». La agente subraya que el contacto próximo y la firma del compromiso de no mutilación hace que muchas familias lleguen al convencimiento de abandonar esta práctica.

Los mitos y las tradiciones, sin embargo, son el principal escollo a superar. Por eso, comprometerse por escrito contra la mutilación y conocer que en Cataluña se castiga con penas de prisión, ocurren argumentos de peso para desmarcarse ante la familia en el país de origen. La red también trabaja para desmontar mitos que vinculan estas prácticas con la religión, la higiene o la impureza de los órganos sexuales femeninos.

La tarea preventiva, sin embargo, no siempre permite neutralizar estas prácticas. Este año se han detectado dos menores en el Camp de Tarragona que han sido víctimas de la mutilación genital. Cuando se descubre que se ha consumado el delito o se aprecia un riesgo inminente, los Mossos D'Esquadra intervienen y lo trasladan a los juzgados para que adopten las medidas cautelares pertinentes. Hay que tener presente que los progenitores pueden ingresar en prisión preventiva y que, al mismo tiempo, eso puede producir un gran sentimiento de culpa en las menores.

«La prevención es básica y nuestra actuación tendría que ser el último peldaño cuando el resto de profesionales no hayan podido evitar este riesgo», apunta Mayte Saval. Un buen estudio de cada caso es esencial y, por eso, también se fomentan encuentros con líderes de las comunidades y se imparte formación. A la hora de establecer el riesgo de cada menor hay que aclarar si las familias pertenecen a etnias practicantes, si tienen antecedentes familiares de mujeres mutiladas, conocer cuál es el posicionamiento del padre y la madre sobre esta cuestión y estar alerta de posibles viajes.

«Las consecuencias de estos hechos son muy brutales porque tienen efectos psicológicos, físicos y sociales. Las víctimas quedan muy traumatizadas», señala el agente. La mutilación implica la extirpación total o parcial de los genitales externos femeninos o, incluso, otras agresiones en los órganos genitales como la sutura de la apertura vaginal. Es una práctica que tiene lugar en etnias de más de una veintena de países africanos, pero también de Asia y de la América Latina. Puede ser un requisito ineludible para poder casarse, para alcanzar una determinada posición o simplemente para que sea aceptada dentro de la comunidad, ya que con la intervención se cree que la mujer consigue limpieza y pureza.

A las familias que viven en Cataluña, sin embargo, se les dejan claras las consecuencias penales de la mutilación, que también se puede perseguir penalmente aunque se haya cometido en el extranjero. De hecho, en el estado español el Código Penal prevé penas de entre seis y doce años de prisión y la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad en el caso de menores, entre cuatro y diez años.

Evitan el matrimonio forzado de una menor
Por otra parte, durante este año se ha podido evitar el matrimonio forzado de una menor en el Camp de Tarragona. En estos casos, el entorno de la víctima se convierte en clave para detectar la amenaza, que a menudo se esconde tras un absentismo escolar injustificado, viajes en pleno curso escolar, desmotivación, maltratos e, incluso, intentos de suicidio.

Como en el caso de la mutilación genital, la proximidad de un viaje al extranjero es un indicador que dispara todas las alarmas. Por este motivo, los Mossos D'Esquadra recomiendan a las posibles víctimas que hagan copia de la documentación personal, de billetes de avión, que recopilen información del lugar donde pueda producirse el matrimonio y que contacten con el 112. Al fin y al cabo son consejos que se trasladan en las charlas que la policía hace en las escuelas o en los encuentros con profesionales de los sectores de la educación y la salud.

A raíz de los cambios en el Código Penal el matrimonio forzado se castiga con penas de hasta tres años y medio de prisión. Según la agente Mayte Saval, «legislar es positivo», pero a menudo las leyes no garantizan todos los recursos que se necesitan. En el caso de los matrimonios forzados, Saval subraya que harían falta recursos de alojamiento para las víctimas y, tanto en estos casos como en las mutilaciones genitales, que se pueda compartir información entre los diferentes agentes implicados sin vulnerar la ley de protección de datos.

Los datos de violencia machista publicados por el Departamento de Interior recogen a doce menores atestiguas en toda Cataluña por casos de mutilación genital femenina hasta el mes de junio. Con respecto a los matrimonios forzados, durante el mismo periodo hubo seis casos -cinco a mayores de edad y uno de una menor del Camp de Tarragona-.
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