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El drector de la Federació d'Auto Transports de la província de Tarragona (FEAT), Josep Lluís Aymat.

Josep Lluís Aymat, FEAT

El drector de la Federación de Auto Transportes de la provincia de Tarragona (FEAT), Josep Lluís Aymat.

Los transportistas tarraconenses se sienten «criminalizados» y exigen que el desvío por la autopista sea voluntario

La FEAT recuerda que las administraciones no han hecho las inversiones comprometidas en la red vial

Actualizada 31/08/2018 a las 15:31

Los transportistas tarraconenses no ven con buenos ojos el desvío obligatorio de camiones hacia la autopista en varios tramos de la N-340 y la N-240, una medida que este viernes se aprobará en el Consejo de Ministros y que el domingo entrará en vigor. En declaraciones a la ACN, el director de la Federación de Auto Transportes de la provincia de Tarragona (FEAT), Josep Lluís Aymat, opina que estas medidas «criminalizan un sector de actividad absolutamente imprescindible», lo señalan como «el culpable» de la siniestralidad y lo penalizan con «un nuevo impuesto». La FEAT lamenta que las administraciones no hayan impulsado las infraestructuras viarias comprometidas y ahora obliguen a los transportistas a desviarse por la autopista a cambio de bonificaciones parciales del peaje -de un máximo del 50%. El sector considera que el desvío tendría que ser voluntario y que en todo caso, si se los prohíbe circular en los tramos de carretera más saturados, se los descuente el 100% del peaje. Además, la FEAT critica que la negociación con el Ministerio de Fomento y la Generalitat ha sido «casi inexistente» y que tan sólo los han comunicado «hechos consumados».

La FEAT recuerda que siempre ha reclamado que se invierta en la red vial para garantizar la seguridad y la fluidez del tráfico, dado que los transportistas son «las primeras víctimas» de la inseguridad y de las retenciones, según asegura su director, Josep Lluís Aymat. El colectivo critica que las administraciones «no han hecho el trabajo» y ahora pretenden «criminalizar» a los transportistas obligándolos a dejar de circular por algunos tramos de carretera.

«Nos encontramos con una situación esperpéntica en que se nos obliga a pasar por la autopista y se prohíbe el paso por carreteras a vehículos que están trabajando», lamenta el responsable de la FEAT. Según Aymat, las administraciones tendrían que admitir sus errores y compensar el 100% de los peajes por donde se les«fuerza» a circular. «Eso significa el establecimiento de un nuevo impuesto y de un nuevo coste en el sector del transporte que no tiene ninguna base legal para ser establecido», afirma al director de la FEAT, quien recuerda que el sector ya asume los elevados impuestos que se aplican a los hidrocarburos y que se tendrían que destinar a mantener y mejorar carreteras.

Según los transportistas, este coste añadido también repercutirá en el resto de sectores económicos y en los precios de los bienes que mueven. Ante las medidas acordadas entre los gobiernos catalán y español, el colectivo opina que los desvíos de camiones tendrían que ser voluntarios y, en todo caso, se los tendría que compensar el 100% de los peajes en aquellos tramos saturados o inseguros que se considere restringir.

La FEAT calcula que unos 9.000 camiones circulan diariamente por el Corredor Mediterráneo -la mitad por la AP-7 y la otra por la N-340-, además de los que transitan diariamente entre las comarcas de Ponent y la costa, sobre todo para cargar o descargar en el Port de Tarragona. En este sentido, la entidad recuerda que llevan años reclamando las obras de la autovía A-27 de Valls en Montblanc, o el desdoblamiento de la C-14 entre la capital de la Conca de Barberà y Tàrrega para poder enlazar con la autovía A-2 y el Eje Transversal.

La asociación de transportistas tarraconenses critica la negociación «casi inexistente» que ha habido con el Ministerio de Fomento y la Generalitat. «Se nos han comunicado hechos consumados de intenciones políticas, que su política era hacerlo de esta manera y nosotros sólo estábamos para hacer de palique», ha lamentado Aymat.

De cara a la entrada en vigor de la medida este domingo, Aymat opina que los conductores están informados y que le consta que los dispositivos establecidos por los Mossos D'Esquadra serán de cariz informativo y no tendrán voluntad de empezar a sancionar. A pesar de todo, hay que tener en cuenta que algunos camiones podrán seguir circulando en trayectos locales por las carreteras N-340 y N-240. Eso se producirá cuando sus lugares de carga estén ubicados en estas vías, ya sea para suministrar gasolineras, industrias o comercios, según Aymat.

Una medida inminente
El acuerdo que se aprobará este viernes en el Consejo de Ministros prevé el desvío obligatorio de camiones hacia la AP-7 en los tramos de la N-340 de Peñíscola y l'Hospitalet de l'Infant, así como entre Altafulla y Vilafranca Sud. Las bonificaciones previstas son de un 42,53% en el caso de los camiones en tráfico y del 50% en los que hagan trayectos internos.

La misma medida se aplicará para el tramo de l'N-240 entre les Borges Blanques y Montblanc, con el desvío obligatorio de camiones por la AP-2 -y en este caso con una prolongación de la bonificación hasta el Pla de Santa Maria.

En paralelo, el gobierno español también prevé eximir de los peajes los vehículos ligeros que hagan el mismo trayecto de ida y vuelta en el tramo comprendido entre Alcanar y Vilafranca Sud en un periodo de 24 horas.

La medida afectará, tanto en los tramos de la AP-7 como del AP-2, los vehículos pesados de cuatro ejes o más. En el caso de los trayectos internos, bonificados con el 50%, los conductores tendrán que disponer de un sistema de peaje dinámico o telepeaje (Vía T) para poder beneficiarse.

También tendrán que disponer de estos dispositivos los conductores que de vehículos ligeros para conseguir la exención, que sólo se aplicará en aquellos que efectúen exactamente los trayectos de ida y vuelta -misma entrada y salida- en el tramo entre Alcanar y Vilafranca Sud.

El decreto prevé que el estado español se hará cargo de compensar los concesionarios de las autopistas: Aumar en el caso del tramo ebrense de la AP-7 y Acesa en el caso del tramo penedesenc y el AP-2, las dos pertenecientes al grupo Abertis. La previsión máxima de gasto hasta el año 2021 supera los 41 millones de euros. Para este 2018, Fomento prevé destinar, de entrada, 1,18 millones de euros; y 14,76 millones el próximo 2019; 12,73 millones en el 2020 y 11,46 millones en el 2021.

La duración de este sistema de descuentos se extenderá desde la entrada en vigor del Real Decreto hasta el vencimiento de la concesión de autopistas. En el tramo de la AP-7 entre Tarragona y La Jonquera y en el tramo Montmeló-El Papiol la concesión acaba el 31 de agosto del 2021; en el tramo Alicante-Tarragona finaliza el 31 de diciembre del 2019, y en el tramo del AP-2 Zaragoza-Mediterráneo vence el 31 de agosto del 2021.
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