Los alcaldes estudiarán la legalidad de poner en marcha el Corredor Mediterráneo sin desmantelar la vía de la costa

Los alcaldes de Salou, Cambrils, Vinyols i els Arcs, Mont-roig y Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant suben el tono contra el gobierno español ante la falta de concreciones sobre el desmantelamiento de la vía de la costa entre PortAventura y l'Hospitalet de l'Infant, una vez entre en servicio el Corredor Mediterráneo. Según han anunciado este miércoles desde un paso a nivel de Salou, los consistorios estudiarán si sería legal iniciar la actividad en las nuevas vías sin un plan para retirar las infraestructuras que cruzan los municipios, tal como exige la declaración de impacto ambiental del proyecto del Corredor Mediterráneo. El alcalde de Salou, Pere Granados, ha avisado de que no descartan llevar el caso al contencioso o recurrir a la vía penal. Los alcaldes se quejan de que todavía no se ha producido la reunión en que se les tenía que concretar el calendario del desmantelamiento y sospechan que Fomento «no tiene nada» planificado. Por este motivo, están dispuestos a plantarse ante la delegación del gobierno español en Barcelona para forzar una reunión y, si tampoco obtienen frutos, acudir delante la sede del Ministerio de Fomento en Madrid.

Los alcaldes han explicitado este miércoles su «malestar» por «la falta de respuesta» del gobierno español, que se comprometió a reunirse con ellos durante el mes de febrero para informarlos de los planes para desmantelar la vía del ferrocarril que quedará en desuso. «Creemos que no tienen nada y que no nos reúnen porque el proyecto no existe», ha aventurado al alcalde de Salou, Pere Granados.

Por este motivo, antes de que acabe el mes de mayo, los cinco alcaldes se desplazarán a Barcelona para forzar una reunión. En concreto, leerán un manifiesto ante la delegación del gobierno español y lo entregarán al delegado en Cataluña, Enric Millo. Si después de esta acción, en 15 días no se los convoca a una reunión, han asegurado que se concentrarán ante|delante de el Ministerio de Fomento en Madrid.

«Tenemos serias dudas que sea legal»

Mientras tanto, los alcaldes estudiarán si es legal que se ponga en marcha el Corredor Mediterráneo sin desmantelar la vía actual -entre l'Hospitalet de l'Infant y la estación de PortAventura-. Eso, según han recordado, es lo que prevé la declaración de impacto ambiental del Corredor y una demanda histórica de los municipios, que tienen varios proyectos para reconvertir los espacios liberados en vías verdes o nuevos espacios de crecimiento urbanístico.

Granados ha explicado que tienen «serias dudas» que sea legal mantener las vías una vez se active el Corredor y que creen que está la obligación de desmantelarlas una vez queden en desuso. Por eso, si los juristas se lo confirman, están dispuestos a interponer un contencioso administrativo contra Fomento o a poner en marcha un procedimiento por la vía penal. «Estamos decididos a hacer todo aquello que haga falta para que las vías se desmantelen y los municipios puedan tener normalidad en la movilidad», ha aseverado.

El alcalde de Salou ha afirmado que, en caso de que Fomento no desmantele las vías una vez entre en servicio el Corredor Mediterráneo, retirarán las vallas perimetrales y de los pasos a niveles existentes a día de hoy, y darán continuidad en las calles que ahora quedan cortadas por las vías para devolver la normalidad al municipio. «Si no lo hacen ellos, lo haremos nosotros», ha advertido al alcalde salouense.

Preocupación a pocos meses de la puesta en servicio del Corredor

La alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza, se ha quejado de que no tengan ningún tipo de información aunque «oímos decir que, posiblemente, el Corredor entrará en funcionamiento hacia octubre o a noviembre». Mendoza ha insistido que, más allá de los temores que las vías queden en una situación de abandono cuando dejen de pasar trenes, lo que más les preocupa es «la seguridad ciudadana».

Por su parte, el alcalde de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Alfons Garcia ha expresado su preocupación por los incumplimientos y la falta de concreción del Ministerio de Fomento. «Más allá de los planes de cada municipio, lo fundamental hoy es que no tenemos proyecto ni presupuesto y eso nos preocupa mucho», ha expuesto.

En la misma línea, el alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Morancho, ha subrayado que el desmantelamiento no es sencillo. «No hablemos de sacar una calle, sino muchos kilómetros de vías. Es una demanda de hace muchos años, vemos que el Estado no ha hecho lo que tenía que hacer y estamos preocupados por la seguridad y qué pasará el día después», ha expresado. Morancho se ha mostrado confiado que el ministerio reflexionará y «se pondrá las pilas» porque el cumplimiento de la declaración de impacto ambiental es «obligado».