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Dos vigilants ofereixen el servei de guarderia rural als espais fora del nucli urbà.

Unió de Pagesos considera 'ilegal' la tasa de vigilancia de la Selva

Dos vigilantes ofrecen el servicio de guardería rural en los espacios fuera del núcleo urbano.

Diari Més

Unió de Pagesos considera 'ilegal' la tasa de vigilancia de la Selva

El concejal de Hacienda, Jordi Vinyals, recuerda que graba a los propietarios, no sólo a los agricultores

Actualizada 05/03/2018 a las 20:02

El sindicato Unión de Campesinos (UP) ha denunciado públicamente el cobro de la tasa municipal por la gestión del territorio y vigilancia en el medio rural –lo que se denomina guardería rural– al campesinado y a los propietarios agrarios de la Selva del Camp, ya que considera que los servicios por los cuales el ayuntamiento de esta localidad justifica el cobro del impuesto «benefician toda la población y no sólo a los propietarios de terrenos del término en los cuales se los cobra el impuesto».

El sindicato agrario se apoya en la la Ley 5/2003 para argumentar que el impuesto no es legal, porque, según asegura, «el sector privado ya presta parte de los servicios por los cuales el ayuntamiento cobra esta tasa a través de las Agrupaciones de Defensa Forestal o de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria». UP, por otra parte, considera –tal como recogió en las alegaciones a la tasa– «que las entidades locales no pueden exigir tasas por los servicios de vigilancia en general y de protección civil, así como de limpieza de la vía pública, y que hay jurisprudencia que avala que esta tasa no es legal». «Así, el estado de limpieza o conservación de barrancos y otros cursos de agua es una competencia de la Generalitat de Catalunya que ejerce la Agencia Catalana del Agua (ACA)», añade al sindicato.

Según el concejal de Hacienda de la Selva del Camp, Jordi Vinyals, «pagar no gusta nadie, pero ya respondimos a las alegaciones según en el informe hecho por BASE». El edil recuerda que la tasa graba a los propietarios, no sólo a los campesinos, y lo hace por número de hectáreas. Así el impuesto va de los 25 euros hasta los 120 euros anuales y sirve para cubrir el coste de los dos vigilantes de término que se encargan «de hacer un control de las fincas abandonadas, la comunicación entre los propietarios, que el Ayuntamiento pueda gestionar la limpieza de los terrenos, si hay quejas, entre otros, recuerda al concejal de Hacienda del Ayuntamiento de la Selva del Camp. Los vigilantes velan también por la seguridad en las afueras del núcleo urbano. Según el edil, a los propietarios que cotizan en régimen agrario se les devuelve el importe de la tasa. «Es una tasa que graba la propiedad, no a los campesinos. Hay que recordar que cada vez hay menos gente dedicada a la tierra y los dos vigilantes están al corriente de todo lo que sucede», finaliza el concejal Jordi Vinyals.
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