Los afectados por|para la N-340 ratifican la gratuidad del AP-7 como objetivo común

Ratificar el consenso en torno a la demanda de gratuidad de la AP-7 en los tramos paralelos a la N-340 de las Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona y el Penedès que no dispongan de una alternativa fluida, seguras y gratuitas. Esta es la principal conclusión de la reunión que alcaldes y representantes institucionales de estos territorios han mantenido este martes al mediodía en Tarragona con la Federación de Empresarios de Autotransporte de Tarragona (FEAT). Convocada por la patronal de los transportistas, la reunión tenía que servir para intentar proyectar un perfil unitario de reivindicación después de que la Generalitat trasladara en Madrid la propuesta de desviar obligatoriamente y con bonificaciones el tráfico pesado de la N-340 así como hacer gratuitos para los residentes los tramos de autopista ebrense y penedesenc, según reveló ACN. Esta solución, ya aplicada a Girona para descongestionar la N-II, sigue sin convencer el territorio.

«Hay que defender la gratuidad como solución realmente definitiva tanto para la fluidez como para la seguridad del tráfico. El resto son parches», así se ha pronunciado el director de la FEAT, Josep Lluís Aymat a la finalización de un encuentro calificado como informal –una comida, de hecho- en la cual han participado alcaldes ebrenses, tarraconenses y del Penedès, así como presidentes de consejos comarcales, entre otros. En este caso, no han sido convocadas las entidades vecinales que siguen cortando semanalmente la N-340 a las Terres de l'Ebre para exigir el levantamiento definitivo de las barreras de los peajes como solución a la congestión y la alta siniestralidad que registra esta carretera.

El encuentro, sobre el papel, tenía que permitir a todos los actores institucionales del territorio posicionar de forma clara e inequívoca después de que trascendiera la propuesta de la Generalitat. La existencia de un «consenso» territorial en torno a la solución a reclamar ante el Ministerio de Fomento había sido una de las exigencias del Gobierno a la hora de plantarse a Madrid para sentarse a negociar: la posición unitaria vendría a reforzar sus argumentos. «Creo que existe y es bastante común», sostiene Aymat. «Los alcaldes apuestan todos por esta solución, entre las entidades sociales y económicas es la posición dominante mientras no esté la autovía A-7 o un alternativa. También por el sector del transporte. Todos vamos por el mismo camino. Hay que aprovechar la autopista AP-7 mientras no tengamos alternativas», ha añadido.

Pero la propuesta de la vía gerundense ha sido recibida con total escepticismo, especialmente entre el sector de los transportistas. El presidente de la patronal tarraconense apunta, de hecho, que las condiciones que posibilitaron su aplicación en las comarcas gerundenses son bastante diferentes a las carencias actuales que tendría que solucionar tanto en el Camp de Tarragona-Penedès como las Terres de l'Ebre. «No tenemos el problema de Girona, donde la N-II pasa por el medio de Bàscara,» precisa. En el caso del tramo norte de la N-340, apunta, el problema se centra en la insuficiencia de la vía, «colapsada permanentemente» y todavía de forma más evidente durante la temporada turística. En las Terres de l'Ebre, añade, se trata sobre todo de un «problema de seguridad». Todo, resume, es fruto de una «falta de inversión» y «olvido» administrativo.

De entrada, los alcaldes asistentes, de diferentes colores políticos, han mantenido también como propia la reivindicación de la gratuidad del AP-7 mientras no exista una solución o una propuesta alternativa. Si la Generalitat consigue que el Estado haga gratuita la autopista para los vecinos está bien. Pero no olvidemos que queremos la gratuidad: una vía rápida y segura que no tenemos», ha precisado al alcalde de Amposta, Adam Tomàs, en la salida de la reunión. Tomàs ha animado a seguir trabajando en esta línea y ha reclamado al Gobierno que aclare los términos de la propuesta trasladada ante de el ejecutivo español. También en el contexto del anunciado multimillonario rescate de las autopistas de peaje radiales de Madrid: «por dignidad tenemos que seguir reclamando la gratuidad del AP-7 y dar todo el apoyo a la Generalitat para negociar».

Propuesta de máximos

A pesar de eso, las administraciones locales admiten que la «singularidad» de cada municipio conduce a menudo hacia posiciones más matizadas. Así las cosas, la gratuidad de la autopista como punto de partida común enfrente de Madrid podría acabar interpretándose como una propuesta de máximos, para abrir el fuego de las negociaciones aunque a lo largo de las conversaciones se podrían acabar rebajando de forma efectiva las aspiraciones y demandas iniciales. El camino para implantar la euroviñeta, es decir, un canon o impuesto específico para poder circular por las vías de todo el país, tal como se aplica en algunos estados europeos, se empezaría a abrir paso como solución posible al problema.

El movimiento vecinal de las Terres de l'Ebre que lucha por la gratuidad del AP-7 rechaza frontalmente este planteamiento e insiste en reclamar la reversión de las medidas de «pacificación» del tráfico implantadas en el tramo ebrense de la N-340: principalmente, se oponen a la construcción de rotondas, además de la doble línea continua y la limitación de velocidad en todo el tramo. Pero también carga de forma contundente contra la propuesta de la Generalitat de sacar los camiones de la N-340 con bonificaciones. «Estamos contentos de que todos los actores van en una, pero queremos que todos los que pagamos las barreras y quien circulamos por la N-340 no nos lo creemos. Estamos convencidos de que la Generalitat seguirá pidiendo y exigiendo lo que siempre ha querido, la bonificación de camiones. Hay que recordar que, hoy, Abertis ha ganado al juzgado un contencioso por el cual circule o no la gente por la autopista, que es nuestra pero administran ellos, cobrarán igual. Si tienen que cobrar igual que levanten la barrera de una vez. Ya es suficiente», ha declarado el portavoz de los vecinos, Llorenç Navarro.

La sentencia en cuestión, emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, reconoce en el concesionario cerca de 1.494 millones de euros en compensaciones por la caída del tráfico supuestamente garantizado por la AP-7 en los cuales tendría que hacer frente el Estado. «Los contratos que se firman son una vergüenza: tendrían que ir al juzgado los que los han firmado», ha clamado Navarro, que ha pedido a los dirigentes políticos del territorio que evite que la Generalitat vaya a Madrid a negociar la propuesta de bonificar los peajes y se mantengan firmes en la reivindicación de la gratuidad de la autopista.