Diari Més

El Tribunal de Cuentas dicta que el Ayuntamiento ha hecho una mala gestión de los créditos ICO

La CUP puso esta información en conocimiento del Tribunal el pasado abril de 2016

Façana de l'Ajuntament de Torredembarra.

El Tribunal de Cuentas dicta que el Ayuntamiento ha hecho una mala gestión de los créditos ICOGoogle Maps/ Jorge Franganillo

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El Tribunal de Cuentas de Madrid ha dado la razón a la CUP de Torredembarra en su denuncia el pasado mes de abril de 2016 de la posible mala gestión de los créditos ICO que había pedido el Ayuntamiento del municipio en el 2009, después de que los concejales de CIU, la Agrupación, el PP, el GIT y la señora Pradera votaran a favor.

La propuesta del Ayuntamiento de Torredembarra incluía las siguientes actuaciones y costes: construcción de pasos de peatones elevados por un valor de 23.990 euros; adquisición de maquinaria y otro material por 60.000 euros; construcción de un nuevo edificio para la policía local por 1.781.210 euros; equipamientos de playas por 50.000 euros; elementos de transporte por 62.000 euros,
remodelació del edificio del antiguo matadero municipal para equipamiento público por un valor de 360.000 euros y elementos de transporte de la policía local por 47.800 euros. Para hacer efectivo este préstamo, y según la normativa del FOMIT, el 12 de junio de 2009 el consistorio municipal suscribió una póliza de crédito con el BBVA por importe del préstamo autorizado: 2.385.000 € uros (IVA excluido).

Cuando ya habían pasado cuatro años de la concesión del préstamo, el 1 de julio de 2013 el secretario de Turismo prorrogó por dos años más el plazo para llevar a cabo las actuaciones financiadas y no realizadas, que finalizaba el 25 de junio de 2015. A fecha de 24 de septiembre de 2013 el Ayuntamiento informó en el FOMIT de que se habían realizado las actuaciones de construcción de pasos de peatones elevados, adquisición de maquinaria para limpieza de playas, equipamientos de playas y adquisición de vehículos de medio ambiente. El coste de las acciones subía a 289.725,36 euros (IVA excluido). De esta manera, el equipo de gobierno del Ayuntamiento entre los años 2009 y 2015 no invirtió el importe restante en las actuaciones previstas, lo que supone un importe de 2.095.274.64 euros (el 87,85% del préstamo).

Cuando ya había transcurrido la prórroga de dos años, concretamente el 23 de septiembre de 2015, el Ayuntamiento de Torredembarra comunicó al FOMIT que no había realizado el resto de actuaciones previstas. A causa de eso, el Secretario de Estado remitió a la Dirección General de Turismo de la Generalitat un borrador de acuerdo de inicio de revocación parcial del préstamo concedido y de reintegro para que elaborara el informe preceptivo, el cual fue emitido en sentido favorable el 7 de octubre del 2015.

El actual alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira Gual, dictó un Decreto de incoación el 2 de octubre del 2016 en el cual acordaba iniciar la tramitación administrativa para concertar una operación de crédito a largo plazo por valor de 2.000.000 euros (amortizable de 2015-2020 ) con el BBVA; autorizar al tesorero para que solicitara la oferta correspondiente para que, con el informe previo de la intervención, se concertara por el órgano competente la operación de crédito; y se cancelara, una vez aprobada esta operación, el préstamo pendiente de ICO – FOMIT, con un saldo pendiente de amortizar de 2.146.500 euros.

Al no destinar el préstamo a las actuaciones acordadas en el plazo señalado, el Ayuntamiento de Torredembarra ha solicitado un crédito con el BBVA a amortizar en cinco años. Además de abonar el capital principal de 2.000.000 euros, de amortizar los intereses pactados con esta entidad, tendrá que abonar en plazos trimestrales la cantidad equivalente a la Euríbor y el 1,01%. La CUP no votó a favor de esta operación.

Según la CUP, delante la denuncia de esta situación el Tribunal de Cuentas ha dictado que el dinero no está justificado, por lo cual ha dado la razón a la CUP. La causa pasa a la Sección de enjuiciamiento y el Fiscal ha ordenado nombrar a un instructor para investigar las presuntas irregularidades cometidas por el anterior gobierno.

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