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Juicio 1-O
L'exnúmero 2 de Montoro a Hisenda, Felipe Martínez Rico, durant la compareixença al Suprem.

El exnúmero 2 de Montoro a Hacienda, Felipe Martínez Rico, durante la comparecencia en el Supremo.

El exnúmero 2 de Montoro a Hacienda, Felipe Martínez Rico, durante la comparecencia en el Supremo.

Senyal Tribunal Suprem

El exnúmero 2 de Montoro dice que una contratación «irregular» por parte del Govern quedaba «al margen» del control financiero

Felipe Martínez justifica que enviaron a la fiscalía los certificados que eran «incompletos o inexactos»

Actualizada 19/03/2019 a las 10:59

El exnúmero 2 de Cristóbal Montoro en el Ministerio de Hacienda, Felipe Martínez, ha asegurado que la contratación «irregular» que pudiera hacer el Govern para pagar el 1-O quedaba «al margen» del control de las cuentas. Martínez ha defendido que el ministerio «puso todos los elementos que tenía» para hacer seguimiento y control de como se gastaba el presupuesto público la Generalitat pero que «otra cosa» es la «realidad material de los hechos». «El sistema persigue hacer identificación presupuestaria de una realidad material pero no son la realidad material de los hechos», ha justificado Martínez, que ha evitado decir abiertamente si cree que se gastó dinero público en el 1-O. Lo que sí ha hecho es remarcar que cuando tuvieron dudas porque la información que remitía a la Generalitat era «inexacta o incompleta» lo pusieron en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, como en el caso de la modificación del presupuesto para, supuestamente, pagar campañas de difusión.

El exsubsecretario de Hacienda Felipe Martínez ha declarado en el Supremo como testigo propuesto por fiscalía y abogacía del Estado. Durante su intervención –y a preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal- ha explicado los tres acuerdos de la comisión delegada de Hacienda que fijaron diferentes niveles de intervención y que, en septiembre de 2017, acabaron con un control total de todo el presupuesto de la Generalitat y de todos los certificados de gasto para evitar desvíos para pagar el 1-O.

Martínez ha defendido los pasos dados por el Ministerio y ha dicho que se pusieron todos los mecanismos que tenían a disposición para auditar los certificados de gasto, pero ha reconocido que este sistema podía tener limitaciones. «Los certificados llegan hasta donde llegan, tienen los límites de estar centrados en actividad de control presupuestario, la realidad material es más compleja», ha apuntado.

La fiscal ha preguntado también si una contratación irregular podía eludir el control de las cuentas de la Generalitat. En este punto, el que fue mano derecha de Montoro ha explicado que una contratación irregular lo es haya certificado de gasto o no haya y que, por lo tanto, «quedaría al margen del control». En una línea similar lo pronunció el exministro, que dijo que el Govern podía defraudar o engañar» para destinar dinero al 1-O a pesar del control «total» de las cuentas.

Expedientes en conocimiento de la fiscalía
Martínez ha recordado que la Generalitat, a partir de julio de 2017, tenía que enviar certificados cada semana con expedientes que acompañaban cada uno de los gastos comprometidos. En este punto, ha dicho que esta información se acababa produciendo siempre «antes o después» pero que, aparte de los «retrasos», también habían recibido comunicaciones de la intervención que consideraban que no eran completas y exactas. «En estos casos se toman medidas y se denuncia a la Fiscalía General del Estado», ha explicado. En su declaración, el exministro Montoro apuntó que desde el ministerio se puso hasta siete denuncias ante la fiscalía y el Tribunal de Cuentas durante el 2017.

El exnúmero 2 de Montoro ha explicado que se dirigieron a la fiscalía hasta tres casos. Por una parte, una campaña pública para «participar en el proceso refrendario» al principio de septiembre porque la información remitida sobre la campaña de publicidad es «incompleta». También un segundo caso sobre una modificación presupuestaria de 3,5 MEUR que quería hacer el Govern a finales de agosto para una campaña de publicidad y difusión porque consideraba que había «inconsistencias» en la información que se remitía al ministerio. «Ellos decían que había quedado desierta pero nuestros técnicos nos decían que habían desistido, y no es lo mismo», ha dicho.

En este segundo caso, ha explicado que recuerda que no se ejecutó el gasto. También ha explicado no era «habitual» que se justificara esta modificación de presupuesto para pagar una campaña de difusión a cargo del fondo de contingencia.

Un tercer caso hace referencia a unos expedientes de gasto vinculado al Diplocat, con fecha de finales de septiembre, a pesar de decir que no recuerda qué cuantías eran. «Había gastos en relación a este concepto, pero no recuerdo las cuantías», ha explicado. En respuestas a la letrada Judit Gené, Martínez ha dicho no tener conocimiento si algunas facturas del Diplocat se pagaron durante el periodo de aplicación del 155.

En respuestas a las defensas, Martínez ha remarcado «no tener conocimiento» que haya expedientes, como el de la campaña de registro de catalanes en el exterior o la web 'Catalonia votes', estuvieran vinculadas al referéndum, pero que el juzgado de instrucción 13 los pidió información.

También ha justificado que en esta intervención van participado varios departamentos del ministerio pero ha negado que en las reuniones participara ningún agente de la Guardia Civil.
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