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El Gobvern retirará las subvenciones a las escuelas que segregan por sexo

El ejecutivo catalán se acogerá al aval del TC para suprimir el concierto que tenían este tipo de centros

Josep Gonzàlez-Cambray

Josep Gonzàlez-Cambray

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La resolución del Tribunal Constitucional al rechazar el recurso de Vox contra la ley de educación, Lomloe o 'ley Celáa', reafirmó en el Departamento de Educación del ejecutivo catalán, avalando así la nueva norma que prohíbe la financiación pública de las escuelas que segregan por sexo.

La sentencia se convierte en un «aval jurídico» a los posicionamientos del Govern, que en octubre del 2021 acordó no renovar los conciertos a las escuelas que separan chicos y chicas en las aulas. Entonces, dos colegios, uno de ellos situado en l'Arboç (Campo Joliu) recurrieron y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acordó unas medidas cautelares que en la práctica permitieron en estos centros del Opus Dei mantener estos conciertos.

Ahora, después del pronunciamiento del TC, el Govern solicitará la retirada de estas medidas cautelares para que, en cumplimiento de la ley, estos centros educativos dejen de recibir subvenciones. Así lo adelanta este martes el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, en un artículo a El Periódico.

«Cuando se notifique de forma definitiva la sentencia del Constitucional, el Departamento de Educación, a través de los servicios jurídicos de la Generalitat, pedirá dejar sin efecto las medidas cautelares y tan pronto como sea posible retirará la financiación a las escuelas que separan niños y niñas de las aulas»,

La sentencia del TC recopilación que de la Constitución «deriva un modelo educativo pluralista, pero no todos los modelos educativos tienen que recibir ayudas ni tienen que tener un derecho subjetivo a la prestación pública». Así, señala que «el tribunal ha examinado si la prohibición de financiar públicamente la educación diferenciada es contraria a la igualdad de algunos de los derechos educativos y concluye que no lo es». Este posicionamiento es el que da argumentos jurídicos al Govern.

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