Según Sánchez, las diversas prórrogues en los peajes catalanes crearon «un innecesario agravio territorial», ya que hasta el 2018 el 52% de las carreteras de alta capacidad del Estado en Cataluña eran de pago, cosa que situaba Cataluña como la comunidad «con el mayor porcentaje de kilómetros de pago».
La ministra destaca que los catalanes se ahorrarán 662 millones de euros con la eliminación del peaje, y también verán una «mejora de la seguridad vial en las carreteras colindantes por el traspaso de tráfico en la autopista».
Pero Sánchez considera que financiar el mantenimiento de las infraestructuras viales a través de los presupuestos con tramos con peaje, distribuidos «aleatoriamente» por el territorio, genera un modelo «de escasa coherencia y difícil comprensión para los ciudadanos, que crea agravios territoriales, distorsiones en la eficiente asignación de tráfico y dificultades para aplicar políticas para promover la sostenibilidad del transporte».
En este sentido, dice que el gobierno español «articulará una propuesta para tarifar la red vial que se someterá a un diálogo transparente con los grupos políticos, agentes sociales y administraciones». La propuesta analizará «la viabilidad de las opciones para establecer un nuevo mecanismo de financiación del patrimonio vial, basado en los principios de equidad territorial, seguridad vial y sostenibilidad ambiental».
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